El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó las nuevas políticas sanitarias de Estados Unidos que, entre otros puntos, reducen las vacunas infantiles recomendadas, algo que “no está en consonancia con décadas de evidencia científica”.

“La política de vacunación debe estar guiada por una revisión rigurosa, independiente y transparente de la mejor evidencia científica disponible, y no por la influencia política”, publicó Tedros en su cuenta oficial en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes 10 de agosto una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños y establece nuevas categorías para otras inmunizaciones.

La medida, impulsada junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., deja vacunas contra la gripe, COVID-19, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis bajo criterios de riesgo o de decisión compartida entre padres y médicos, mientras ordena revisar el calendario federal de vacunación infantil.

De acuerdo con el máximo responsable de la OMS, estos cambios no tienen en cuenta evidencias científicas “que muestran cuándo los niños son más vulnerables a las enfermedades, cuándo las vacunas proporcionan la mayor protección, cuántas dosis son necesarias y qué vacunas pueden administrarse juntas de forma segura”.

“Retrasar las vacunas o separar innecesariamente las dosis no hace que la vacunación sea más segura, y puede dejar a los niños desprotegidos”, advirtió Tedros.

“Todo padre quiere mantener a sus hijos a salvo, y las vacunas se encuentran entre las herramientas más eficaces para hacerlo, ya que permiten prevenir enfermedades mortales”, afirmó el jefe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, que el Gobierno de Estados Unidos abandonó este año.

Trump ha vinculado su decisión con el aumento del autismo en el país y ha cuestionado la seguridad de la vacuna triple vírica, pese a décadas de investigaciones que no han encontrado una relación causal entre las vacunas y el autismo.

Expertos en salud pública han advertido de un posible repunte de enfermedades prevenibles mediante vacunación, en un año en el que Estados Unidos ya ha registrado su mayor número de casos de sarampión en décadas.

Con información de EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que el lunes 10 de agosto de 2026 golpeó varias partes del país y dejó cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales.

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”, señala un decreto expedido por la Presidencia.

Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, “se izará el pabellón nacional a media asta” en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, “la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional”, que “se solidariza ante tal tragedia”, hechos que además “entristecen a todo un país”.

El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes en punto de las 07:34 h local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.

Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.

Con información de EFE

Un tribunal sirio condenó en rebeldía al ex dictador Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, a la pena de muerte por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

El juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, leyó la sentencia en la que también fueron condenados a muerte ocho personas más, incluido el hermano de Al Asad, Maher al Asad, y su primo Atef Najib, el único presente en la sesión.

“La contribución del criminal Bachar al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos”, dijo el juez.

Por ello, el tribunal declaró culpable a Bachar al Asad, que se encuentra en Rusia, del “delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad”.

Este fallo tuvo lugar en la audiencia contra Atef Najib, el que fue el jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, en el sur de Siria y donde comenzaron las revueltas populares en 2011 que derivaron en una guerra durante 14 años en el país.

“Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa”, declaró Al Uryan, y añadió que la rama de seguridad política que Najib dirigía, “junto con otras ramas de seguridad, asaltó la mezquita Omari en Deraa”.

En marzo de 2011, la mezquita Omari se convirtió en el principal punto de encuentro y el corazón simbólico de las primeras protestas antigubernamentales que desencadenaron el levantamiento nacional sirio.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en la mezquita en varias ocasiones, donde mataron a decenas de manifestantes.

El juez afirmó que estos actos atribuidos a Najib, “según las investigaciones y los testimonios de los testigos, constituyen crímenes de lesa humanidad”, y dictaminó la condena a muerte.

A Najib se le atribuye el inicio del levantamiento popular en Siria tras ordenar la detención y tortura de niños que pintaron grafitis antigubernamentales en la pared de una escuela.

Tras el inicio de las protestas, fue reasignado a Idlib (norte de Siria); luego, desde mediados de 2011, se mantuvo escondido y ese mismo año fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Fue capturado en una redada de seguridad en Latakia el 31 de enero de 2025.

Además de Bachar, Maher y Najib, el juez también condenó a muerte a otros seis prófugos mencionados en el caso, todos ellos en rebeldía, por el delito de “asesinato premeditado e intencional y tortura con resultado de muerte”.

A esta audiencia asistieron el Fiscal General Hasan al Turbeh; el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, y otros miembros de la comisión, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, y familiares de las víctimas.

El juicio, el primero del periodo de justicia transicional en Siria y el primer procesamiento público de un ex alto funcionario de seguridad por la represión de 2011, se inició el 26 de abril en Damasco y desde entonces ha celebrado nueve audiencias.

Con información de EFE