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Trabajemos en el Congreso ante el momento histórico de la IA: Omar Bazán

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El tiempo de la inteligencia artificial (IA) ha llegado, lo vemos abiertamente en nuestros días, y esto debe movernos rápidamente a crear formas legales para su regulación en aras del uso de herramientas para un bien común.

Como bien sabemos la inteligencia artificial (IA) es un cúmulo de tecnologías de rápido crecimiento y obvio abanico de beneficios económicos y sociales para todos los sectores y actividades productivas, educativas y etcétera.

Dicho de paso, aunque sus elementos y técnicas potencian los beneficios socioeconómicos también pueden dar lugar a nuevos riesgos o consecuencias negativas para personas concretas o la sociedad en su conjunto. En vista de la velocidad a la que cambia la tecnología y las posibles dificultades venideras.

Un marco regulatorio pretende alcanzar el objetivo para desarrollar confianza para que la IA sea fiable. Entonces mi propuesta se basa en los valores y derechos fundamentales y tiene por objeto inspirar confianza en los ciudadanos y otros usuarios para que adopten soluciones basadas en la IA, al tiempo que trata de animar a las empresas a que desarrollen este tipo de soluciones. La IA debe tener como fin último:
incrementar el bienestar humano.

En consecuencia, las normas relativas a la IA presente en el mercado que afecte de algún modo a sus habitantes deben estar centradas en las personas, a fin de que la población tenga la seguridad de que la tecnología se usa de un modo seguro y en consonancia con la ley, lo que también implica respetar los derechos fundamentales.

En este contexto político, con esta Ley se propone un marco reglamentario sobre inteligencia artificial con los siguientes objetivos específicos:

• Garantizar que los sistemas de IA introducidos y usados en el mercado sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales;

• Garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión e innovación en IA.

• Mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y los requisitos de seguridad aplicables a los sistemas de IA.

• Facilitar el desarrollo de un mercado único para hacer un uso legal, seguro y fiable de las aplicaciones de IA y evitar la fragmentación del mercado.

Para alcanzar dichos objetivos, la presente propuesta presenta un enfoque normativo horizontal, equilibrado y proporcionado, para la IA, que se limita a establecer los requisitos mínimos necesarios para subsanar los riesgos y problemas vinculados a la IA, sin obstaculizar ni impedir indebidamente el desarrollo tecnológico y sin aumentar de un modo desproporcionado el coste de introducir soluciones de IA en el mercado. La propuesta establece un marco jurídico sólido y flexible.

Por un lado, las opciones reglamentarias fundamentales que plantea, incluidos los requisitos basados en principios que deben cumplir los sistemas de IA, son amplias y pueden resistir el paso del tiempo. Por otro lado, establece un sistema regulatorio proporcionado centrado en un enfoque normativo basado en los riesgos y claramente definido que no impone restricciones innecesarias al comercio, en el que la intervención jurídica se adapta a aquellas situaciones concretas en las que existe un motivo de preocupación justificado o en las que es posible anticipar razonablemente que se producirá un problema en un futuro próximo. Al mismo tiempo, el marco jurídico incluye mecanismos flexibles que le permiten adaptarse de manera dinámica a medida que evoluciona la tecnología y surgen nuevas situaciones preocupantes.

La propuesta establece normas armonizadas para el desarrollo, la introducción en el mercado y la utilización de sistemas de IA a partir de un enfoque proporcionado basado en los riesgos. También propone una definición única de la IA que puede resistir el paso del tiempo. Asimismo, prohíbe determinadas prácticas particularmente perjudiciales de IA por ir en contra de los valores y propone restricciones y salvaguardias específicas en relación con determinados usos de los sistemas de identificación biométrica remota con fines de aplicación de la ley.

La propuesta establece una sólida metodología de gestión de riesgos para definir aquellos sistemas de IA que plantean un «alto riesgo» para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales de las personas.

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Exhorta Secretaría de Salud a prevenir accidentes en el hogar durante la temporada de frío

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Ante el descenso de las temperaturas, la Secretaría de Salud exhortó a la población a prevenir accidentes en el hogar, especialmente los relacionados con los aparatos de calefacción.

El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios, pidió a la población revisar y dar mantenimiento a las instalaciones antes de utilizarlas, apagarlas antes de dormir y mantener ventiladas las viviendas.

Llamó a evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, para prevenir la acumulación de gases tóxicos.

Advirtió que el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, la debilidad y la confusión, pueden ser señales de que se ha inhalado monóxido de carbono. Ante estos síntomas, el funcionario recomendó salir a un lugar con aire fresco, llamar al 9-1-1 y solicitar atención médica.

Barrios señaló que niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, requieren especial atención durante la temporada invernal.

Por ello, sugirió a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al frío y mantener a la familia abrigada.

