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Admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados al narco; exigen quitarles registro

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Luego de que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes a juzgadores relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló, por lo que en los listados se colaron defensores de delincuentes.

Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una revisión exhaustiva de las candidaturas al Poder Judicial y retirarles el registro a candidatos que no cumplan con la exigencia constitucional de probidad.

“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría —los tenemos contabilizados— son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo… sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, indicó.

Entre los juzgadores señalados por la ONG Defensorxs y Laboratorio Electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal en Nuevo León, quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, subrayó que fue el Senado el que revisó la lista de candidaturas al Poder Judicial, en primera instancia, y detalló que, una vez que haya resultados de las votaciones, el instituto le entregará una lista para que sea la Cámara alta la que determine si algún ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.

Demandan bajar a narcocandidatos; admiten que se les colaron algunos

Luego de las denuncias de distintas organizaciones sociales y civiles que han detectado distintos perfiles relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló en impedir que se colaran a la elección perfiles como abogados de narcotraficantes.

“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo.

“Es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección”, dijo.

Interrogado sobre el acuerdo el INE para depurar estos perfiles, dijo que “no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación”.

Aseguró que “sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.

Sobre la posibilidad de que el Senado impugne este acuerdo del INE, adelantó que no lo hará: “Yo creo que va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo sino de los casos que se presenten.

“Y no deberían esperar a que haya terminado la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, afirmó.

Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.

Otro caso es el de Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en la entidad y fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de crystal y un arma de fuego.

Según Laboratorio Electoral, entre los candidatos polémicos están César Gutiérrez Priego, quien  llevó el caso de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narco.

Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, defendió a Juan Collado, relacionado con casos de corrupción y lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña.

Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado al ser grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro.

Asimismo, Silvia Delgado, aspirante a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Sobre el juicio que se le siguió a El Chapo en 2016 dijo a la Deutsche Welle: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.

Francisco Martín Hernández busca ser magistrado, pero en 2015 fue destituido como juez por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual.

“Senado palomeó listas”

Sobre la petición del presidente del Senado para que se realice una revisión exhaustiva de los perfiles de candidaturas al Poder Judicial, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que la reforma aprobada por las cámaras establece los requisitos que debían cumplir, incluyendo la probidad.

“Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, declaró la presidenta del INE.

“Lo que sigue es una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad, pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera”.

Taddei agregó que será el Senado quien pueda impugnar cualquier situación que se presente, una vez concluida la jornada electoral, los cómputos y que se tengan los resultados.

 

 

 

Con información de Excélsior

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NACIONAL

“Fue un accidente”: Sheinbaum pide no politizar choque del buque escuela Cuauhtémoc

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La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no politizar el choque del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, toda vez que, insistió, fue un accidente.

De gira por Baja California Sur, la mandataria señaló que el suceso se está atendiendo, dando prioridad a los heridos.

Asimismo, envió su solidaridad a la familia de los dos elementos navales que murieron.

Respecto a la causa del choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, Sheinbaum Pardo refirió que la causa la están revisando la Secretaría de Marina y autoridades de Estados Unidos.

Exhortó a esperar los dictámenes oficiales y no politizar el hecho.

Lamentamos que esto se use políticamente, porque fue un accidente… Lo que tenemos que hacer es solidaridad y esperar un poco a ver cuáles son las causas”, refirió.

El Cuauhtémoc, buque insignia de la Marina, chocó pasadas las 20:00 h local del sábado contra el puente de Brooklyn, cuando todavía había luz y por razones aún sin aclarar, rompiendo los tres mástiles.

Unos 22 tripulantes resultaron lesionados, de los cuales 11 fueron diagnosticados como delicados y nueve como estables. Dos de los considerados graves fallecieron a causa de las heridas.

El secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales, se comprometió a realizar una investigación transparente, si bien indicó que cada pierna de navegación conlleva riesgos inherentes, por lo que el profesionalismo y la preparación constante de los marinos son fundamentales, al igual que el acompañamiento humano ante cualquier adversidad.

El mando naval mantiene comunicación permanente con cada familia afectada. Se garantiza la continuidad académica de nuestros cadetes y se dará puntual seguimiento a las investigaciones, con total transparencia y responsabilidad”, dijo.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

 

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NACIONAL

Sheinbaum restituye más de 820 hectáreas a los pueblos Ódami y Rarámuri de la Sierra Tarahumara

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Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos decretos de reconocimiento de propiedad comunal tradicional de tierras, a través de los cuales se restituyen 502.3 hectáreas a la comunidad de Mesa Colorada del pueblo Ódami y 317.9 ha a la comunidad de Mogótavo del pueblo Rarámuri, lo que significa regresarles la tierra que siempre ha sido suya.

Lo que hacemos hoy de regresarle tierras a los pueblos indígenas, a darles la tierra que siempre fue de ustedes, lo que hacemos es reivindicar ese humanismo, la justicia, una justicia histórica que reconoce lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseguró desde Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

Sheinbaum Pardo recordó que el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con su continuidad se reconoce la importancia y la historia de los pueblos originarios.

