La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Mtra. Blanca Cruz García, afirmó que recuperar la confianza ciudadana y colaborar con las investigaciones en torno al ‘caso Taddei’ deben avanzar en paralelo a la organización del proceso electoral en curso 2026-2027.

No hemos detenido una sola actividad”, aseguró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, al reconocer una crisis institucional que las 10 consejerías actuales buscan atender de manera colegiada.

En la etapa preparatoria, explicó, está próxima la instalación de consejos en los 300 distritos electorales, con participación ciudadana. Los supervisores y capacitadores-asistentes electorales invitarán a la población a participar, mientras las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos:los votos los contarán “nuestras propias vecinas y vecinos”.

Presentó dicha intervención de la ciudadanía, en las distintas fases, como una garantía para la organización de las elecciones.

Cruz García, quien ingresó al Consejo General en abril de este año, dijo que no tenía indicios de las irregularidades ahora señaladas respecto a las posibles irregularidades en contrataciones de material electoral.

En este sentido, explicó que los procesos administrativos corresponden a la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las áreas directivas; mientras que las consejerías tienen atribuciones distintas y limitadas en esa vigilancia. Sin embargo, ahora las 10 participan en el seguimiento de la revisión administrativa. Sostuvo que resolver los asuntos de manera colegiada “fortalece la toma de decisiones y abona a la transparencia”.

30 bajas y una Junta General Ejecutiva bajo revisión de las consejerías

Blanca Cruz García confirmó un acumulado de 30 bajas o renuncias formalizadas en puestos de confianza, a los que se accede “por una invitación directa” de la persona encargada del área. Y aclaró que separarse del cargo no termina las posibles investigaciones:

“El deslinde de responsabilidades, pues no se concluye con una renuncia”. Tanto servidores como ex servidores públicos pueden ser investigados por las instancias competentes y mantener abierta la vía de responsabilidad administrativa.

Dicha revisión incluye las titularidades de la Junta General Ejecutiva, que describió como un órgano de 11 personas y que, de manera ampliada, puede alcanzar 17. En esa instancia ya se formalizaron tres renuncias. Las 10 consejerías revisan todos esos puestos mediante criterios de desempeño y probidad, independientemente de que sus ocupantes pudieran estar vinculados o no con la coyuntura actual, “para garantizar la calidad en el servicio” y el avance de las actividades electorales.

Investigaciones, contratos y entrega-recepción

Respecto a la Fiscalía General de la República (FGR), Blanca Cruz García explicó que dar vista es un compromiso asumido por las 10 consejerías para que la autoridad competente determine qué investigar y cómo hacerlo.

La actuación se dirigirá a quien resulte responsable, conforme a las investigaciones. Esto lo definió como:

Un requerimiento institucional para el deslinde de responsabilidades”, con intervención de las autoridades competentes en las vías de auditoría, administrativa o de investigación correspondientes, dijo Blanca Cruz García.

Respecto a los contratos de las empresas señaladas, evitó estimar un monto y explicó que el INE no es la autoridad investigadora. Indicó que las relaciones contractuales abarcan un periodo amplio y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará revisiones de años anteriores —refiriéndose un lapso de 25 años— y determinará su alcance.

A pregunta expresa de Joaquín López-Dóriga sobre las oficinas de la anterior presidencia de Guadalupe Taddei, informó que quedaron resguardadas tras su renuncia.

La maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), explicó que cada colaborador debe entregar los equipos y bienes bajo su resguardo a su superior, mientras la presidencia provisional recibirá la entrega-recepción completa y podrá revisar lo recibido.

Cruz García subrayó que su encargo es temporal, y que corresponde a la Cámara de Diputados desahogar el procedimiento para definir la presidencia del Instituto.

Por último, sobre Taddei recordó que la última vez que la vio fue durante una sesión pública de octubre; y aclaró que, en su caso, no la ha vuelto a ver.

