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NACIONAL

INE paga 66 mdp para asesoría de partidos

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Este año, los siete partidos políticos nacionales cargaron al presupuesto del Instituto Nacional Electoral más de 66 millones de pesos en sueldos para 68 asesores y secretarios que les asisten y orientan dentro del Consejo General del INE, lo que la autoridad electoral debió pagar de manera adicional a los más de siete mil millones de pesos que repartieron en prerrogativas.

Por decenas de personas que asesoran, orientan, explican, preparan los discursos y acompañan a los representantes de partidos políticos, ya sean los enviados directamente de los comités ejecutivos nacionales o de las bancadas del legislativo, al cierre del 2021, el INE pagará 66 millones 289 mil 764 pesos sólo en sus sueldos, lo que implica prácticamente el doble de los 34 millones de pesos que cobran anualmente en conjunto, los 11 integrantes del Consejo General.

De acuerdo con el directorio público del INE, el PRD es el que cuenta con más plazas con cargo al presupuesto del instituto, ya sean fijas o por honorarios, con 13 personas. Sin embargo, aunque le siguen el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, con 10 personas, estos dos equipos son los más costosos; después están Morena, el PRI y el PT con nueve personas y Movimiento Ciudadano con ocho.

El viernes 19 de noviembre, el representante suplente de Morena, Euripides Flores, provocó que por primera vez en su historia, el INE decretara un receso por falta de orden, al intentar a gritos, imponer su posicionamiento fuera del orden del día con el que exhibió que la autoridad electoral solicitó presupuesto global por 21.6 millones de pesos para diez asesores de los consejeros. El consejero presidente Lorenzo Córdova le pidió decir a la ciudadanía cuánto debe pagar el INE para los asesores de Morena que lo asisten a él y al resto de los representantes de ese partido, lo que el morenista no supo responder.

Morena carga al presupuesto del INE el sueldo de siete asesores y dos secretarias. Los puestos más altos son los de Jorge Alberto Díaz Ramírez, Karla Itzel Sánchez Bautista, María Teresa Flores Hernández, Jaime Miguel Castañeda Salas y Gema del Carmen Cortés, quienes cobran por asesoría 104 mil tres pesos cada mes, adicional a que tienen las mismas prestaciones que los consejeros electorales y que Morena critica, como seguro de vida, aguinaldo y seguro de accidentes personales.

Además, Sandra Edith Alcántara Mejía y Abigail Rosas Sauer sobran por asesoría 91 mil 130 pesos, mientras que Andrea Martínez García e Ivonne Aidé Galván Cheverría tienen un sueldo de 25 mil 755 por ser secretarias de los representantes de Morena en el INE.

Lo que genera para el INE en total, un pago mensual de 755 mil 785 pesos para este equipo de nueve personas que asiste a Morena y nueve millones 69 mil 420 pesos al año, adicional a los aguinaldos que se cubrirán en las próximas semanas.

El PRD es el partido que tiene más personas de asesoría, por las que el INE debe pagar 10 millones 316 mil 256 pesos con sueldos diversos. Seis asesores que cobran 104 mi tres pesos cada mes; cinco plazas con sueldos de 91 mil 130 pesos, 34 mil 283 pesos, 24 mil 396 pesos, 20 mil 67 pesos y 12 mil 285 pesos cada una; y dos secretarías que cobran 26 mil 755 pesos.

Sin embargo, el PAN y el PVEM tienen diez personas a su servicio cada uno, pero a pesar de tratarse de tres personas menos, el INE paga cada año por los equipos de cada uno 10 millones 317 mil 456 pesos, con seis asesores cobrando 104 mil tres pesos, dos con sueldo de 91 mil 130 pesos y dos secretarías con 26 mil 755 pesos mensuales cada una. En el caso del Partido Verde destaca la asesora Lidia Leandro Sánchez que tiene a sus dos hermanas Esther y Martha Leandro Sánchez en los puestos de secretarías.

El PRI y el PT cuentan cada uno con un equipo de nueve personas, en el caso del Revolucionario Institucional, el INE paga nueve millones 223 mil 896 pesos en sueldos cada año y en el del Partido del Trabajo son nueve millones 69 mil 420 pesos, lo mismo que Morena.

Mientras que Movimiento Ciudadano es el partido con el grupo de asesorías y secretarías más pequeño, con ocho personas, que alcanzará para cierre de este año una erogación por siete millones 975 mil 860 pesos.

En la página oficial del INE se eliminaron los pagos de asesorías y secretarías para los tres partidos políticos que desaparecieron hace unas semanas por no alcanzar el tres por ciento de votación en las pasadas elecciones, sin embargo, el resto del año también pagaron montos similares por los equipos de estas fuerzas políticas.

Para el 2022, los siete partidos políticos nacionales que mantienen su registro recibirán cinco mil 821 millones 851 mil 704 pesos de prerrogativas y adicional a esto, seguirán cargando al presupuesto del INE el pago de decenas de personas para su servicio exclusivo y personal por más de 66 millones de pesos, sin que hasta ahora, ningún partido haya solicitado que se les bajen el sueldo o lo asuman de su propia presupuesto.

 

 

Con información de Milenio.

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Renuncia Óscar Rentería como secretario de Seguridad de Sinaloa

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Este jueves 12 de marzo se reportó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Rentería Schazarino fue nombrado en el cargo el 21 de diciembre de 2024.

