NACIONAL
Dan prisión preventiva a 9 policías en Veracruz por asesinato de comerciante
Nueve policías de Veracruz quedaron en prisión preventiva por estar acusados formalmente del asesinato de un comerciante detenido durante una protesta, informaron autoridades ministeriales.
Los elementos pertenecen a la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla, localidad del sur del estado, donde el comerciante murió tras ser encarcelado y donde gobierna el partido oficialista, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La Fiscalía General del Estado presentó a los nueve policías ante un juez y los acusó formalmente del delito de homicidio doloso calificado, por lo que la autoridad judicial les impuso un año de prisión preventiva en lo que concluye el juicio en su contra.
Los hechos ocurrieron después de que un grupo de comerciantes del Mercado Municipal de San Andrés Tuxtla se manifestó y bloqueó los trabajos de construcción y remodelación del espacio.
Durante la protesta, agentes municipales detuvieron a un comerciante dedicado a la venta de carne, identificado como Jorge Luis, quien transmitía en directo la manifestación en sus redes sociales para documentar la actuación policial.
Sus compañeros grabaron el momento del arresto y denunciaron que lo subieron con violencia a una patrulla y lo llevaron a la cárcel local, donde horas más tarde murió. Posteriormente llevaron su cuerpo a un hospital de la localidad.
Habitantes de la zona se manifestaron en la sede municipal, quemaron un vehículo policial y exigieron justicia.
En tanto, agentes ministeriales detuvieron a los nueve policías que quedaron señalados oficialmente como presuntos responsable del delito de homicidio.
La consignación de los oficiales ocurre horas después de que, en otro hecho ocurrido en Veracruz, un violento desalojo de policías contra habitantes de una comunidad, que mantenía tomada una carretera en protesta por la contaminación de la industria porcina, dejó un saldo de dos muertos y una docena de heridos.
Los hechos ocurrieron el jueves en la comunidad Totalco del municipio de Perote, una región montañosa donde opera Granjas Carroll, una empresa mexicoestadounidense dedicada a criar, comercializar y procesar ganado porcino.
La semana pasada, cinco elementos de la Guardia Nacional quedaron detenidos tras una masacre ocurrida en León, Guanajuato, donde cuatro mujeres y dos niños fueron asesinados.
Con información de EFE
NACIONAL
Ex funcionarios de Segalmex deberán pagar más de 261 mdp por abuso de funciones
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó con 10 años de inhabilitación y el pago conjunto de 261 millones 211 mil 579 pesos a tres ex funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tras declararlos responsables de abuso de funciones por autorizar contratos para la compra de granos básicos sin que exista constancia de la entrega de los productos.
Los sancionados son el exdirector de Segalmex, René Gavira Segreste; el exgerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
La resolución fue emitida por los magistrados de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, quienes concluyeron que los exservidores públicos avalaron operaciones irregulares que ocasionaron un daño patrimonial.
De acuerdo con el expediente, se acreditó que aprobaron contratos para la presunta adquisición de granos “sin que exista registro de la entrega de los cargamentos”.
El caso forma parte de las investigaciones por el millonario desfalco en Segalmex, donde Gavira Segreste enfrenta además procesos penales vinculados con contratos irregulares que, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, provocaron un daño patrimonial superior a 12 mil 500 millones de pesos entre 2018 y 2020.
Con información de La Jornada
NACIONAL
A proceso mujer expolicía por participar en un feminicidio en Jalisco
La Fiscalía de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Emma Yesenia Rubí “N”, expolicía municipal de Guadalajara entre 2021 y 2023, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
Por medio de un comunicado el lunes 4 de mayo de 2026, la autoridad de Jalisco indicó que la expolicía municipal permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años como medida cautelar.
De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron el 31 de agosto de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad al exterior de una tienda de abarrotes en el municipio de Guadalajara.
Un día después, el 1 de septiembre, el cuerpo de la víctima fue localizado en un canal de aguas ubicado en el municipio de El Salto.
“Dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación, presumiblemente durante el periodo en que la víctima permaneció privada de su libertad”, se indicó en el comunicado de la Fiscalía estatal.
Las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional establecieron la presunta participación de tres personas en el crimen: dos hombres —uno de ellos bajo reclusión por delitos federales y otro que murió en Sinaloa—, además de la hoy imputada.
Emma Yesenia Rubí “N” fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Colinas de Huentitán. Tras ser puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.
La Fiscalía de Jalisco detalló que mantendrá las investigaciones abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos y garantizar que todos los responsables por el crimen reciban la sanción correspondiente.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Cita FGR a 50 funcionarios de Chihuahua por operativo en el que participaron agentes de la CIA
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México -reveló- también son investigados.
Mediante un mensaje en video, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado —gobernado por la panista María Eugenia Campos—, se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable.
“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, dijo.
También resaltó que serán recopilados los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad.
“La única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”, destacó Ulises Lara, en un contexto en el que la gobernadora Maru Campos creó una comisión de investigación para investigar la participación de los agentes de la CIA.
El operativo tuvo lugar el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un narcolaboratorio. Tras el operativo hubo un accidente carretero que resultó en la muerte de dos funcionarios de la entidad y dos ciudadanos estadounidenses, lo cual destapó la presencia de la CIA en el estado.
El hecho fue dado a conocer el 19 de abril por el entonces fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien por el caso renunció al cargo el 27 de abril pasado.
Cabe señalar que la FGR abrió el pasado 29 de abril dos carpetas de investigación sobre el caso, una de ellas por el narcolaboratorio desmantelado en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la CIA en acciones antidrogas en colaboración con mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por posibles delitos en materia de seguridad nacional.
Con información de La Jornada
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