Con información de López-Dóriga Digital

Aranza Aidelany, una niña de siete años conocida como “La China” como apodo de cariño de su familia, murió por un disparo en la cabeza durante los hechos violentos del 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas. Su madre, Claudia Pardo, denunció que la agresión habría provenido de un helicóptero de la Guardia Estatal que seguía la camioneta en la que viajaba la familia mientras buscaba una ruta para regresar a su casa.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el disparo que mató a Aranza Aidelany, una niña de siete años, durante un operativo en Matamoros el 29 de octubre, salió de un helicóptero de la Guardia Estatal. Los dictámenes descartaron que la bala proviniera de los presuntos delincuentes contra quienes se desplegó la movilización para capturar a Axel Alfredo, alias “Axel”, señalado como objetivo prioritario y familiar de Osiel Cárdenas Guillén, líder capturado del cártel del Golfo.

Los estudios de Servicios Periciales y los laboratorios de balística de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas determinaron que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que llevaban los agentes a bordo de la aeronave. La trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.

El proyectil atravesó la carrocería de la camioneta donde viajaba la familia y se alojó en el cráneo de Aranza, conocida por sus familiares como “La China”. Su madre, Claudia Edith Pardo García, también resultó herida de una rodilla cuando intentó proteger a la menor con su cuerpo.

La ayuda médica tardó alrededor de dos horas en llegar debido a los bloqueos registrados en Matamoros, según el testimonio de Pardo. La mujer fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía en la rodilla izquierda y le retiraron tejido óseo dañado; calculó que su recuperación tomaría entre cinco y siete meses.

Los peritajes vincularon la bala con armas de la Guardia Estatal

Govea Orozco explicó que la Fiscalía todavía no había identificado cuál de las armas largas o cortas fue utilizada ni al elemento que la tenía bajo su resguardo. En el helicóptero viajaban cuatro integrantes activos de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías con armamento reglamentario.

La dependencia analizaba bitácoras de vuelo, registros institucionales, testimonios y dictámenes periciales para reconstruir las circunstancias de la detonación. El fiscal precisó que establecer el origen estatal del proyectil no definía todavía una responsabilidad penal individual.

La Secretaría de Seguridad Pública abrió una investigación interna mediante su área de Asuntos Internos. A la par, la Fiscalía integraba la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales contra quien resultara responsable, si reunía los elementos necesarios.

El titular de la Fiscalía rechazó que el fallecimiento de Aranza pudiera clasificarse como “daño colateral”, expresión utilizada previamente por el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero. “Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.

La familia viajaba con los padres de Aranza y sus hermanos menores en una camioneta cuando quedó entre los disparos cerca del ejido Las Rusias, en el kilómetro 4.5 de la carretera a Reynosa. Antes de llegar a ese punto, habían buscado una ruta alterna debido al cierre de la carretera Matamoros-Reynosa y a los hechos violentos registrados en la ciudad.

Pardo relató que acudió a recoger a su esposo en su trabajo y que, durante el regreso, la familia transitó por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza. Ahí notó que una aeronave los seguía; de acuerdo con su versión, el helicóptero continuó detrás de la camioneta hasta unos terrenos de su propiedad.

La madre aseguró que su esposo bajó del vehículo para preguntar a los tripulantes qué buscaban y por qué seguían a la familia. Sostuvo que desde el aire era posible observar que viajaban adultos y menores de edad porque los vidrios de la camioneta estaban abajo.

El hijo mayor, de 13 años, recibió impactos de bala cuando descendió de la unidad y corrió hacia una construcción para resguardarse. Posteriormente llevó a sus hermanos a una vivienda cercana, mientras Pardo permanecía en el asiento trasero con sus hijas.

Claudia Pardo relató que el helicóptero permaneció sobre la camioneta

Una de las niñas, de 12 años, le dijo a su madre que tenía miedo por la presencia de la aeronave, por lo que Pardo le pidió que se hiciera hacia atrás y se pegara al asiento. Poco después, otra menor le avisó que Aranza había recibido un impacto: “Mami, ya mataron a China, le pegaron en la cabeza”.