La gestión del funcionario estuvo caracterizada por múltiples operativos contra el crimen organizado en el estado de Sinaloa.

En las operaciones, las autoridades desmantelaron laboratorios clandestinos y decomisaron drogas, armas, vehículos e inmuebles.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

“No lo ayudaron”, familia de migrante mexicano exige respuestas por su muerte bajo custodia de ICE

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La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, quien murió en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al Gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el mexicano había solicitado atención médica pero no la recibió a tiempo, una situación que se repite en parte de las once muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026.

“Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron”, dice a EFE, Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero. “Él les dijo que necesitaba atención médica pero no se la dieron”, agrega.

Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el Centro de Detención en Adelanto (California), la pareja se comunicaba casi todas las noches.

Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara.

“No se veía bien. Yo le insistí que les pidiera ver a un médico, me dijo que desde días antes había llenado unos papeles y les había dicho que estaba enfermo pero no le hicieron caso”, cuenta con la voz quebrada.

Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino (California).

“No pudimos despedirnos”, lamenta en medio del llanto.

En un comunicado ICE dijo que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Un profesional médico del lugar “ordenó su traslado” a un hospital, donde ingresó “por dolor en el pecho y dificultad para respirar”.

El mexicano fue declarado muerto el 27 de febrero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no aclaró la hora y el día del traslado al centro médico. Tampoco las causas.

 Once muertos en 2026

La muerte de Gutiérrez Reyes, que llevaba 25 años viviendo en EE.UU. despertó indignación pública.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación, y la concejala de Los Ángeles, Eunisses Hernández, que representa el distrito donde vive la familia, lamentó el alto número de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE, y criticó el Gobierno del presidente Donald Trump al considerar que “no valora” la vida humana.

El mexicano, que era el único sustento de su casa y el de sus padres en Veracruz, ambos ancianos y enfermos, fue el noveno inmigrante muerto de este año.

Después de su fallecimiento las autoridades reportaron la muerte de un iraní detenido en Misisipi el 1 de marzo, y un día después murió en Arizona el haitiano Emmanuel Damas, de 56 años.

El hermano de Damas, Presner Nelson, dijo a la televisora CBS que el migrante había informado con anterioridad al personal del centro que tenía un fuerte dolor de muelas. El dolor empeoró y fue trasladado al hospital el 19 de febrero, donde murió doce días después.

Sobre este caso, ICE indicó que el migrante reportó dificultad para respirar por lo que fue trasladado al hospital, pero no menciona el dolor de muelas.

Trabajadores que mueren como criminales

Tanto la familia de Gutiérrez Reyes como la Damas han expresado su rechazo a las etiquetas de “criminal ilegal” que ICE ha puesto en los comunicados sobre sus muertes.

En el caso del mexicano, un trabajador de la construcción, las autoridades divulgaron que su detención en 2010 fue por un delito menor por el que se le ordenó recibir clases.

Para su hijo, Erick Gutiérrez, un joven estadounidense de 19 años, la descripción de su padre por parte de ICE es una afrenta más contra su progenitor, que fue detenido por ICE el pasado 9 de enero cuando salió a comer algo en su descanso en el trabajo. “Lo que hacen es inhumano”, dijo a EFE.

La familia creó la cuenta ‘Justice for Alberto Gutiérrez’ en GoFundMe, mientras que el joven dejó de asistir a la universidad para ponerse al frente del hogar y reunir dinero para darle una sepultura digna a su padre y ayudar a sus abuelos y a su madre.

 

 

Con información de EFE

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Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; asegura que busca reducir privilegios

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Luego que no fue aprobada su iniciativa de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da detalles de su plan B, el objetivo es terminar con los privilegios que tienen los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y fortalecer la participación ciudadana.

Luego de que su iniciativa de reforma electoral no fuera aprobada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los alcances de su llamado “Plan B”, cuyo objetivo central —afirmó— será continuar con la reducción de privilegios en los partidos políticos y en las autoridades electorales, así como fortalecer la participación ciudadana.

Durante su conferencia, la mandataria federal sostuvo que la propuesta rechazada buscaba disminuir el gasto público destinado a instituciones electorales y dirigencias partidistas, al considerar que existen recursos excesivos en un país con amplias necesidades sociales.

“Durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Todavía quedan áreas en México de privilegios (…) La reforma electoral que presentamos tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”, afirmó.

La presidenta argumentó que, de acuerdo con encuestas, la ciudadanía considera excesivo el financiamiento público a los partidos y los salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), además de señalar duplicidades entre el organismo nacional y los institutos electorales locales.

“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos (…) que los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta y que se repitan funciones en los Oples mientras hay necesidades de agua, drenaje y servicios en los municipios”, dijo.

Sheinbaum también expuso cómo votaron las distintas fuerzas políticas durante la discusión legislativa y aseguró que insistió en llevar la iniciativa al pleno aun cuando sabía que sería rechazada.

Según explicó, únicamente legisladores de Morena, 12 diputados del Partido Verde y uno del PT respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de sus aliados votaron en contra.

“Yo insistí en que se votara porque cumplí con la gente. Me comprometí a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí (…) también era importante ver quién votó por disminuir los privilegios y quién no”, sostuvo.

La mandataria adelantó que el Plan B mantendrá la misma esencia de la reforma rechazada: reducir gastos considerados excesivos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.

“El objetivo es seguir disminuyendo los privilegios (…) que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar”, señaló.

Además, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas y en la elección de representantes.

 

Con información de El Universal

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