Las acusaciones de Lozoya contemplan una gama de actos ilegales como transferencias de capital a la campaña presidencial de Peña Nieto, sobornos a legisladores para la aprobación de reformas estructurales. 

Casi un mes después de regresar de España, Emilio Lozoya habló y pasó de acusado a acusador. De manera inédita, el ex director de Petróleos Mexicanos detonó una de las más grandes investigaciones por corrupción que se hayan visto en el país, en la que se involucra a una decena de políticos del PRI y PAN activos a lo largo de dos sexenios, incluidos el ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray.

Las acusaciones de Lozoya, que ya forman parte de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República y aún deben ser probadas, contemplan una gama de actos ilegales como transferencias de capital a la campaña presidencial de Peña Nieto, sobornos a legisladores para la aprobación de reformas estructurales y la firma de contratos dañinos para Pemex en favor de Odebrecht.

Se trata de aristas que tocan de una u otra forma a personajes como Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Luis Vega, José Murat y cinco ex senadores del PAN, algunos de ellos gobernadores en la actualidad.

Las indagatorias federales, anunciadas ayer por el fiscal Alejandro Gertz Manero, toman como base la denuncia de hechos que presentó el ex director de Petróleos Mexicanos, en la que señaló a Peña Nieto y a Videgaray, de haberle ordenado repartir más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012 y de comprar con 404 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

Lozoya aseguró también que durante el sexenio de Calderón se otorgaron beneficios económicos a Braskem, filial de Odebrecht, la cual en asociación con la compañía mexicana IDESA, tenía en sus manos el proyecto de la planta Etileno XXI, en Veracruz, lo que generó pérdidas cuantiosas al gobierno federal. Etileno XXI es operada por el consorcio Braskem-Idesa; en el consejo de administración del ala mexicana se encuentra la familia política del ex secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, quien recientemente dejó su cargo. Para sustentar sus dichos, Lozoya ofreció como pruebas el testimonio “de cuatro testigos”.

Entre ellos, se encuentran sus colaboradores más cercanos y que, a su lado, participaron activamente en distintos actos ilícitos: Froylán Gracia, su coordinador ejecutivo en Pemex; Carlos Roa, coordinador de asesores; Edgar Torres, director de Pemex Fertilizantes; y Rodrigo Arteaga, su ex secretario particular, todos ellos vinculados a una oficina alterna en la que se negociaban contratos y sobornos. Junto con esas testimoniales, Lozoya entregó recibos y hasta un video, por lo que la FGR comenzará ahora su análisis y determinará si judicializa la carpeta de investigación contra los ex titulares del Ejecutivo Federal y de Hacienda, un diputado y cinco senadores que supuestamente recibieron dinero por sus votos.

Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a través de un videomensaje. “A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en caso de que sea procedente a las personas que él imputa los llamaremos a declarar”, declaró el fiscal.

Gertz Manero informó que Lozoya presentó la denuncia de hechos este martes, respecto a su participación en el caso Odebrecht y en varios otros casos.

“En el caso de Odebrecht, este individuo (Lozoya) está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales, fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República. El que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray), son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas.

“Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando”, explicó el titular de la FGR. En un video dado a conocer poco después del mediodía, el fiscal mencionó que Lozoya también denunció la compra de votos en el Congreso de la Unión para las reformas estructurales en 2013 y 2014.

Según la denuncia, Peña y Videgaray ordenaron comprar con 120 millones de pesos los votos de un diputado y cinco senadores. De acuerdo a funcionarios federales consultados, se trata del ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, ex presidente de la Cámara de Diputados, así como los senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. La lista la completa el también panista José Luis Lavalle Maury.

En otra parte de la denuncia, Lozoya abordó el caso de la planta Etileno XXI, una herencia del sexenio calderonista. “En ese caso específico él (Lozoya) señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa (Braskem) que también está vinculada con una empresa mexicana (IDESA) que es socia de Odebrecht y que también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en el que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, mencionó Gertz.

Ubicado en el papel de víctima -en días pasados su defensa aseguró que fue “instrumentalizado”- Lozoya señaló que Peña y Videgaray “le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes (a) los nombres de los anteriores, a un secretario de Finanzas de un partido político y todo esto, después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma estructural, a través de un enlace que él da el nombre”.

De acuerdo a las indagatorias y testigos de los sobornos se trataría del secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega, quien ocupó esa cartera durante todo el sexenio peñanietista y era operador de Videgaray. Las mismas fuentes consultadas afirman que el «enlace» es el ex gobernador de Oaxaca y quien presumió ser el arquitecto del Pacto por México: José Murat. Estas afirmaciones, apuntó el fiscal, deberán ser demostradas por Lozoya con pruebas fehacientes para poder proceder contra los mencionados.