NACIONAL
La Fiscalía reactiva 17 órdenes de detención por el “caso Ayotzinapa”
La Fiscalía mexicana ha reactivado órdenes de detención contra 17 personas, investigados en el marco del caso Ayotzinapa. La propia dependencia pidió estas detenciones al juzgado en agosto de 2022, pero luego se desdijo y el juzgado las canceló. De las 17 órdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil, el antiguo juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, que vive en Estados Unidos con asilo político. Entre los militares figura el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante en su día de una de las dos guarniciones de Iguala, el 41 Batallón de Infantería.
De los 16 militares sobre los que pesan las órdenes reactivadas, ocho ya han sido “puestos a disposición” ante la Fiscalía General de la República (FGR), según una fuente conocedora del caso. Se trata de los elementos que siguen en activo en las Fuerzas Armadas. Otra fuente señala que los ocho están en la prisión militar de Ciudad de México. De los otros ocho no se tiene noticia. Entre estos últimos figura el coronel Hernández Nieto. Entre los 16 militares requeridos están al menos una decena de integrantes de la Fuerza de Reacción del otro cuartel de Iguala, el 27 Batallón de Infantería y dos elementos castrenses asignados a la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La FGR no ha informado quién de los 16 está preso y quién no.
Aunque la orden original buscaba la captura de 15 de estos 16 militares por desaparición forzada y delincuencia organizada, y uno más, el coronel Hernández Nieto, por delincuencia organizada, sus capturas ocurren ahora por menos delitos. La excepción es el coronel Hernández Nieto, al que se le mantiene la acusación por delincuencia organizada. Los otros 15 caen solo por desaparición forzada. Al menos de momento. La acusación contra el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, es por desaparición forzada. De nuevo, la FGR no ha dado detalles al respecto.
Los 16 militares requeridos se unen a otros cuatro que ya viven presos, todos indiciados en el marco de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De los cuatro presos, uno es el capitán José Martínez Crespo, detenido en noviembre de 2020, mando de la Fuerza de Reacción del 27 Batallón de Infantería. Acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, Crespo y sus hombres circularon por Iguala durante el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acudiendo a varios de los escenarios de la agresión, entre ellos el cruce de las calles Juan N. Álvarez y Periférico y la clínica Cristina.
Además de Crespo, los otros tres militares detenidos, vinculados al caso, son el general José Rodríguez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada en 2020, se le añadió el año pasado el delito de desaparición forzada. A Pirita y Mota se les acusó de ambos. A Rodríguez solo de delincuencia organizada.
El vaivén de órdenes pedidas y canceladas de agosto respondía a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y la Unidad de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada entonces por Omar Gómez Trejo. En septiembre, Gómez Trejo renunció y el Gobierno presionó para el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador. 10 meses más tarde, las órdenes de captura han vuelto a estar vigentes.
Quedan en el limbo de momento cuatro órdenes de detención canceladas también en agosto, todas contra civiles. Se trata de las que la UEILCA pidió contra el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Todas estas acusaciones, las órdenes canceladas ahora reactivadas, apuntan a la red de complicidades alrededor del grupo de criminales y autoridades que perpetraron el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43. Al general Rodríguez, por ejemplo, se le acusa de delincuencia organizada por su presunta colaboración con el grupo criminal detrás del ataque, Guerreros Unidos. Con el capitán Crespo ocurre lo mismo. En su caso, la UEILCA presume además que Crespo tuvo que ver en la desaparición de los 43.
El caso de Ulises Bernabé es algo distinto. Encargado de una instalación de la Policía de Iguala en la época del ataque, Bernabé siempre negó que por allí hubiera pasado un grupo de normalistas tras el ataque, ya en manos de la red criminal. Los criminales asumen que esto es falso y que un grupo de más de una decena de estudiantes fueron llevados allí, como parte de la ruta de desaparición tejida por los perpetradores. El problema será la vuelta de Bernabé a México, por su condición de refugiado.
Con información de El País
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional este jueves 21 de mayo de 2026 con el secretario deSeguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Por medio de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo detalló que acordó con el titular de Seguridad de Estados Unidos seguir colaborando en el marco del respeto a las soberanías de ambos países.
