Más de un millón de litros de hidrocarburo fueron decomisados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo realizado en un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento ilegal de combustible en Nuevo León.

Labores de inteligencia permitieron ubicar el inmueble en el municipio de Cadereyta Jiménez, dentro de la zona metropolitana del estado, informó este viernes la autoridad federal.

En el operativo participó la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

El predio se localiza sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y, durante la intervención, agentes federales aseguraron 67 mil  litros de posible hidrocarburo, así como 400 mil litros de un líquido de color negro y amarillo, cuya composición será analizada.

Además, fueron decomisados tractocamiones, ‘frac tanks’, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos presuntamente relacionados con la operación ilegal.

Tanto el inmueble como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las investigaciones correspondientes.

El delito conocido como ‘huachicol’ —robo y tráfico ilegal de combustibles— y la problemática asociada en México han trascendido fronteras.

En Estados Unidos fue presentada una iniciativa en el Senadopara incluir el robo y contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”, dentro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos.

Organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos han sido señalados por autoridades como parte de redes multimillonarias de tráfico de hidrocarburos.

En Nuevo León se han reportado recientemente otros aseguramientos relacionados con este delito.

Con información de EFE

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) descartó prórroga alguna para registrar la línea telefónica celular.

Los usuarios deberán asociar su número celular a su Clave Única de Registro Poblacional (CURP), trámite que puede efectuarse vía internet.

Dicho registro tiene como objetivo auxiliar en el combate de delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

¿Cuándo vence el plazo para registrar la línea celular?

La CRT sostiene que el 30 de junio es el último día para registrar la línea telefónica celular.

Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, expuso en entrevista para Radio Fórmula que la vinculación celular es un mandato legal, de ahí que no pueda haber prórroga.

Es un plazo legal, está establecido en la ley. No lo tenemos (prórroga para el registro celular) sobre la mesa”, dijo.

Hasta el 27 de mayo, 51.6 millones de líneas habían sido registradas.

Líneas celulares sin registrar serán suspendidas

En caso de que no se vincule la línea, el servicio de telefonía celular será suspendido hasta que se efectúe el registro.

Los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas ni mensajes SMS. Tampoco tendrán acceso a los datos móviles.

Solo podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia, incluyendo la Alerta Sísmica celular.

El registro se efectúa de manera directa con las compañías telefónicas, responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de los usuarios.

Con información de Radio Fórmula

El Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra la reforma constitucional en materia judicial que permitirá la reelección por seis años de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La iniciativa también aplaza hasta junio de 2028 la elección judicial y modifica la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora operará en dos secciones sujetas a la aprobación del pleno.

Además, la reforma reduce de nueve a ocho años el periodo de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de 2028.

Durante el debate, la oposición acusó que los cambios profundizan la politización del sistema judicial y buscan mantener control sobre los órganos encargados de impartir justicia.

“La reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control”, lanzó el senador panista Marko Cortés.

Tras la aprobación en lo general, legisladores comenzaron la discusión de reservas, aunque se prevé que la mayoría oficialista rechace las modificaciones propuestas por la oposición.

Con información de López-Dóriga Digital