NACIONAL
Medios mexicanos se unen para exponer drama de los asesinatos de periodistas
Investigar, ampliar y hacer públicos los expedientes de cada uno de los periodistas asesinados en México desde mediados de los ochenta -más de 200 casos y 8 este 2022-, es el principal objetivo de la nueva asociación civil Alianza de Medios MX.
Integrada por 13 medios mexicanos, la Alianza de Medios ha organizado una red de corresponsales en todo el país para investigar en profundidad cada caso.
“Se trata de juntar apoyos para que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra periodistas en México”, explicó a Efe, Martha Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
“Nos pareció muy importante que esos expedientes y los datos fueran públicos de todas las investigaciones y que se pueda acceder a cada caso de un periodista asesinado”, agregó Ramos, quien este año preside la alianza.
Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado mil 945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, 8 en lo que va de este año, y dos desapariciones, 85 por ciento más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Además, en 2021 se registró por primera vez al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país.
Asociación civil, un paso más
Ramos considera que “es un momento crítico para la prensa y los medios en México” y cree firmemente que la violencia contra la prensa “debe ser un tema de permanente de discusión”.
Para reforzar la posición de la alianza, la semana pasada lograron la etiqueta de asociación civil, una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, para buscar ahora alianzas con la Escuela Libre de Derecho o la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Descartaron ser una ONG porque en México “hay muchas, sólidas y muy prestigiosas” como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés).
“Queríamos aportar algo más y por eso hemos investigado y recabado datos para abrir expedientes de cada caso”, expuso.
En el sitio de internet de la alianza existen expedientes de cada uno de los casos, unos más amplios que otros, pero todos con información.
“Tenemos 80 expedientes completos con las investigaciones judiciales, hasta dónde llegaron, si es que las hubo y con información recolectada para que la base de datos sirva de consulta permanente”, indicó.
Ramos explicó que los casos se van publicando conforme se amplían los expedientes en el sitio web de la alianza.
“Es un archivo de consulta, una base de datos única y se agrega cada actualización. Si aparecen nuevos datos lo publicamos todos los medios integrantes de la alianza”, dijo.
Recordó que hay casos que tienen “muchísimos años”, incluso hay dos casos previos al sonado asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo de 1984.
“Queremos llegar más lejos y seguir trabajando para poder influir en los casos que ya prescribieron”, expuso Ramos.
Investigaciones, sin avance
Lamentó que las investigaciones de los ataques y asesinatos “nunca llegan a nada y en el mejor de los casos se detienen a los autores materiales” pero pocas veces se sabe “el móvil o el autor intelectual de los hechos”.
La tesis central de la alianza es que “en muchos de los casos hay colusión de autoridades y por eso no hay ningún interés de seguir las investigaciones hasta su fin”.
“No somos Ministerio Público ni Fiscalía pero sí podemos publicar toda la información a la que accedemos para que al menos quede claro que hay materia para investigar”, expuso.
Ramos aceptó que ha habido una evolución de cómo las autoridades se hacen cargo y se responsabilizan de la investigación de los casos de periodistas asesinados.
“Hace cinco años lo primero que decían era que seguramente no tenía nada que ver con su profesión, los desestimaban y ahora, en los sonados asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, han detenido a personas pero todavía no sabemos el móvil y no se ha cerrado la investigación”, explicó.
La Alianza de Medios MX está integrada por El Universal, Proceso, Eje Central, El Heraldo de México, El Debate, Vanguardia, El Dictamen, Organización Editorial Mexicana (OEM), La Silla Rota, Publimetro, Político MX, El Economista y Radio y Televisión Mexicanas CIRT.
Con información de EFE
NACIONAL
Sergio Estrada, ex gobernador de Morelos, sale de la cárcel; permanecerá en arresto domiciliario
Sergio Estrada Cajigal, ex gobernador de Morelos, salió de la cárcel a pesar de que enfrenta un proceso por violencia familiar y de género.
Una jueza modificó la medida cautelar impuesta a Cajigal Ramírez, en 2024, de prisión preventiva justificada.
Tras salir del penal de Quintana Roo, el exgobernador de Morelos permanecerá en arresto domiciliario en Cancún, con un brazalete electrónico.
Denuncian al ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada, de violencia familiar
Sergio Estrada Cajigal fue vinculado a proceso por violentar a su ex pareja sentimental en noviembre de 2021, producto, según la declaración de la víctima, de un arranque de celos.
Un peritaje psicológico confirmó que la mujer sufrió estrés postraumático y trastorno depresivo mayor con intento suicida, asociado al maltrato por parte de Sergio Estrada.
El ex gobernador de Morelos intentó desacreditar la acusación en su contra apelando incongruencia por parte de su expareja, al señalar que no es posible que haya tolerado la situación por más de dos años sin haber acudido a las autoridades competentes.
“No en todo asunto donde se involucre un tema de violencia de género, la mujer, por ser mujer, debe considerarse como víctima, y el hombre, por ser hombre, debe considerarse como culpable, pues ello, indefectiblemente, sería una forma discriminatoria de aplicación de la ley”, expuso.
Con información de Radio Fórmula y El Universal
NACIONAL
Rocha Moya y Enrique Inzunza confirman que atenderán citatorios de FGR
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza atenderán el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer.
Por medio de un mensaje en redes sociales, Rocha Moya indicó que es un hombre que no tiene nada que temer y que acudirá a comparecer.
“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, apuntó por medio de un mensaje en sus redes sociales.
“Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la @FGRMexico con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, puntualizó.
Por el su parte, el senador Enrique Inzunza apuntó que atenderá el llamado que le realizó la FGR.
“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, señaló.
“La FGR citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso”, agregó.
“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos”, argumentó.
En un comunicado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.
La Fiscalía no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.
No obstante, precisó que actúa “con plena sujeción al debido proceso” y que seguirá informando “de manera transparente y oportuna” sobre los avances de las investigaciones.
La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.
El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
FGR cita a Rocha Moya y al resto de los acusados de Sinaloa por nexos con el narco
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de la entidad fueron citados a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso de Rocha Moya, dicho citatorio fue entregado alrededor del mediodía del sábado 23 de mayo de 2026.
Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron señalados la semana pasada por la Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Debido a esta situación, Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República lleva a cabo las investigaciones el caso.
Otros de los señalados son el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza.
Sin embargo, dos exfuncionarios del Gobierno de Rocha Moya se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
El Gobierno de México ha respondido que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de detención urgente en contra de los señalados.
La acusación contra los diez funcionarios ha tensado la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Sinaloa vive inmerso en una espiral de violencia a raíz de la pugna entre los grupos criminales Los Mayos y Los Chapitos, a raíz de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los líderes del narcotráfico Ismael MayoZambada Joaquín Guzmán López, ocurridas en julio de ese mismo año.
Con información de López-Dóriga Digital
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