El gobierno canadiense presentará en las próximas horas un proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y justificó la medida porque “los chicos están muriendo”.

La iniciativa, que podría ser presentada este mismo miércoles en el Parlamento canadiense, es una “prioridad”, declaró este martes el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.

“Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo”, declaró Miller a los medios de comunicación en Ottawa.

El proyecto de ley, denominado Ley de Seguridad Digital, también contemplará la creación de un nuevo regulador federal encargado de establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales y exigir medidas para reducir los riesgos que afrontan los menores en internet, según detalles filtrados a los medios.

Las plataformas que demuestren que cumplen esos estándares podrían solicitar excepciones que les permitan admitir usuarios menores de 16 años.

La legislación también pretende abordar los riesgos asociados a los chatbots de inteligencia artificial y obligar a las empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios que utilizan para alertar a las autoridades cuando detectan usuarios con intenciones de autolesionarse o dañar a otras personas.

La iniciativa surge en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, donde se supo que las conversaciones del atacante, que mató a ocho personas, entre ellas seis niños, con ChatGPT habían sido señaladas internamente, pero no comunicadas a la Policía.

Miller aseguró que el Gobierno adoptará “todas las medidas razonables” para proteger a los menores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó además las críticas de quienes consideran que la iniciativa puede limitar la libertad de expresión y sostuvo que garantizar la seguridad de los jóvenes no implica renunciar a los derechos fundamentales.

La medida cuenta con un amplio respaldo de la opinión pública. Una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75 % de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87 % respalda al menos vetar determinadas plataformas para ese grupo de edad.

Un inmigrante de 43 años, que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) murió en Luisiana, convirtiéndose en el extranjero número 19 que fallece en un centro de detención migratoria en lo que va de 2026; informaron las autoridades este lunes.

Mamuka Artmeladze, originario de Georgia (país ubicado en la intersección de Europa y Asia), fue encontrado inconsciente la noche del pasado 4 de junio en su celda al interior del Centro Correccional Winn, en Luisiana. Aunque se le dio asistencia de emergencia y fue trasladado a un hospital, el hombre fue declarado muerto dos horas después; la causa oficial del deceso sigue pendiente, hasta que se tengan los resultados de la autopsia.

La muerte de Artmeladze es la segunda en menos de dos meses en dicho centro correccional, que ha estado bajo investigación debido a denuncias por supuesta negligencia.

Artmeladze fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. el 25 de septiembre de 2022 y fue puesto en libertad condicional, instruyéndole a presentarse ante el ICE en un plazo de 60 días, orden que no cumplió.

Hasta que fue detenido el 5 de febrero de 2026 cerca de Alabama, durante un operativo dirigido a conductores de vehículos comerciales que -supuestamente- representaban un riesgo para la seguridad pública.

El ICE lo puso bajo custodia tras determinar que carecía de estatus legal para permanecer en Estados Unidos, subrayó la agencia en un comunicado.

Este fallecimiento se suma al de otros 18 inmigrantes que estaban bajo custodia de ICE, en lo que va de 2026. Mientras que en 2025, el primer año del segundo periodo de Donald Trump, fueron 32 personas las que perdieron la vida en circunstancias similares: la mayor cifra en más de 20 años.

Con información de EFE

Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política del gobierno de Donald Trump que imponía una tarifa de 100 mil dólares a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, tras considerar que el cobro es ilegal.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo al anunciar la medida en septiembre que tal imposición buscaba que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías “dejen de capacitar” a trabajadores extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.

Pero hoy 8 de junio, el juez Leo Sorokin falló a favor de un grupo de 20 estados que impugnaron la nueva tarifa, afirmando que la administración Trump “se extralimitó” en sus facultades al imponer el cobro sin autorización del Congreso.

En el fallo de 42 páginas, el magistrado de un tribunal de Boston catalogó el cobro de 100 mil dólares como una imposición. El estado de California, principal base tecnológica del país, encabezó la demanda contra esa nueva tarifa.

Una autorización con 35 años de historia

Las H-1B fueron establecidas por el Congreso de EE.UU. en noviembre de 1990, cuando el entonces presidente George H. W. Bush (padre) promulgó la Ley de Inmigración. Actualmente existe un límite de 65 mil visas de ese tipo al año y 20 mil adicionales, reservadas para beneficiarios extranjeros con un título de maestría estadounidense o superior.

Cabe recordar que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) había encendido las alarmas sobre el cobro que, según su opinión, no sólo impactará a los trabajadores del sector tech, sino también a industrias como la agrícola, de energía renovable y médica, entre otras.

En tanto que Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la medida presentada por Lutnick; en su opinión, fue diseñada “para crear el mayor caos posible”.