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NACIONAL

Las dudas y la impunidad persisten casi nueve años después del caso Ayotzinapa

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Un año después de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, las familias piden avances y concreción después de que aquel documento declarase que fue un crimen de Estado y diese por fallecidos a los jóvenes.

El informe lo presentó el 18 de agosto de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Covaj, en un evento en el que estaban presentes las más altas autoridades del estado, los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero en entrevista con EFE, Carlos Beristáin, uno de los miembros del GIEI, consideró inapropiada la manera de presentar el reporte, pues convocaron a los familiares sin que antes las autoridades se reuniesen con ellos en privado para darles los detalles del contenido del documento.

El contenido del informe
En su momento — y también en la actualidad—, tanto los familiares como los expertos independientes y organizaciones sociales reconocieron que el documento implicaba avances, como aceptar que el ataque y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sur del país, es un crimen de Estado.

También, que se reconociera la participación de los distintos niveles de las fuerzas del Estado en los hechos y que se rompiera de manera contundente con la llamada “verdad histórica”, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, el documento de la Covaj incluía información que, más tarde, tras un peritaje externo solicitado por el GIEI, fue dada por falsa, al contener al menos 181 inconsistencias.

En octubre de 2022, el GIEI determinó que no era posible garantizar la originalidad de los mensajes de presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Un día después de la presentación del informe, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó 83 órdenes de detención a militares, pero al menos 21 de se cancelaron, algo que las familias no comprendieron.

Todo esto llevó a una crisis dentro de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, y a la salida de quien había sido hasta entonces el fiscal especializado, Omar Gómez Trejo.

Un año complejo
Con un panorama complejo para los familiares de los estudiantes por un informe precipitado, además de la crisis en la fiscalía especializada, se sumó el anuncio del GIEI de que dejaría el país ante la imposibilidad de continuar con sus investigaciones.

“Si no tenemos acceso a la información que sabemos qué hay y si se sigue mintiendo, a pesar de las instrucciones que tienen las Fuerzas Armadas, que no responden ni siquiera las presidenciales, pues nosotros lo podemos seguir”, detalló el experto.

El GIEI presentó el pasado 25 de julio su último informe sobre el caso, en el que se acredita la participación del Ejército y de la Marina, a quienes ubicaron en los diferentes escenarios en un mapa de localización de comunicaciones.

También probaron la existencia de mecanismos de vigilancia a los estudiantes normalistas.

La gran incógnita: ¿dónde están?
Para el GIEI, la gran incógnita sigue siendo el paradero de los estudiantes. También para los padres es su mayor anhelo, por lo que pidieron públicamente que el próximo informe de la Covaj vaya en línea por lo investigado y establecido por el GIEI.

“Los padres y madres seguimos con esa frustración de no saber el paradero de nuestros hijos. El informe del GIEI demuestra que los militares tuvieron participación, tienen documentación que han ocultado. Nosotros exigimos que se entregue para saber qué pasó”, dijo en entrevista Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa.

Ella y otras madres y padres pidieron tras la presentación del informe del GIEI reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien anteriormente se daban cita una vez al mes.

“Estamos muy tristes porque el gobierno, a pesar de nueve años, no nos da respuesta, parece que está protegiendo a los militares y a las fuerzas policíacas. Nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir”, terminó María Concepción.

 

 

Con información de Latinus

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NACIONAL

Ejército despliega mil 500 elementos para reforzar seguridad en Mazatlán

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Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Ejército desplegará mil 500 elementos en distintos puntos de Mazatlán, Sinaloa, para reforzar las labores de seguridad en el municipio.

A este operativo se sumarán 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes serán trasladados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta Mazatlán a bordo de una aeronave Boeing B-727 de la Fuerza Aérea Mexicana.

A su llegada, los elementos se incorporarán a las acciones de seguridad que se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Con estas acciones el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la sociedad sinaloense.”

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que este refuerzo busca contribuir a los resultados del Gabinete de Seguridad contra la delincuencia organizada en Sinaloa.

