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NACIONAL

Privatizan el servicio de agua potable en Querétaro

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En medio de protestas ciudadanas, el Congreso local, con mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua potable a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad.

Especialistas y ambientalistas criticaron la nueva ley con el argumento de que administrar dicho recurso es una obligación que corresponde al Estado; advirtieron que no se trata de una ley de aguas que garantice el acceso como derecho humano ni su manejo integral, sino económico para beneficiar a la iniciativa privada.

La Ley que Regula la Prestación de los Aervicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, de 215 artículos, fue avalada con 16 votos: 13 del Partido Acción Nacional (PAN); tres del local Querétaro Independiente (PQI); seis en contra, cinco de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como dos abstenciones del tricolor y una ausencia del Verde Ecologista de México.

En el capítulo 2 se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.

Serán los municipios o la Comisión Estatal de Aguas los que otorguen las concesiones a través de una licitación pública, invitación o adjudicación directa, y entre los derechos que tendrán los concesionarios está la de realizar el cobro a los usuarios del “suministro de los servicios públicos principales y accesorios” desde agua potable hasta reutilización del líquido.

También tendrán la facultad de autorizar proyectos hidráulicos, expedir certificados de conexión y otorgar factibilidades y precios por uso de infraestructura a los desarrolladores para el establecimiento de centros de población.

En marzo pasado, dos diputados priístas y la bancada del blanquiazul, junto con los tres legisladores del PQI, presentaron las iniciativas de Ley de Aguas, para derogar diversas disposiciones del Código Urbano del estado, en las que coincidían en ceder al sector privado la prestación del servicio, al concesionar durante 20 años y renovar por un periodo igual esa obligación gubernamental.

Activistas, ambientalistas y académicos advirtieron que dicha normatividad carecía de una armonización legislativa con pactos internacionales y estándares nacionales, así como de un diagnóstico sustentado en el equilibrio de los acuíferos y la restauración de cuencas hidrológicas.

Los inconformes exigieron a los diputados un parlamento abierto que permitiera la participación ciudadana en esa decisión.

Ante el rechazo a la iniciativa, que incluyó la campaña #Aguasconlaleydeaguas en redes sociales, y diversos pronunciamientos en medios de comunicación, los integrantes de la comisión legislativa de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones realizaron un foro el 13 de mayo.

Después del encuentro acordaron cambiar el nombre a la iniciativa por el de “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.

Decenas de ciudadanos se manifestaron fuera del Congreso, al tiempo que diputados de Morena reprocharon que sus homólogos aprobaran al vapor la creación de la nueva ley. Criticaron que no escucharan las peticiones de especialistas para profundizar en el tema y que pretendan beneficiar al sector empresarial en detrimento de los ciudadanos, pues en la práctica ha quedado demostrado que los servicios del agua no son de calidad.

Armando Sinecio Leyva, del partido guinda, aseguró que con la nueva ley “se estaría empeñando este sector estratégico a terceros y que, como en repetidas ocasiones se ha visto y demostrado donde ya se han realizado estas concesiones, sólo atienden al beneficio propio antes que al de toda la población”.

En ese tenor, Paul Ospital Carrera, del PRI, lamentó la falta de transparencia de sus compañeros legisladores, pues el documento fue turnado al filo de la medianoche, lo que hacía imposible analizar el contenido, práctica recurrente en el Congreso estatal. “Ese es el tamaño del madruguete que hemos vivido en estos ocho meses de la 60 Legislatura”, lamentó.

Para el presidente de dicha comisión, el panista Germaín Garfias Alcántara, con la nueva ley se pretende contar con un marco normativo para que los operadores tengan viabilidad y los fortalezcan, además de integrar mecanismos conciliatorios para resolver posibles controversias entre usuarios y empresarios que administren los organismos operadores privados.

