Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 en el estado de Guerrero, viven una jornada de movilizaciones para denunciar el estancamiento en las investigaciones y para exigir que el Ejército sea investigado exhaustivamente y así lograr dar con el paradero de los jóvenes.

Los padres de las víctimas, acompañados de estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y organizaciones sociales, marcharon para iniciar la “Jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida“, que tendrá lugar entre el 6 y el 16 de junio con actividades en Guerrero y en la Ciudad de México, y que concluirán con una marcha en la capital del país.

La marcha en Guerrero, en la que participaron unas 500 personas, recorrió parte del centro de Chilpancingo (capital del estado de Guerrero) para llegar a la Alameda Granados Maldonado, donde los padres colocaron una ofrenda floral y llevaron a cabo su mitin.

En nombre del Comité de Padres y Madres de los 43, Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, consideró que no ha habido avances significativos en las investigaciones, sino que se cayó en un estancamiento a pesar de que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 29 de marzo, se señala a las fuerzas armadas de estar involucradas en la desaparición de los jóvenes en la ciudad de Iguala.

Dijo que ellos han hecho la petición expresa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el Ejército sea investigado. Sin embargo, aseguró, se han negado a otorgarle información a pesar de tener la “obligación legal” de hacerlo.

“Definitivamente, los hilos de la investigación que nos pueden conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en el archivo del Ejército mexicano, por lo tanto no quitaremos el dedo del renglón y exigimos que la institución sea investigada de manera exhaustiva”, dijo.

Expresó que son conscientes del poder que tiene el Ejército y de su cercanía con el jefe del Ejecutivo Federal, pero que también confían en que el pueblo de México y las organizaciones sociales no permitirán que “el poder de las armas” se imponga ni que la verdad sea sepultada en los archivos militares.

De acuerdo con su calendario de actividades, del 7 al 10 de junio llevarán a cabo mítines en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo e Iguala (todas en el estado de Guerrero), y posteriormente se trasladarán a la Ciudad de México, donde tienen programadas diversas actividades, entre estas un mitin en la Fiscalía General de la República (FGR), el 15 de junio.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los anteriores informes ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El Gobierno de López Obrador reabrió el caso a finales de 2018 y derrumbó definitivamente esta versión oficial al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020, y de Jhosivani Guerrero, en junio pasado, ambos en la Barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

El informe publicado el pasado 29 de marzo aportó, entre otros hallazgos, un video tomado el 27 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula -donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados- protagonizado por miembros de la Secretaría de Marina manipulando pruebas.

Con información de EFE