El Gobierno del Estado puso en marcha el programa “Escudo de la Dignidad”, estrategia orientada en brindar herramientas de protección, fortalecer la comunicación familiar y fomentar entornos seguros para la infancia.

Las acciones de esta estrategia impactan en la vida de la niñez, al dotarla de conocimientos para identificar riesgos, cuidar de sí mismos y fortalecer el vínculo con sus padres y madres.

La primera etapa de su implementación inició en Guachochi y se extenderá a los municipios de Balleza y Chihuahua, donde se capacitará a cerca de 300 niñas y niños.

El programa fue interpretado en lengua rarámuri y los cursos o talleres serán impartidos por personal debidamente certificado.

A través de “Escudo de la Dignidad” se siembra desde la infancia la confianza para hablar, pedir ayuda y reconocer su propio valor, que sepan que su voz importa y que nunca están solos cuando se trata de cuidar su integridad.

Incluye pláticas informativas para padres de familia, talleres para niñas y niños, y capacitación para profesionistas vinculados al desarrollo infantil. Acciones que generaran conciencia en todos los entornos en los que se desenvuelve la niñez.

El programa fue diseñado por la experta en apoyo psicológico, Julia Borbolla, quien lo implementa desde hace más de dos décadas, tanto a nivel nacional como internacional, por medio del cual ha beneficiado a más de 1.8 millones de niñas y niños.

Este modelo preventivo promueve el reconocimiento de la dignidad personal desde la infancia, fomenta la autoestima, la seguridad y la confianza, al tiempo que contribuye a la prevención y detección temprana del abuso infantil.

La implementación de esta iniciativa es impulsada por diversas autoridades, como María Creel, asesora particular del fiscal general del Estado; Margarita Blackaller, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Además de Joni Barajas, regidora del Ayuntamiento de Chihuahua; Gabriel Eguiarte, director del DIF Estatal y Margarita Gutiérrez, gobernadora del asentamiento Oasis en la capital.

“Escudo de la Dignidad” contribuye además al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como la promoción de la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) llevó a cabo acciones preventivas en distintos puntos del estado, como parte de la estrategia para proteger la salud de la población durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Personal de la dependencia impartió pláticas informativas a prestadores de servicios de los sectores restaurantero y hotelero, así como a responsables de centros recreativos en Bocoyna, Julimes y San Francisco de Conchos.

Se contó con la participación de 78 asistentes, que recibieron orientación sobre los requisitos que deben cumplir durante las visitas de verificación, así como los principales puntos de riesgo asociados a sus actividades.

Durante estas jornadas también se entregaron paquetes preventivos que incluyen plata coloidal y material informativo, con el objetivo de fortalecer las medidas de higiene y prevención en los establecimientos.

Estas acciones se desarrollaron gracias a la coordinación con las presidencias municipales, lo que permitió ampliar el alcance de las capacitaciones y reforzar la cultura de prevención.

Con el fin de garantizar la adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas en su institución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, la 68 Legislatura del Congreso local, modificó al Código Administrativo del Estado de Chihuahua.

Este documento fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Avitia, integrante de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura Física y Deporte y de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien detalló que se trata de una adición al artículo 110 BIS, que contempla las condiciones de elegibilidad, la reelección o la destitución de las directivas de los sindicatos.

Detalló que cualquier contravención a estas previsiones, será sancionada en los términos de las disposiciones que resulten aplicables; dentro de los actos de injerencia sindical, se menciona:

Coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado. Ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical.

Obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo. Condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical.

Ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical. Negar, suspender o limitar derechoso programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar a determinada opción sindical.

Utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical. Destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical. Difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical.

Permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical. Promocionar apoyo o servicios institucionales para actividades de campaña sindical. Realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas o actividades sindicales.

Usar recursos o programas institucionales con la finalidad de posicionar o promover ante la base trabajadora a una persona servidora pública o dirigente sindical. Negarse sin causa justificada a entregar información solicitada por la autoridad sindical o laboral competente, relacionada con el desarrollo de elecciones o procesos democráticos, entre otros.