El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la inflación general anual en México se ubicó en 3.96 por ciento durante la primera quincena de abril.

En un comunicado, se explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 139.484: aumentó 0.12 por ciento respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.09 % y la anual, de 4.63 por ciento.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.34 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.47 % y los de servicios, 0.21 por ciento.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.59 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.60 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.50 por ciento, como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida.

En la primera quincena de abril de este año, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: jitomate, vivienda propia, cremas para la piel, así como carne de res, con incrementos en sus precios. En contraste, la electricidad, el cine y el huevo disminuyeron sus precios

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un alza quincenal de 0.01 por ciento y de 3.75 % a tasa anual. En el mismo periodo de 2024, estas variaciones fueron de -0.04 y 4.26 por ciento, en ese orden

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4.21 por ciento, su menor nivel en cuatro años, tras el 4.66 % de 2023 y el 7.82 por ciento en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

Con información de López-Dóriga Digital

Luego de que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes a juzgadores relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló, por lo que en los listados se colaron defensores de delincuentes.

Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una revisión exhaustiva de las candidaturas al Poder Judicial y retirarles el registro a candidatos que no cumplan con la exigencia constitucional de probidad.

“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría —los tenemos contabilizados— son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo… sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, indicó.

Entre los juzgadores señalados por la ONG Defensorxs y Laboratorio Electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal en Nuevo León, quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, subrayó que fue el Senado el que revisó la lista de candidaturas al Poder Judicial, en primera instancia, y detalló que, una vez que haya resultados de las votaciones, el instituto le entregará una lista para que sea la Cámara alta la que determine si algún ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.

Demandan bajar a narcocandidatos; admiten que se les colaron algunos

Luego de las denuncias de distintas organizaciones sociales y civiles que han detectado distintos perfiles relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló en impedir que se colaran a la elección perfiles como abogados de narcotraficantes.

“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo.

“Es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección”, dijo.

Interrogado sobre el acuerdo el INE para depurar estos perfiles, dijo que “no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación”.

Aseguró que “sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.

Sobre la posibilidad de que el Senado impugne este acuerdo del INE, adelantó que no lo hará: “Yo creo que va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo sino de los casos que se presenten.

“Y no deberían esperar a que haya terminado la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, afirmó.

Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.

Otro caso es el de Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en la entidad y fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de crystal y un arma de fuego.

Según Laboratorio Electoral, entre los candidatos polémicos están César Gutiérrez Priego, quien  llevó el caso de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narco.

Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, defendió a Juan Collado, relacionado con casos de corrupción y lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña.

Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado al ser grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro.

Asimismo, Silvia Delgado, aspirante a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Sobre el juicio que se le siguió a El Chapo en 2016 dijo a la Deutsche Welle: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.

Francisco Martín Hernández busca ser magistrado, pero en 2015 fue destituido como juez por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual.

“Senado palomeó listas”

Sobre la petición del presidente del Senado para que se realice una revisión exhaustiva de los perfiles de candidaturas al Poder Judicial, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que la reforma aprobada por las cámaras establece los requisitos que debían cumplir, incluyendo la probidad.

“Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, declaró la presidenta del INE.

“Lo que sigue es una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad, pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera”.

Taddei agregó que será el Senado quien pueda impugnar cualquier situación que se presente, una vez concluida la jornada electoral, los cómputos y que se tengan los resultados.

Con información de Excélsior

La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La minuta se aprobó con 10 votos a favor de Morena y aliados, dos en contra del PRI y tres abstenciones del PAN y MC.

El dictamen pasará así al Pleno de la Cámara Alta y se prevé la comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, ante la Junta de Coordinación Política.

Con información de Sara Pablo / Radio Fórmula