De acuerdo con el reporte, durante el presente año las autoridades han logrado mil 026 detenciones, el aseguramiento de 2 mil 031 armas de fuego y 47.9 toneladas de droga, además de la inhabilitación de 672 laboratorios y áreas de concentración.

Con el nuevo despliegue, las Fuerzas Armadas continuarán participando en las labores de seguridad en el municipio de Mazatlán.

 

Con información de López-Dóriga Digital.

 

 

 

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NACIONAL

Estudiantes de la UAEM claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte

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Decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon para exigir justicia por el asesinato de la española Claudia Tacoronte Aguilera y denunciar una crisis de inseguridad que, aseguran, los hace sentirse vulnerables incluso dentro de las instalaciones universitarias.

La protesta de los estudiantes de la UAEM ocurre después de que Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad y estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada, fuera asesinada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre durante un supuesto intento de asalto en Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El asesinato ha causado especial conmoción en una comunidad universitaria golpeada por otros crímenes: Tacoronte Aguilera es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en los últimos siete meses.

Los manifestantes, que marcharon desde el campus Chamilpa hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca, demandaron mayor seguridad para la población estudiantil de este central estado y, en especial, para la comunidad de la UAEM, donde Tacoronte Aguilera cursaba estudios de intercambio.

“La verdad creo que hace falta demasiada seguridad en nuestro estado. Creo que tanto la población como las autoridades deben colaborar en este punto”, señaló a EFE Regina Rodríguez, una de las manifestantes.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras que el Gobierno mexicano ha informado que autoridades federales colaboran con las estatales y que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el Consulado de España.

Otra manifestante, que omitió su nombre, señaló que el asesinato de la joven española “nos da muchísima rabia, muchísima ira” porque ninguna mujer “merece morir” de una manera tan violenta, y denunció la “violencia” y la “impunidad” en el estado.

Morelos se encuentra entre las siete entidades que concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos de México entre enero y julio de 2026, con un 5.5 por ciento del total nacional, aunque las autoridades reportan una reducción del 17.7 % en el promedio diario de asesinatos durante los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2025.

Otra de las estudiantes afirmó que la situación ha rebasado tanto a la Rectoría universitaria como a los gobiernos municipales y estatal.

“Creo que estamos en una situación, en una crisis que debemos atender (…) Es una realidad que está poniendo a Morelos en el campo mediático”, apuntó.

Una estudiante más aseguró que acudió a la manifestación para “reclamar justicia” y “reclamar seguridad”, al advertir que no se siente protegida ni dentro de la UAEM ni en las calles.

“No se siente seguridad. Las cámaras no son suficientes, hacen falta protocolos”, expuso, antes de lamentar que estudiantes extranjeros lleguen al estado sin recibir desde el inicio suficiente información sobre los riesgos de seguridad.

El crimen llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente nuevas movilidades académicas con la UAEM y a ofrecer alternativas a los estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos, mientras que los alumnos españoles que ya se encuentran en la institución mexicana han recibido apoyo para decidir si permanecen o regresan a España.

“Ellos vienen a México, no se les informa la situación en la que está México, no se les informa la situación en la que está Morelos”, reprochó la manifestante.

 

Con información de EFE

 

 

 

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NACIONAL

Senado aprueba ingreso a México de militares estadounidenses

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El Pleno del Senado de la República autorizó el ingreso de 139 militares estadounidenses a territorio nacional, con el objetivo de que participen en el Ejercicio Especializado Conjunto a realizarse del 20 al 30 de septiembre de 2026, en Chihuahua.

Por unanimidad, con 75 votos a favor, el Pleno aprobó la solicitud considerada como de urgente resolución, en torno al ejercicio que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, de Santa Gertrudis.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares, bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación.

La delegación estará conformada por 139 militares pertenecientes a la 101/a División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos; su ingreso será con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense.

Los militares estadounidenses llegarán a la 5a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 20 de septiembre y regresarán a su país el 30 del mismo mes.

En el documento aprobado por la Cámara Alta se establece que este esfuerzo conjunto no solo impactará positivamente en el fortalecimiento de la preparación individual y colectiva, sino que también contribuirá al perfeccionamiento de los mecanismos bilaterales de cooperación militar entre ambos países.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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