ESTATAL
Pide Mario Vázquez transparencia y evaluación de resultados en programas sociales
-La corrupción ha minado la implementación de estos programas, y costado la eliminación de otros.
Mario Vázquez, senador de Acción Nacional por el estado de Chihuahua dijo que desde su bancada seguirán luchando para que los programas sociales sean inclusivos y no manipulados políticamente, para lo cual enfatizó en la necesidad de establecer transparencia, control y evaluación de resultados.
“Es crucial establecer objetivos claros y metas enfocadas en la problemática social de nuestro país. Debemos transparentar el ejercicio de estos programas y fomentar una mayor participación comunitaria, buscando el empoderamiento de quienes menos tienen”.
Aseguró que una coordinación institucional efectiva es imprescindible, así como la auditoría y evaluación de los programas, para reconocer avances y corregir distorsiones buscando empoderar a los ciudadanos para que sean más libres y no se conviertan en “servidumbre del régimen”.
Lo anterior debido a que la corrupción ha afectado la operación de los programas sociales en este régimen, citando como ejemplo el índice nacional de corrupción así como los casos de Segalmex y los sobrecostos en las obras.
Asimismo, señaló que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado inconsistencias y desviaciones por 900 millones de pesos en el programa Sembrando Vida, además de pagos duplicados a personas fallecidas por casi mil millones de pesos en el Programa de Adultos Mayores.
Finalmente, el legislador panista argumentó que elevar a rango constitucional los programas sociales implica un compromiso permanente con los más desfavorecidos, y aunque Acción Nacional apoyó esta medida, criticó que el financiamiento de estos programas ha costado la eliminación de 109 fideicomisos y 24 programas de apoyo al campo que fomentaban la producción de alimentos y se ha sobreendeudado al país en 6.6 billones de pesos.
ESTATAL
Sheinbaum se reunirá con Maru Campos tras la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se reunirá con la gobernador de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses en dicha entidad en un accidente carretero el domingo 19 de abril de 2026.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que Campos Galván ya habló con los titulares de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, sobre este caso.
“Sí, vamos a hablar con ella (…) Siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, dijo este miércoles 22 de abril.
“Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras, pertenecientes a una agencia del Gobierno de los Estados Unidos, participaron en una actividad”, puntualizó.
La titular del Ejecutivo federal insistió en que agentes estadounidenses no pueden tener actividades en tierra en México.
“Cualquier relación que haya con el Gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal. Necesariamente. Y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, externó.
“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el Gobierno de los Estados Unidos y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación”, agregó.
La mandataria mexicana dejó en claro que los Gobiernos estatales no pueden realizar colaboraciones directas con Estados Unidos en materia de seguridad, ya que dicho rubro tiene que pasar por la Federación.
“Puede haber (colaboraciones con EE.UU.) en temas culturales, educativos, en otros temas y siempre tiene que haber pues alguna información al Gobierno federal. Pero en materia de seguridad, es el Gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional”, declaró.
Con información de López-Dóriga Digital
ESTATAL
Maru Campos reconoce a las Fuerzas Armadas tras operativo para desmantelar laboratorio de drogas sintéticas
-La mandataria solicitó una reunión para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum
La gobernadora Maru Campos reconoció la labor y participación de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el operativo que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.
Puntualizó que la estrategia implementada de manera coordinada, permitió la desarticulación de uno de los puntos más grandes de elaboración de metanfetaminas y otras sustancias en el país, mismo que se localizaba en la Sierra Tarahumara.
“Esto es un gran logro en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”, puntualizó la titular del Ejecutivo.
Informó que la Fiscalía trabaja en un reporte detallado sobre lo sucedido durante el operativo, mismo que será presentado en las próximas horas a la ciudadanía.
Además, envió se solidarizó con las familias de quienes perdieron la vida en los diferentes operativos, que se han llevado a cabo en la entidad para combatir el crimen.
Maru Campos dio a conocer que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, para platicar sobre el tema y refrendar la voluntad de su administración, de mantener una coordinación permanente.
Las declaraciones de la mandataria se realizaron en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, donde además reafirmó la voluntad de su administración, de continuar como un aliado firme del sector.
Afirmó que la minería se ha consolidado como una de las vocaciones históricas que impulsaron el desarrollo económico de la entidad, especialmente en la Sierra Tarahumara, donde se cuenta con 86 proyectos activos que generan un valor de producción superior a los 52 mil millones de pesos.
ESTATAL
Refuerza Congreso del Estado mecanismos de información para juventudes
El Congreso de Chihuahua en Sesión Ordinaria, aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Juventud y Niñez, a través del diputado Saúl Mireles Corral mediante el cual se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley de Juventud del Estado, en materia de acceso a la información y difusión de políticas públicas dirigidas a las juventudes chihuahuenses.
Con la reforma realizada se fortalecerán los mecanismos institucionales para garantizar que las personas jóvenes cuenten con información accesible, actualizada y oportuna sobre los programas, servicios, apoyos y acciones que implementa la administración pública estatal en su beneficio.
En este sentido, fue reformado el artículo 25 Bis a fin de establecer que el Ejecutivo del Estado, por conducto del Instituto Chihuahuense de la Juventud, garantizará mecanismos accesibles, actualizados y de fácil consulta para la difusión de programas, servicios, apoyos y acciones institucionales dirigidas a las juventudes del Estado.
Dichos mecanismos deberán orientarse bajo los siguientes principios:
I. Accesibilidad y disponibilidad de información;
II. Máxima publicidad;
III. Coordinación interinstitucional;
IV. Pertinencia y enfoque diferencial para las juventudes;
V. Actualización permanente; y
VI. Uso eficiente de los recursos públicos y herramientas tecnológicas disponibles.
Asimismo, se prevé la colaboración entre dependencias y entidades de la administración pública estatal para facilitar la integración y difusión de la información dirigida a este sector de la población.
Dentro de la exposición del dictamen, se destacó que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que permite a cualquier persona buscar, recibir y difundir información, especialmente aquella que está en posesión del gobierno, siendo este es clave para una sociedad democrática porque garantiza transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Es importante mencionar que, en el análisis del dictamen, se reconoció que la legislación vigente ya contempla la operación de un Sistema de Información en Materia de Juventud a cargo del Instituto Chihuahuense de la Juventud; sin embargo, se estimó pertinente incorporar en la ley los principios rectores que deberán observarse en su funcionamiento.
Por último, en los artículos transitorios se estableció que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de hasta 120 días naturales para implementar y adecuar los mecanismos necesarios para el cumplimiento debido.
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