A su vez, el ex priísta Manuel Pozo Cabrera, ahora del PQI (quien llegó al puesto en alianza con el blanquiazul), planteó que con la reforma se busca poner orden en la situación actual de la prestación del servicio de agua potable con la existencia de algunos operadores, pues, dijo, los ciudadanos han estado indefensos por abusos de ese tipo de organismos.

En Querétaro han proliferado 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, una figura que a través de distintas argucias legales han permitido gobiernos municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués para que empresarios vinculados a políticos y funcionarios se encarguen de prestar ese servicio, de acuerdo con una investigación colaborativa del Laboratorio de Investigación Periodística, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y Bajo Tierra Museo del Agua.

 

 

Con información de La Jornada

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NACIONAL

Ex director de la DEA pide a García Harfuch entregar a Rocha Moya a EE.UU.

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Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que detenga y deporte a los Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X este sábado 22 de agosto de 2026, Maltz dejó en claro que Rocha Moya debe rendir cuentas y ser llevado ante la justicia en Estados Unidos.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los Cárteles del TERROR”, detalló.

“Necesitamos otra operación de alto nivel de detención y remoción hacia la USA @OHarfuch para que Rocha enfrente la justicia”, puntualizó el ex director interino de la DEA.

En la previa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó al cargo tras casi cuatro meses de licencia, periodo en el que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que calificó de “falsos” y sin sustento.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, aseguró Rocha Moya en un mensaje en la red social X.

El gobernador señaló que durante los 112 días que estuvo de licencia, desde el 1 de mayo, se puso a disposición de las autoridades mexicanas y la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas que lo vinculen con las acusaciones hechas por autoridades de EE.UU.

Rocha Moya sostuvo que, según la investigación de la FGR, “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito”.

A finales de abril, Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su gobierno fueron señalados por el Departamento de Estado estadounidense por su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Rubén Rocha no resistió y solicita, otra vez, licencia al cargo de gobernador de Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó otra vez licencia indefinida a su cargo.

A través de redes sociales este sábado 22 de agosto de 2026, Rocha Moya compartió la solicitud de licencia que envió al Congreso estado, apenas un día después de su regreso al cargo.

“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, apuntó en la publicación.

“Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58 de nuestra Constitución Local”, se indicó en el documento.

Dicha solicitud ocurre apenas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejara que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses” del país, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomara su cargo tras 112 días que estuvo de licencia para comparecer por supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa.

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, aseguró la mandataria -en un mensaje en la red social X-.

Sin mencionar al gobernador, Sheinbaum Pardo destacó que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Un día después de que Rocha Moya ocupara de nuevo su cargo como titular del estado de Sinaloa (noroeste), la jefa de Estado recalcó también que “México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.

“El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”, zanjó Sheinbaum en medio de este caso detonado el pasado 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Estado de los EE.UU. señaló a Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su gobierno local, de su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del Cártel de Sinaloa.

La postura de la presidenta se da un día después de que el gobernador decidiera retomar su cargo, una actuación que ha sido calificada como una “decisión personal” por el Gobierno federal y el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tanto Morena como la Secretaría de Gobernación de México (Segob) apuntaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido Rocha Moya, tal como se informó en julio.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Dictan prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna

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Tras varias horas de audiencia, una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna, por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La defensa de Farías Laguna solicitó duplicidad del plazo constitucional, por lo que situación jurídica se resolverá el miércoles 26 de agosto, fecha en que se conocerá si es o no vinculado a proceso por crimen organizado con fines de cometer delito en materia de hidrocarburo.

La reanudación de la audiencia inicial se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó en la previa la expulsión del país del ex contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y detenido el pasado 23 de abril en el país sudamericano.

“Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país”, señaló Monteoliva en una publicación en la red social X, en la que agregó que, gracias a un decreto del presidente Javier Milei, el Gobierno rechazó esa solicitud.

“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos”, afirmó la ministra, quien añadió: “Argentina no es refugio de delincuentes”.

El ex contralmirante mexicano aterrizó el viernes 21 de agosto en la Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.

Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

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