Aranza cayó sobre la pierna de su madre tras el disparo. Pardo pidió a su esposo que abriera la puerta de la camioneta para auxiliarla, pero descubrió que también estaba lesionada y, al perder el equilibrio, cayó al suelo.

“Yo me arrastré con la niña hacia la parcela. El helicóptero seguía dando vueltas arriba de nosotros y yo les decía que ya lo dejaran, porque estaba tirada con la niña y ella ya estaba sin vida”, relató la mujer. Mientras ella y su esposo permanecían junto a Aranza, el adolescente recibió instrucciones de mover la camioneta en reversa para buscar ayuda con su abuelo.

Pardo denunció que la aeronave habría seguido el vehículo donde viajaban otros tres menores y que los disparos continuaron. También afirmó que la familia esperó cerca de cuatro horas para que las autoridades regresaran por el cuerpo de la niña.

Después de la cirugía, la madre pidió el alta para velar a Aranza y asistir a su entierro. Dijo que estuvo con su hija la noche del viernes, la sepultó el sábado y regresó al hospital el domingo.

Una camioneta roja arde en llamas desprendiendo una columna de humo negro en una calle frente a establecimientos comerciales. El fuego se concentra en la parte delantera del vehículo mientras otros automóviles circulan por la vialidad y varias personas observan el hecho desde la acera. Video: Redes sociales
Aranza cursaba segundo de primaria, era una de siete hermanos, le gustaba cantar y solía estar de buen humor, según su madre. Pardo cuestionó que la investigación requiriera más pruebas cuando, afirmó, existían videos, testimonios y fragmentos de proyectil recuperados de su pierna y de la cabeza de la menor.

“Quiero justicia para mi hija. Quiero que pague el que lo hizo, porque no hubo ninguna agresión de nuestra parte. Mi niña apenas empezaba a vivir”, expresó Pardo. Hasta ese momento, los cuatro ocupantes del helicóptero no estaban detenidos por la Fiscalía.

El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, afirmó que el caso debía investigarse y aclararse para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos. El legislador de Morena no descartó citar a comparecer a Pancardo Escudero para que explicara las acciones de la corporación durante el operativo en Matamoros.

Con información de Infobae

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro contra el esquema de evaluación de desempeño publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta el momento, se reportan afectaciones en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados.

Por ejemplo, en San Lázaro (CDMX) empleados colocaron candados y montaron un plantón desde la medianoche. Señalaron que mantendrían la suspensión hasta que se modificara el acuerdo, aunque permitirían el acceso relacionado con el Centro de Desarrollo Infantil, la seguridad y otros servicios.

Las evaluaciones están previstas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, e incluyen a secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales. El mecanismo contempla calificaciones de cero a 100 puntos para valorar conocimientos, preparación profesional y desempeño, con el propósito de mejorar la calidad de la administración de justicia.

Los inconformes cuestionan que el examen de conocimientos represente el 40 % de la calificación y que el resto incluya valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores. Temen posibles represalias y afectaciones a su estabilidad laboral. Algunos trabajadores aclararon que aceptan ser evaluados, pero piden criterios objetivos y capacitación para quienes obtengan resultados deficientes.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la evaluación de diciembre será diagnóstica, orientada a identificar necesidades de capacitación y que por lo mismo no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia de los empleados. Sin embargo, el esquema general contempla bajas para quienes obtengan 59 puntos o menos y no soliciten, no reciban autorización o reprueben el examen extraordinario previsto como segunda oportunidad.

El dirigente sindical Jesús Gilberto González Pimentel llamó a no realizar los exámenes y anunció dos reuniones con el OAJ, encabezado por Ernesto Vargas Solano, para revisar las disposiciones y buscar cambios en aquellas que pudieran afectar a los trabajadores. Advirtió que, si las negociaciones no avanzan, analizarán los pasos siguientes.

Con información de López-Dóriga Digital