Con la “curiosa” captura de Ismael Zambada hace dos días en los Estados Unidos, se desató una gran reacción y un interés genuino en nuestro país. El narcotráfico y los grupos criminales son temas de gran relevancia, y para comprender su evolución, es crucial reconocer los equilibrios que han configurado su historia.

Al mirar el complejo papel del narco en nuestro país, resulta evidente que su historia, es también la de los fallos y contradicciones del propio sistema que lo permitió y permite. Por tanto, es necesario no solo criticar al narco, sino también cuestionar cómo las decisiones gubernamentales han influido en esta dinámica, desde sus inicios hasta la fecha.

Mucho hemos escuchado, gracias al constante bombardeo mediático, sobre las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobiernos anteriores, especialmente al de Felipe Calderón, en relación con su manejo de los grupos criminales. Sin embargo, es crucial señalar que el actual gobierno y su partido político también están seriamente involucrados con estos capos de la droga.

No es casualidad que, en la administración actual, existan investigaciones que sugieren una posible financiación del movimiento de izquierda que representa el presidente. Tampoco es menor el hecho de que haya sido visto en repetidas ocasiones saludando a madres de delincuentes antes que a madres de víctimas. A esto se suma el hecho de que ha habido liberaciones de criminales detenidos en operativos de inteligencia. Estos elementos revelan una compleja realidad sobre la relación entre el gobierno y el crimen organizado no de ayer, o de hace 10 años: de hoy.

Durante el pasado proceso electoral, quedó patente la influencia del crimen organizado en la toma de decisiones y en la asignación de cargos políticos. Diversos análisis sugieren que estamos viviendo la peor fase del «narcoestado», con el crimen operando con una libertad e impunidad sin precedentes.

Vemos que el presidente López Obrador no logró concretar en su sexenio, lo que hace el gobierno de Estados Unidos: la captura de Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa. Todo esto sin que el presidente Andrés Manuel López Obrador ni su gobierno dijeran algo al respecto hasta un día después.

Algunos afirman que esta detención histórica fortalece el mensaje de que el presidente combatió al narco, sin embargo, la detención más bien parece un acuerdo o negociación de entrega y aunque, hasta la fecha, no existe documentación plena que respalde las acusaciones de complicidad las especulaciones han girado en torno a un supuesto acuerdo.

Curioso es también que todo esto se da en un contexto político con mucho movimiento e intereses en Estados Unidos, Biden que recientemente renunció a la posibilidad de reelegirse necesita fuertes muestras de combate a un problema que debilita la seguridad del país y, sobre todo, contener las fuertes críticas de su competencia, Donald Trump en cuanto a una incapacidad para detener al narco en su país.

Hay muchísimos intereses, dudas por resolver e interrogantes que nos quedan con todo esto. Pero lo que es visible, es que la problemática continua y crece. La vacante dejada por El Mayo puede alterar el equilibrio de poder dentro del cártel (y del propio país) permitiendo a Los Chapitos consolidar su influencia y maniobrar en un entorno de cambio y sobre todo: de oportunidades. Mientras no haya un fortalecimiento verdadero a las instituciones de seguridad de nuestro país, policías verdaderamente capacitadas, filtros de confianza funcionales, pero sobre todo: un compromiso verdadero de la federación: seguiremos igual. Es una competencia constitucional, pero, sobre todo, un reclamo social urgente en todo nuestro país.