NACIONAL
La Fiscalía reactiva 17 órdenes de detención por el “caso Ayotzinapa”
La Fiscalía mexicana ha reactivado órdenes de detención contra 17 personas, investigados en el marco del caso Ayotzinapa. La propia dependencia pidió estas detenciones al juzgado en agosto de 2022, pero luego se desdijo y el juzgado las canceló. De las 17 órdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil, el antiguo juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, que vive en Estados Unidos con asilo político. Entre los militares figura el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante en su día de una de las dos guarniciones de Iguala, el 41 Batallón de Infantería.
De los 16 militares sobre los que pesan las órdenes reactivadas, ocho ya han sido “puestos a disposición” ante la Fiscalía General de la República (FGR), según una fuente conocedora del caso. Se trata de los elementos que siguen en activo en las Fuerzas Armadas. Otra fuente señala que los ocho están en la prisión militar de Ciudad de México. De los otros ocho no se tiene noticia. Entre estos últimos figura el coronel Hernández Nieto. Entre los 16 militares requeridos están al menos una decena de integrantes de la Fuerza de Reacción del otro cuartel de Iguala, el 27 Batallón de Infantería y dos elementos castrenses asignados a la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La FGR no ha informado quién de los 16 está preso y quién no.
Aunque la orden original buscaba la captura de 15 de estos 16 militares por desaparición forzada y delincuencia organizada, y uno más, el coronel Hernández Nieto, por delincuencia organizada, sus capturas ocurren ahora por menos delitos. La excepción es el coronel Hernández Nieto, al que se le mantiene la acusación por delincuencia organizada. Los otros 15 caen solo por desaparición forzada. Al menos de momento. La acusación contra el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, es por desaparición forzada. De nuevo, la FGR no ha dado detalles al respecto.
Los 16 militares requeridos se unen a otros cuatro que ya viven presos, todos indiciados en el marco de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De los cuatro presos, uno es el capitán José Martínez Crespo, detenido en noviembre de 2020, mando de la Fuerza de Reacción del 27 Batallón de Infantería. Acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, Crespo y sus hombres circularon por Iguala durante el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acudiendo a varios de los escenarios de la agresión, entre ellos el cruce de las calles Juan N. Álvarez y Periférico y la clínica Cristina.
Además de Crespo, los otros tres militares detenidos, vinculados al caso, son el general José Rodríguez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada en 2020, se le añadió el año pasado el delito de desaparición forzada. A Pirita y Mota se les acusó de ambos. A Rodríguez solo de delincuencia organizada.
El vaivén de órdenes pedidas y canceladas de agosto respondía a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y la Unidad de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada entonces por Omar Gómez Trejo. En septiembre, Gómez Trejo renunció y el Gobierno presionó para el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador. 10 meses más tarde, las órdenes de captura han vuelto a estar vigentes.
Quedan en el limbo de momento cuatro órdenes de detención canceladas también en agosto, todas contra civiles. Se trata de las que la UEILCA pidió contra el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Todas estas acusaciones, las órdenes canceladas ahora reactivadas, apuntan a la red de complicidades alrededor del grupo de criminales y autoridades que perpetraron el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43. Al general Rodríguez, por ejemplo, se le acusa de delincuencia organizada por su presunta colaboración con el grupo criminal detrás del ataque, Guerreros Unidos. Con el capitán Crespo ocurre lo mismo. En su caso, la UEILCA presume además que Crespo tuvo que ver en la desaparición de los 43.
El caso de Ulises Bernabé es algo distinto. Encargado de una instalación de la Policía de Iguala en la época del ataque, Bernabé siempre negó que por allí hubiera pasado un grupo de normalistas tras el ataque, ya en manos de la red criminal. Los criminales asumen que esto es falso y que un grupo de más de una decena de estudiantes fueron llevados allí, como parte de la ruta de desaparición tejida por los perpetradores. El problema será la vuelta de Bernabé a México, por su condición de refugiado.
Con información de El País
Un adolescente de 12 años de edad murió durante su fiesta de graduación, hecho que ya investiga la Fiscalía de Sonora.
Los hechos se registraron este 6 de julio en un centro recreativo de Guamúchil.
La víctima fue identificada como Brandon Amisaday, de 12 años de edad.
El adolescente se encontraba en una fiesta de graduación junto a familiares, amigos y compañeros.
En algún momento de la velada el menor fue hallado inconsciente dentro de la alberca del lugar.
