Con el objetivo de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Chihuahua. La propuesta plantea que toda política de prevención social incorpore de manera obligatoria la perspectiva de niñez y juventud, para atender de raíz los factores de riesgo que afectan a este sector.

Durante su intervención, el legislador destacó que en 2022 se registraron 4 mil 197 casos de violación en niñas de 10 a 14 años y que en 2024 se alcanzaron máximos históricos en delitos como corrupción de menores y lesiones. Además, mencionó que en el primer semestre de 2024, 483 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso en el país. “No podemos diseñar políticas públicas de prevención sin tomar en cuenta a nuestras infancias y juventudes; debemos actuar ya y colocar sus derechos en el centro de las decisiones”, afirmó Chávez Madrid.

La propuesta plantea medidas como capacitar a servidores públicos, crear campañas permanentes de cultura de paz y fortalecer redes de apoyo comunitarias. También establece la obligación de abrir espacios de participación para niñas, niños y adolescentes, y de crear sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas aplicadas. Además, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes deberá coordinar estas acciones y garantizar presupuesto suficiente para su ejecución.

Con estas reformas, el diputado busca que la prevención de la violencia en Chihuahua responda directamente a las necesidades de la infancia y juventud, garantizando su seguridad y bienestar. «No se trata solo de leyes, se trata de cambiar realidades para que cada niña, niño y adolescente crezca libre de violencia», concluyó Chávez Madrid.

El Gobierno del Estado informa que a partir de este día, Heriberto Miranda Pérez fue designado por la gobernadora Maru Campos como director de Pensiones Civiles del Estado (PCE), en relevo de Marco Antonio Herrera García.

Heriberto Miranda Pérez es médico de profesión egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una Maestría en Gestión Directiva en Salud y cuenta con amplia experiencia en el servicio público.

Ha laborado desde 2006 en los Servicios de Salud de Chihuahua y desde hace 9 años en PCE, en diversos encargos. De 2023 a la fecha, se desempeñó como jefe de Salud Pública en dicho organismo.

El cambio obedece al interés que tiene el Gobierno del Estado por brindar la mejor atención a los derechohabientes y fortalecer a la institución.

– La presión social está corrigiendo el rumbo del país. No se puede legislar a espaldas del pueblo.

El senador panista Mario Vázquez advirtió que el proceso de Parlamento Abierto anunciado para discutir la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión debe ser genuino, con metodología clara y resultados vinculantes, no una simulación como en reformas anteriores.

“La presión social vuelve a demostrar su fuerza: una iniciativa que pretendía aprobarse por la vía rápida ahora será sometida a discusión pública. Celebramos esta apertura, pero exigimos que se escuche de verdad a la ciudadanía y a los sectores involucrados”, declaró el legislador.

Vázquez enfatizó que no se trata de una concesión del poder, sino del efecto directo de la movilización ciudadana, como se ha visto también en temas como la reforma al ISSSTE, la lucha contra la desaparición forzada y el respaldo a las Madres Buscadoras. “Esto no puede ser un trámite para justificar decisiones ya tomadas”, advirtió.

El senador por Chihuahua alertó sobre el impacto que esta iniciativa puede tener en comunidades indígenas y afromexicanos, especialmente en lo relativo a radios comunitarias y concesiones sociales. En ese sentido, recordó que el Estado mexicano está obligado a cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa, libre e informada para cualquier legislación que impacte en estos pueblos.

“Estamos expectantes de que este proceso se lleve con seriedad y no se repita lo que ocurrió con la supuesta consulta en la reforma al Poder Judicial, donde la participación fue meramente simbólica”, agregó.

Finalmente, Vázquez reiteró que toda reforma que toque derechos fundamentales debe pasar por un verdadero ejercicio de deliberación pública. “El respeto a la participación ciudadana y a los derechos de los pueblos originarios no sólo es una obligación legal, es un pilar de nuestra democracia”, concluyó.