“Recibimos en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin”, dijo.
“Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, puntualizó.
La visita a México del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin, ocurre en un momento crítico y tenso de la relación bilateral por el aumento de la presión de Washington hacia el Ejecutivo mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de la primera visita de un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos a México en 2026, después de la realizada en septiembre del año pasado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
No obstante, el viaje a México de Mullin, quien lleva menos de dos meses en el cargo, ocurre en un contexto distinto en la relación bilateral, con un aumento de las tensiones en las últimas semanas en materia de seguridad.
Dicha visita de alto nivel fue en seguimiento a la llamada telefónica del viernes 15 de mayo de 2026 entre Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación que ella calificó de “cordial y excelente”.
La conversación entre ambos se produjo en un momento sensible de la relación bilateral, tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
También ocurre tras la muerte en abril de dos agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, llega a México en medio de fuertes tensiones
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, llegará este jueves 21 de mayo de 2026 a México, en una visita oficial que ocurre en un momento crítico y tenso de la relación bilateral por el aumento de la presión de Washington hacia el Ejecutivo mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de la primera visita de un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos a México en 2026, después de la realizada en septiembre del año pasado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
No obstante, el viaje a México de Mullin, quien lleva menos de dos meses como secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., ocurre en un contexto distinto en la relación bilateral, con un aumento de las tensiones en las últimas semanas en materia de seguridad.
Por ello, la expectativa es máxima ante la posibilidad de que pueda reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al igual que hizo su antecesora, Kristi Noem, el año pasado.
De esta próxima visita, la mandataria dijo que servirá para mantener la coordinación en seguridad pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía mexicana.
Aparte de Mullin, el próximo lunes esta previsto el viaje a México la ‘zar antidrogas’, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.
Estas visitas de alto nivel dan seguimiento a la llamada telefónica del viernes entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación que ella calificó de “cordial y excelente”.
La conversación entre ambos se produjo en un momento sensible de la relación bilateral, tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Era la primera vez que Washington exigía la detención urgente de políticos en activo al vincularles con el Cártel de Sinaloa, lo que provocó un auténtico terremoto político en México que aún persiste.
El caso escaló después de que dos de esos funcionarios -los antiguos responsables de seguridad y finanzas del estado- se entregasen la semana pasada a las autoridades de EE.UU, circunstancia que alimentó los rumores sobre una posible cooperación con la justicia del país vecino.
Por el momento, el Gobierno federal rechaza que vaya a extraditar a las personas señaladas al subrayar que el país vecino no ha presentado las pruebas necesarias para su detención urgente.
A todo esto se le suma las dudas sobre el papel de la CIA en México, pues la semana pasada una noticia señalaba que la muerte de un miembro del Cártel de Sinaloa en marzo fue, en realidad, un “asesinato selectivo facilitado” por la inteligencia estadounidense.
Esta información Sheinbaum Pardo la tachó de “ficción” y la propia CIA la negó en una inusual publicación, mientras avivó el debate sobre la supuesta política de injerencia de Estados Unidos en el país.
Con información de EFE
Jorge Luis Llaven, fiscal de Chiapas, confirmó la detención de diez servidores públicos por el delito de delito de tortura en agravio de un hombre, luego de que se viralizara un video por medio de redes sociales en las últimas horas.
A través de un mensaje en Facebook, Llaven Abarca indicó que los detenidos son un subdirector, tres agentes de ministerio público, un secretario, y cinco elementos policiacos. Se indicó que en total son nueve hombres y una mujer, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
“Tras el inicio de la carpeta de investigación derivada de los videos que se dieron a conocer a través de las redes sociales, se realizaron las primeras diligencias, logrando la detención de diez personas”, destacó.
El titular de la Fiscalía de Chiapas detalló que de manera inmediata se inició una carpeta de investigación, y explicó que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, para combatir el delito de robo de vehículo, donde participaron diferentes corporaciones.
“Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, afirmó.
En su mensaje, Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público de cualquier institución.
“Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, finalizó el titular de la Fiscalía de Chiapas por este caso de tortura.
Con información de López-Dóriga Digital
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