NACIONAL
MATAN A JUEZ QUE ORDENÓ TRASLADO DE ¨EL MENCHITO¨
Tras el asesinato del juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el crimen y lanzó un llamado para exigir seguridad para juzgadores y sus familias, y afirmó que revisará la situación de cada uno para fortalecer las medidas necesarias que garanticen su integridad.
A las 09:00 horas de ayer, el juez iniciaba su día con normalidad, revisó sus redes sociales, en las que compartió la noticia del inicio de los juicios en línea del PJF, y dos horas después un grupo de hombres armados irrumpió en su casa en la ciudad de Colima para quitarles la vida a él y a su esposa. Al ataque sobrevivieron sus dos hijas menores de edad y la mujer que realizaba las labores domésticas de la casa.
El ministro Zaldívar manifestó un enérgico rechazo a la violencia y afirmó que el hecho les duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todos los mexicanos.
Lanzó un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los jueces federales y sus familias, que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. “Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de los jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias”, dijo.
Cerca de las 13:00 horas los ministros de la Corte discutían en pleno por videoconferencia la Ley para Regular la Convivencia Civil en el estado de Colima, donde vivía el juez, cuando el presidente Zaldívar interrumpió la exposición del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para informar que recibió la noticia de la ejecución del juez.
“Acabo de recibir una terrible noticia… fue ejecutado el señor juez Uriel Villegas Ortiz, juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su esposa, Verónica Barajas”, anunció.
“Tenemos que decir con contundencia un no a la violencia, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado democrático establece, y que es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, pero de manera especial de aquellos quienes con valentía y vocación arriesgan su vida para proteger los derechos de todos”, añadió.
Los ministros Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández afirmaron que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación hacen suyas las palabras de Zaldívar y se solidarizaron con las familias afectadas por este hecho.
Minutos después el ministro Zaldívar dio por concluida la sesión, pues debía atender el asunto con extrema urgencia.
Media hora más tarde la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que inició la carpeta de investigación correspondiente al homicidio del juez y su esposa.
“A partir de este momento se inician las investigaciones correspondientes, solicitando del gobierno del estado de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) toda la información y apoyos necesarios.
“En cuanto vayan existiendo datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer”, señaló el organismo mediante un comunicado.
Un equipo de investigadores y peritos de la FGR se trasladó a Colima para iniciar las labores de investigación del asesinato.
EL UNIVERSAL informó en diciembre de 2019 que al cierre de ese año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan.
En su primer informe de labores, el ministro Zaldívar indicó que durante 2019 un total de 91 juzgadores contaban con vehículos blindados, 11 de ellos asignados ese año; 89 tenían servicio de escoltas, 12 de nueva designación; 89 usaban chaleco antibalas, 11 entregados ese año, y ocho tienen medidas de seguridad provisionales también implementadas en dicha anualidad, tales como teléfonos con botón de pánico.
Los jueces y magistrados federales que tenían estas medidas radican en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
Con información de EL UNIVERSAL
La Secretaría de Marina (Semar) desplegó mil 400 elementos como parte de las acciones preventivas ante el huracán Polo en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco; mientras mantiene activo el Plan Marina y prepara ayuda humanitaria para las zonas que pudieran resultar afectadas.
En un comunicado, la dependencia informó que Polo había vuelto a alcanzar la categoría 5 y se encontraba en las inmediaciones de Isla Socorro, Colima. La trayectoria prevista contemplaba un desplazamiento hacia el norte-noroeste, bordeando la costa occidental de la península de Baja California, con posibles efectos en Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés.
Como parte del operativo, a Manzanillo (Colima) llegaron mil despensas y 8 mil litros de agua, embarcados en el ARM Isla Tiburón. Los suministros podrán ser trasladados a La Paz y Santa Rosalía, Baja California Sur, dependiendo de la evolución del ciclón y de las necesidades de la población.
Tres buques y brigadas, listos para responder
La Marina mantiene preparados los buques ARM Usumacinta, ARM Isla Tiburón y ARM Zapoteco. También dispuso tres vehículos tipo Ural y material logístico, mientras las Brigadas de Respuesta a Emergencias permanecen en condiciones de ser desplegadas.
En materia de navegación, continuaba el cierre para embarcaciones menores en San Carlos y Bahía Magdalena, Baja California Sur. La dependencia indicó que las medidas precautorias en los puertos del Pacífico se actualizarán conforme cambien las condiciones meteorológicas y marítimas.
En Michoacán, personal naval realizó labores de limpieza y remoción de escombros, colocó 2 mil 250 costales de arena para contener el oleaje, apoyó en la entrega de 232 despensas y colaboró en el traslado de habitantes hacia albergues. Para emergencias, la Marina puso a disposición el número 800 MARINA (627462).
Con información de López-Dóriga Digital y Semar
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en un hospital de Mexicali (Baja California): un nuevo caso sobre la atención a menores de edad en el país, tras la muerte de cinco bebés en otra unidad del organismo en Durango.
El intercambio erróneo ocurrió en el Hospital de Gineco Pediatría número 31 de la capital de Baja California, según un comunicado del IMSS, donde ofreció disculpas a las dos familias y anunció una revisión de sus procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal.
Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, informó que un equipo de nivel central viajó a Mexicali para reunirse con las familias, y reconoció no sólo la entrega equivocada, sino también que la institución no comunicó la situación desde que surgieron las primeras dudas.
Atención médica, psicológica y jurídica
Paredes señaló que el Seguro Social asumirá la atención de las familias y ofrecerá acompañamiento psicológico, médico y jurídico; en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La funcionaria añadió que las decisiones se tomarán junto con las familias, “a su ritmo”, y que el IMSS protegerá la identidad y los datos personales de las menores.
Indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Con información de EFE
El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió este sábado del penal federal del Altiplano para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta relación con una red de huachicol.
La salida ocurrió después de que una autoridad judicial modificara el lugar donde Ruffo Appel deberá cumplir la medida cautelar, mientras se desarrolla el procedimiento en su contra.
El ex mandatario abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, ubicado en el Estado de México, acompañado por dos camionetas de la Guardia Nacional. Será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde permanecerá bajo prisión domiciliaria.
Cabe precisar que el cambio de medida no representa la conclusión del proceso judicial ni una absolución.
El ex gobernador panista es acusado de encabezar una red vinculada con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
Con información de López-Dóriga Digital
-
ESTATAL5 años agoHabrá ‘súper puente’ de 5 días en octubre
-
DELICIAS5 años ago84 % de probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica para esta noche
-
CAMARGO9 años agoCALENDARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE PROSPERA
-
DELICIAS4 años agoMujeres de Delicias ofrecen servicio de transporte para que todas lleguen seguras a casa
-
CAMARGO7 años agoELLA ES LA CHICA QUE AYUDO A LOS AGRICULTORES EN MEDIO DE LA RIÑA
-
CAMARGO5 años agoRecomendaciones para evitar golpe de calor en mascotas
-
MEOQUI4 años agoHay buen pronóstico de lluvias para los próximos meses
-
ESTATAL5 años agoVolverían nevadas jueves y viernes en el estado: SMN