“Le damos continuidad en particular al Plan de Justicia para toda la Sierra Tarahumara, para los pueblos Rarámuri y Ódami, por una razón, por justicia y además porque ustedes se merecen todo. Porque han guardado su cultura, su historia, su amor por la tierra, su amor por su lengua, su amor a las familias y nosotros como Gobierno de México lo que tenemos que hacer es reconocer esa historia y esa justicia”, agregó.

También dio inicio al programa de Caminos Artesanales con el que se construirán 16 en la región. Además, anunció que, como parte del programa Salud Casa por Casa, se implementarán brigadas permanentes que acudan a las comunidades una vez al mes, a través de la Secretaría de Bienestar y del IMSS Bienestar, lo que se sumará a la construcción de escuelas de enfermería como parte de la educación media superior para la formación de enfermeros y enfermeras de las mismas comunidades.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, detalló que las hectáreas que son entregadas hoy se suman a las 693 hectáreas restituidas en Bosques de San Elías Repechique y a las mil 485 hectáreas en Guasachique, que fueron restituidas en diciembre de 2024, con ello se ha regresado un total de 2 mil 998.9 hectáreas.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, destacó que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara ha requerido de una inversión de 5 mil 441 millones de pesos (mdp) para acciones como:

  • Restitución y reconocimiento de tierras como propiedad comunal tradicional:Además de las hectáreas restituidas en Mesa Colorada y Mogótavo, se encuentran en ruta de atención: 3 mil ha de Mala Noche, Guadalupe y Calvo; mil 640 ha de Altos de la Garrocha, Balleza; mil ha de Bawinokachi, Bocoyna: mil ha en Arroyo del Pajarito, Guachochi; mil 888 ha en Barrancas de Sinforosa, Guachochi. Además de que se están en revisión tierras en Choréachi y Coloradas de la Virgen.
  • Justicia ambiental: Se han brindado 102 mil apoyos de Sembrando Vida por un monto de 591.8 mdp. De parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se han invertido 224.6 mpd entre 2022 y 2024, mientras que en 2025 será de 30.4 mdp para protección de bosques.
  • Caminos Artesanales: Se construirán 16 con una inversión de 349.83 mdp. En total serán 26 kilómetros.
  • Electrificación: De 2018 al 2024 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hizo 371 obras con una inversión de 368.81 mdp para alumbrar a 3 mil 341 viviendas. Para este año serán 342 obras con una inversión de 326.51 mdp para electrificar a 3 mil 636 viviendas.
  • Educación: Se fortalecen las 129 Casas y Comedores de la niñez indígena que atienden a 8 mil 279 niñas y niños, adicional a ello se abrirán 40 nuevas casas más este año, en 2026 serán 100 y 110 en 2027 con ello se atenderá el 100 por ciento de las infancias de la Sierra Tarahumara con una inversión de 337.5 mdp. Además, se han otorgado 72 apoyos a estudiantes indígenas de nivel superior, con una inversión de más 29 mdp en el primer trimestre de este año. Y se está en proceso de reconversión de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara a Universidad Indígenas Intercultural.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que además de la inversión que hace el Gobierno de México con el Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, al pueblo tepehuano y Rarámuri le corresponden 354 mdp del Fondo de Aportaciones Indígenas para la infraestructura Social (FAIS).

Cn información de López-Dóriga Digital

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Sheinbaum pide a paisanos enviar cartas y mensajes en redes contra impuesto a remesas en EU

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a mexicanos que residen en Estados Unidos que envíen cartas a congresistas de dicho país para protestar contra la iniciativa que busca gravar con un 5 por ciento a las remesas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional,  Sheinbaum Pardo volvió a rechazar este proyecto de ley de la Cámara de Representantes, y recalcó que esta medida es completamente discriminatoria.

Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado”, dijo.

“(Que envíen mensajes) a sus redes sociales, de los congresistas, cartas, que envíen su posicionamiento frente a esto”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Edgar Amador, sostuvo que la propuesta de gravar remesas en EE.UU. incumple un tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos vigente desde 1994,

“Los ingresos, los flujos (de dinero) que envían los migrantes mexicanos de Estados Unidos a México ya fueron gravados, ya pagaron los impuestos correspondientes, si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. Implicaría una discriminación en términos fiscales”, indicó esta mañana.

El funcionario federal explicó que el artículo 25 del tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. indica que “los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos a otro Estado contratante a ningún impuesto u obligaciones relativa al mismo que no se exija o sea más gravoso a aquellos que están o puedan estar sometidos los nacionales en los Estados Unidos”.

Amador precisó que incumplir el tratado “iría contra las prácticas internacionales y probablemente iría contra las propias normas internas de Estados Unidos”, por lo que podría ser impugnable.

El titular de SHCP recordó que el 99.1 por ciento de las remesas que provienen de Estados Unidos “se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países”.

 

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

 

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