La Fiscalía de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Emma Yesenia Rubí “N”, expolicía municipal de Guadalajara entre 2021 y 2023, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Por medio de un comunicado el lunes 4 de mayo de 2026, la autoridad de Jalisco indicó que la expolicía municipal permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años como medida cautelar.

De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron el 31 de agosto de 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad al exterior de una tienda de abarrotes en el municipio de Guadalajara.

Un día después, el 1 de septiembre, el cuerpo de la víctima fue localizado en un canal de aguas ubicado en el municipio de El Salto.

“Dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte de la víctima fue asfixia mecánica por estrangulación, presumiblemente durante el periodo en que la víctima permaneció privada de su libertad”, se indicó en el comunicado de la Fiscalía estatal.

Las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional establecieron la presunta participación de tres personas en el crimen: dos hombres —uno de ellos bajo reclusión por delitos federales y otro que murió en Sinaloa—, además de la hoy imputada.

Emma Yesenia Rubí “N” fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Colinas de Huentitán. Tras ser puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio.

La Fiscalía de Jalisco detalló que mantendrá las investigaciones abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos y garantizar que todos los responsables por el crimen reciban la sanción correspondiente.

Con información de López-Dóriga Digital

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México -reveló- también son investigados.

Mediante un mensaje en video, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado —gobernado por la panista María Eugenia Campos—, se aplicará “todo el peso de la ley” contra quien resulte responsable.

“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, dijo.

También resaltó que serán recopilados los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad.

“La única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”, destacó Ulises Lara, en un contexto en el que la gobernadora Maru Campos creó una comisión de investigación para investigar la participación de los agentes de la CIA.

El operativo tuvo lugar el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un narcolaboratorio. Tras el operativo hubo un accidente carretero que resultó en la muerte de dos funcionarios de la entidad y dos ciudadanos estadounidenses, lo cual destapó la presencia de la CIA en el estado.

El hecho fue dado a conocer el 19 de abril por el entonces fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien por el caso renunció al cargo el 27 de abril pasado.

Cabe señalar que la FGR abrió el pasado 29 de abril dos carpetas de investigación sobre el caso, una de ellas por el narcolaboratorio desmantelado en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la CIA en acciones antidrogas en colaboración con mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por posibles delitos en materia de seguridad nacional.

Con información de La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con seguridad.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esto se debe a la “consideración de riesgo de su persona”.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad”, dijo.

“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad, y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, agregó.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó “licencia temporal” de su cargo tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de EE.UU. en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

En medio del sismo político entre ambos países, el gobernador morenista reiteró que los señalamientos en su contra son “falsas y dolosas acusaciones”.

En ese sentido, aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y que es su “vida de trabajo” la que respalda sus afirmaciones.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Con información de López-Dóriga Digital