La obligatoriedad del registro de líneas telefónicas ya comenzó a generar nuevas formas de fraude. Autoridades y medios locales alertaron sobre la venta de chips preregistrados con datos personales de otras personas, una práctica que podría facilitar delitos y dejar a usuarios inocentes vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con un reporte algunos vendedores ya ofrecen tarjetas SIM activadas con información ajena para evadir el proceso oficial de registro y mantener el anonimato.

“El nuevo chip ya venía activado”, expone el reporte tras un ejercicio realizado por el periodista Jorge Martínez, quien documentó cómo una tarjeta telefónica fue registrada con datos de un tercero apenas minutos después de ser comprada.

El registro de celulares busca asociar cada línea telefónica con la identidad de su usuario para facilitar investigaciones relacionadas con extorsión, fraude y secuestro virtual. Sin embargo, el surgimiento de chips preregistrados encendió alertas sobre posibles vacíos en el sistema.

Según lo documentado, algunos vendedores toman fotografías de las tarjetas SIM y las envían a terceros para activarlas con datos ajenos, lo que permitiría que otras personas utilicen líneas telefónicas aparentemente legales sin revelar su identidad real.

Las autoridades recordaron que el trámite es obligatorio y advirtieron que las líneas que no sean registradas antes del 30 de junio podrían ser suspendidas temporalmente.

Con información de Radio Fórmula.

Tras siete horas de diálogo, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que no llegaron a un acuerdo con representantes del Gobierno sobre los puntos más relevantes del pliego petitorio presentado, por lo que planean protestar desde el próximo 1 de junio, a apenas contados días del Mundial de fútbol.

La dirigente de la sección 22 -un sindicato que agrupa a los educadores-, Yenny Aracely Pérez, informó a la salida de la reunión que no tuvieron respuesta a los 79 puntos presentados a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSSTE), Martí Batres, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

“Nos han dado respuesta a algunas peticiones, y otras no, por lo que nuevamente vamos a una valoración en nuestra asamblea estatal, que sesionará este 30 de mayo”, dijo Pérez a medios nacionales sobre el diálogo en el que también participaron otros 18 profesores.

A la salida del encuentro, la CNTE convocó en sus redes sociales a una huelga nacional el próximo 1 de junio “para exigir respuestas concretas a las demandas históricas del magisterio nacional”.

Entre ellas destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 -que eliminó el sistema de pensiones solidarias-, así como la demanda de jubilaciones dignas y el aumento del 100 % directo al salario base.

La marcha iniciará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo de la capital mexicana, la plaza pública más grande del país, que el 11 de junio será la sede del FIFA Fan Festival, el evento en el que se transmitirán los partidos del Mundial de fútbol 2026.

López también aseguró que habrá una “reparación del daño” a los profesores afectados por las detonaciones con arma de fuego en una serie de manifestaciones de la CNTE en el municipio de Villa de Mitla, en Oaxaca.

Aunque sostienen la exigencia de destituir al alcalde de dicha localidad, Esaú López Quero, a quien señalan como responsable del enfrentamiento.

Las conversaciones que mantiene la CNTE con autoridades federales este viernes se producen luego de que maestros escalaron esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxacapara aumentar la presión sobre el Gobierno mexicano a días del inicio de la cita futbolística.

Más de un millón de litros de hidrocarburo fueron decomisados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo realizado en un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento ilegal de combustible en Nuevo León.

Labores de inteligencia permitieron ubicar el inmueble en el municipio de Cadereyta Jiménez, dentro de la zona metropolitana del estado, informó este viernes la autoridad federal.

En el operativo participó la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

El predio se localiza sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y, durante la intervención, agentes federales aseguraron 67 mil  litros de posible hidrocarburo, así como 400 mil litros de un líquido de color negro y amarillo, cuya composición será analizada.

Además, fueron decomisados tractocamiones, ‘frac tanks’, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos presuntamente relacionados con la operación ilegal.

Tanto el inmueble como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las investigaciones correspondientes.

El delito conocido como ‘huachicol’ —robo y tráfico ilegal de combustibles— y la problemática asociada en México han trascendido fronteras.

En Estados Unidos fue presentada una iniciativa en el Senadopara incluir el robo y contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”, dentro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos.

Organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos han sido señalados por autoridades como parte de redes multimillonarias de tráfico de hidrocarburos.

En Nuevo León se han reportado recientemente otros aseguramientos relacionados con este delito.

Con información de EFE