Recordó además que es importante mantener al día el esquema de vacunación, principalmente las dosis contra la influenza y COVID-19, además de adoptar medidas de higiene respiratoria para prevenir enfermedades.

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Busca Congreso de Chihuahua reforzar protección contra la explotación laboral infantil

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Envía iniciativa al Congreso de la Unión para plantear la implementación de operativos de detección y rescate, inspecciones laborales y mayor coordinación entre autoridades para combatir el trabajo infantil.

El Poder Legislativo Estatal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate a la explotación laboral infantil, particularmente entre quienes se encuentran en contextos de migración y vulnerabilidad.

El dictamen presentado por el diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, señala que el trabajo infantil constituye una problemática que afecta el desarrollo integral de la niñez y vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud, el descanso y el sano esparcimiento.

De acuerdo con las consideraciones del documento, en 2022 alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en México, cifra equivalente al 13.1 por ciento de la población de ese rango de edad. De ese total, 2.1 millones realizaban ocupaciones peligrosas y 1.6 millones enfrentaban condiciones nocivas en quehaceres domésticos.

Dentro del dictamen también se plantea que la especial vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes pueden quedar expuestos a redes de explotación laboral, trabajos peligrosos y otras formas de abuso, debido a la precariedad de sus condiciones de vida y a las dificultades para acceder a mecanismos de protección.

Entre las medidas propuestas se encuentra establecer operativos especiales para detectar y rescatar a menores de edad que se encuentren en situación de trabajo infantil, con énfasis en comunidades indígenas, zonas rurales de alta marginación y contextos migratorios, ello en coordinación de autoridades laborales, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y, cuando sea necesario, corporaciones de seguridad pública y autoridades migratorias.

Asimismo, se fortalece las inspecciones laborales mediante visitas de verificación periódicas, sorpresivas y prioritarias en sectores y regiones con mayor incidencia de trabajo infantil, así como facilitar la aplicación de medidas de seguridad y sanciones cuando se detecten actividades contrarias a la ley.

La propuesta también contempla incorporar disposiciones específicas para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes víctimas de explotación laboral. Entre ellas, establece que las personas menores de edad migrantes no acompañadas o separadas que sean encontradas trabajando no sean detenidas por razones migratorias, sino canalizadas a instancias de asistencia y protección.

Igualmente, se planea fortalecer la coordinación entre las autoridades laborales, de seguridad pública, educativas, migratorias y de protección de la niñez, a fin de garantizar una atención integral a las víctimas y evitar que permanezcan en situaciones de explotación.

A la par de lo anterior, se propone incorporar expresamente la colaboración de las instituciones policiales con las autoridades laborales y de protección de la infancia en operativos de inspección y rescate, así como considerar una falta grave que las personas servidoras públicas omitan intencionalmente dar aviso o intervenir, dentro de sus atribuciones, cuando adviertan posibles casos de explotación laboral infantil.

Cabe mencionar que la iniciativa que dio origen a la propuesta al Congreso de la Unión, fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

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Aprueban diputados de Chihuahua enviar al Congreso de la Unión propuesta de Nancy Frías contra la explotación laboral infantil

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Propone inspecciones sin aviso para detectar la explotación laboral infantil y proteger a las víctimas

El Congreso del Estado aprobó enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para combatir la explotación laboral infantil, especialmente de niñas, niños y adolescentes migrantes. Nancy “La China” Frías, diputada del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la propuesta con el respaldo de su bancada. Plantea cambiar las leyes federales para detectar estos casos y proteger a las víctimas.

La propuesta incluye inspecciones periódicas y sin aviso en campos agrícolas, talleres, comercios y otros lugares donde se detecte mayor presencia de trabajo infantil. Las autoridades laborales y de protección de la niñez realizarían operativos conjuntos. Cuando encuentren a menores de edad en trabajos prohibidos, los retirarían de esas actividades para brindarles protección. También iniciarían los procesos para investigar y sancionar a quienes los contraten o exploten.

Para niñas, niños y adolescentes migrantes, plantea asistencia legal e intérpretes. Quienes viajen solos o separados de su familia recibirían atención en espacios de protección, sin quedar detenidos por su situación migratoria. Tampoco podrían ser devueltos a situaciones donde corran el riesgo de sufrir nuevamente explotación ni recibir sanciones por trabajos que les hayan obligado a realizar. Además, propone brigadas móviles de inspección y considerar falta grave que un servidor público decida no reportar o atender un posible caso cuando le corresponda actuar.

El Congreso de Chihuahua aprobó el envío de la iniciativa, pero las medidas todavía no están vigentes. Corresponde al Congreso de la Unión analizar y decidir los cambios propuestos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es que las autoridades actúen juntas para proteger a las víctimas e investigar a los responsables.

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