Paramédicos llegaron al lugar y trasladaron a Brando al Hospital General de Zona No. 30 del IMSS, donde le realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, se confirmó su deceso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
Con información de Meganoticias
El Gobierno de México acusó que “alguien mintió” en relación al operativo que derivó en la captura del narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada.
La Secretaría de Gobernación presentó en la Mañanera del Pueblo una breve cronología sobre la detención del líder del Cártel de Sinaloa.
Expuso como antecedentes la captura en enero de 2023 de Ovidio Guzmán, hijo de ‘el Chapo’ Guzmán, y su posterior extradición a Estados Unidos.
No obstante, precisó, el 25 de julio de 2024 la Embajada de EE.UU. informó el cambio de medida cautelar de ‘el Ratón’ sin consultar al Gobierno de México, lo que supone una violación al tratado de extradición.
Ese mismo día, detalló, Joaquín Guzmán López (hijo de ‘el Chapo’ Guzmán) e Ismael ‘el Mayo’ Zambada arribaron vía aérea a Santa Teresa, Nuevo México, donde fueron detenidos.
“Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar”, puntualizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La titular de la Segob refirió que el 31 de julio de 2024 el Gobierno de México solicitó información a la Embajada de EE.UU. sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.
Días después, el 9 de agosto, el embajador Ken Salazar informó que ninguna agencia de EE.UU. participó en el operativo.
El 9 de mayo de 2025 el Gobierno de EE.UU. recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán.
Y el 2 de julio de 2026, un reportaje de Pie de Nota informa que el avión pequeño es parte de una exposición de aviones de guerra, en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de dicha agencia.
“Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, sentenció Rosa Icela Rodríguez.
La funcionaria también presumió un acuerdo entre el Gobierno de EE.UU. con los hijos de ‘el Chapo’ para la detención de ‘el Mayo’ Zambada, ante lo cual sostuvo que el Gobierno de México hace ni ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicite al FBI mayor información sobre el operativo, al tiempo que se entabló comunicación con la Embajada de EE.UU. en México para conocer mayores detalles sobre la captura de ‘el Mayo’ Zambada.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó asimismo que hasta ahora el Gobierno de EE.UU. no ha informado cómo se llevó a cabo el operativo de detención de ‘el Mayo’ Zambada, mientras que el embajador Salazar y el reportaje de Pie de Nota se contradicen.
Respecto a Ken Salazar, calificó de relevante conocer si un embajador estadounidense le mintió al Gobierno de México, al tiempo que presumió que el diplomático también pudo mentirle al Gobierno de EE.UU.
“¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero por haber mentido como embajador y segundo, se estarían violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, reiteró.
Con información de López-Dóriga Digital
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no descarta la existencia de delitos en la investigación por la muerte del joven Isaías Trejo tras los festejos mundialistas por la victoria de México ante Ecuador el pasado 30 de junio.
La institución indicó que revisa testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales y estudios toxicológicos, para esclarecer la muerte de IsaíasTrejo, un joven de 19 años que murió en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
No se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento” detalló la Fiscalía en un comunicado emitido este lunes, seis días después del suceso.
El pronunciamiento ocurre luego de que la madre del joven denunciara ante el medio Radio Fórmulaque el cuerpo de su hijo presentaba evidentes huellas de golpes.
La mujer manifestó su profunda indignación al asegurar que el cadáver tenía visibles marcas de violencia física, lo que a su parecer contradice las versiones preliminares que apuntaban a un deceso por broncoaspiración provocada por el aplastamiento durante las aglomeraciones.
La denunciante relató a la emisora que el joven había asistido de manera improvisada a las celebraciones tras recibir la invitación de unos conocidos, perdiendo total comunicación con él horas antes de que se confirmara la tragedia.
Al respecto, la Fiscalía capitalina subrayó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc ya integra una carpeta de investigación y que peritos especialistas se encuentran realizando los análisis forensespertinentes para determinar la mecánica de los hechos.
Este informe oficial se da en el contexto de las indagatorias del Gobierno capitalino para esclarecer científicamente qué provocó la muerte de cuatro personas durante la movilización masiva de aficionados en el Paseo de la Reforma.
Como respuesta inmediata a este trágico suceso, el Gobierno de la Ciudad de México y la Cruz Roja Mexicana reforzaron drásticamente sus operativos de seguridad, protección civil y urgencias médicas de cara al crucial partido entre México e Inglaterra.
Con información de EFE
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