Un avión pequeño se desplomó este sábado 17 de enero de 2026 al interior de una empresa en Ramos Arizpe, Coahuila, este sábado 17 de enero de 2026, con saldo de dos personas heridas.

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, y se desplomó al interior de una nave industrial ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia.

El desplome del avión tipo Cessna obligó a una fuerte movilización de servicios de emergencia y corporaciones policiacas, quienes acordonaron el área de los hechos.

Autoridades informaron que los tripulantes de la aeronave, un hombre de 66 años de edad y una mujer de 58 años, resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados a un hospital de Saltillo para recibir atención médica especializada.

El Gobierno de Coahuila informó que fueron activados los protocolos de seguridad correspondientes, en dónde participan elementos de la Policía Estatal, de Bomberos de Ramos Arizpe, equipo de seguridad del Aeropuerto y de Protección Civil Estatal y Municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Autoridades de la entidad descartaron personas lesionadas en la nave industrial en la que cayó el avión en Ramos Arizpe.

Con información de López-Dóriga Digital

Un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió la detención en Pachuca, Hidalgo, de Alejandro “N”, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, lo que derivó en un despliegue conjunto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR). El detenido cuenta con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Alejandro “N” es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en delitos de asesinato en primer grado, robo con arma de fuego, hurto de vehículo y secuestro agravado. Por información que condujera a su captura, el FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares.

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI se logró esta detención”, señaló García Harfuch, al destacar la coordinación binacional en el combate a delitos de alto impacto.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento al proceso legal para su eventual extradición a Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital

El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, así como reformas a diversos ordenamientos legales, con el objetivo de enfrentar de manera especializada y coordinada las distintas modalidades de extorsión que afectan a la entidad.

Con esta nueva normativa, el delito de extorsión se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente una querella para iniciar una investigación.

La legislación establece un marco integral que regula los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión, así como otros delitos vinculados.

Entre los principales avances de la ley destaca la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, órgano encargado de articular esfuerzos entre las distintas dependencias de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

Asimismo, se aprobó la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, la cual dependerá de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Esta nueva fiscalía contará con personal capacitado, evaluado y certificado, con especialización conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y mejorar la eficacia en la persecución de este delito de alto impacto.

De igual forma, se creará el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, cuyo objetivo será facilitar la denuncia, brindar acompañamiento a las víctimas y canalizar de manera inmediata los casos a las autoridades competentes, reduciendo los tiempos de respuesta institucional.

En otro punto relevante, el Congreso mexiquense aprobó derogar el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal, ya incorpora este delito y establece las sanciones correspondientes. Con ello, se busca armonizar la legislación local con el marco jurídico nacional.

Buscan inhibir extorsiones que salen desde las cárceles

Los artículos transitorios de la nueva normatividad establecen que los centros penitenciarios estatales tendrán un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen, una de las principales fuentes de extorsión en el país.

Durante la sesión legislativa, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva y legisladora de Morena, destacó que estas reformas fortalecen las funciones de inteligencia, consolidan las mesas de la paz y dignifican a las corporaciones policiales mediante un modelo de seguridad centrado en la persona.

En materia de desaparición de personas, Camacho Reynoso subrayó que las reformas colocan en el centro a las víctimas y a sus familias, al mejorar la coordinación institucional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.

Asimismo, se aprobaron modificaciones legales para fortalecer la investigación de los delitos, estableciendo la participación activa de la Secretaría de Seguridad y de las instituciones policiales estatales y municipales, siempre en coordinación y bajo la conducción del Ministerio Público.

Finalmente, el Congreso actualizó el marco de coordinación interinstitucional en seguridad pública, amplió y precisó las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconoció a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y promovió la profesionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de avanzar hacia un Estado de México más seguro y con instituciones más sólidas frente a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Con información de Infobae