Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo con el que se refuerza la obligación de dicha institución, para garantizar la prestación del servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), entre todas las clínicas y hospitales que operaba en estados donde se despenalizó el aborto voluntario.

“Dicho Acuerdo contribuye a garantizar la aplicación de un marco de actuación para regular el procedimiento a fin de brindar certeza jurídica y proteger la integridad personal y la autonomía reproductiva de las personas usuarias”, señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en un comunicado.

“Además, acorde con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, así como con los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto Seguro en México, el texto contribuye a reconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes en el contexto de la salud”, agregó.

“[…] tales como la posibilidad de acceder al procedimiento sin discriminación y en condiciones de igualdad; recibir atención médica adecuada basada en los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género; ser informadas con claridad y de manera accesible respecto a las valoraciones y procedimientos médicos; recibir orientación preventiva, de control y seguimiento, así como recibir apoyo emocional y psicológico en un entorno seguro; y garantizar la protección de sus datos personales”, abundó.

“Además, el Acuerdo establece obligaciones para el Issste, entre las que se incluye la obtención del consentimiento informado de las personas usuarias antes de realizar el procedimiento, considerado una llave fundamental para la garantía del derecho a la salud, así como la obligación de llevar un registro actualizado del personal que invoque la objeción de conciencia, asegurando la disponibilidad de personal no objetor para realizar el procedimiento sin demoras indebidas”, explicó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Si bien en la actualidad el Instituto presta servicios de interrupción del embarazo en algunas Unidades Médicas del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera que el Acuerdo constituye un paso importante en el contexto de la federalización de los servicios de salud, en el que resulta fundamental que las instituciones fortalezcan sus compromisos respecto a la asistencia a dicho derecho para grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar la universalidad y la reducción de barreras estigmatizantes que garanticen el acceso a los servicios para todas las personas”, enfatizó.

“Al 2023, el Instituto atiende a 1 de cada 10 personas del país (12.2 millones), de las cuales 55% son mujeres (6.7 millones) por lo que se considera que dicho Acuerdo contribuirá a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Sobre todo, ante la aún vigente penalización de la interrupción del embarazo en 13 entidades del país y la criminalización y estigmas que aún permean en la sociedad”, finalizó la CDHCM.

Según los lineamientos del Acuerdo publicado por Batres Guadarrama, para la práctica de abortos voluntarios en las mejores condiciones médicas, a partir del 24 de enero de 2025, siempre y cuando se realizaran en las primeras 12 semanas de gestación.

Asimismo, el Acuerdo mencionó que la Interrupción Legal del Embarazo estaba protegida por el marco legal en cada entidad federativa que había reformado su legislación en la materia. También detalla que la ILE se realizaría a petición expresa de la usuaria, en ejercicio libre de su autonomía reproductiva.

Además, el acuerdo no limitó el concepto de “usuaria” a las burócratas y sus familiares, que eran las derechohabientes del Issste, sino que la definió como “quien acude a los servicios de atención para hacer ejercicio de su derecho a la salud”.

Batres Guadarrama ordenó brindar una valoración médica adecuada, apoyo psicológico y emocional, orientación, protección de datos personales y obtención de un consentimiento informado de la paciente.

En el Acuerdo también se autorizaron abortos a menores de edad, y prevé la intervención del Ministerio Público, así como las procuradurías de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en casos de ausencia de los padres o cuando éstos se opusieran al procedimiento, para que se tomara la decisión más conveniente para la menor.

Además, el Acuerdo de Batres Guadarrama prevé la objeción de conciencia del personal médico que no quisiera practicar las ILE, pero al mismo tiempo, ordenó que todas las unidades médicas tuvieran suficiente personal no objetor.

“También se definen como derechos: recibir orientación preventiva, de control y seguimiento respecto a la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que promueve la libertad reproductiva y el consentimiento informado; obtener apoyo emocional y psicológico, mediante una persona capacitada en un entorno seguro y propicio; así como la protección de datos personales y salvaguarda de la información de la paciente”, apuntó el Issste, en un comunicado.

El Acuerdo también indicó que la Dirección Médica sería responsable de coordinar y dar seguimiento a las acciones necesarias para capacitar al personal médico de todas las unidades y promover su implementación.

Por su parte, la Dirección Jurídica del Instituto debería realizar los trámites correspondientes para que el contenido del instrumento fuera incluido en la Normateca Electrónica Institucional, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación del Aviso en el DOF.

El aborto voluntario está despenalizado en 18 estados y la Ciudad de México, solo en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, el Código Penal Federal (CPF) lo sigue tipificando como delito, sancionado hasta con tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación a las funcionarias federales que lo practique.

Ello debido a que el Congreso de la Unión no había legislado tras un amparo concedido en septiembre de 2023, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le ordenó derogarlo.

Con información de Noroeste.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atrajo la investigación del ataque armado contra una familia en Culiacán, que derivó en la muerte del padre y dos de sus hijos.

El secretario general del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, detalló que personal de la SSPC en el estado ya atiende el caso, en tanto que la madre de los niños víctima es atendida de forma directa por la subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Patricia Figueroa.

El domingo 19 de enero, Antonio circulaba en compañía de sus tres hijos por calles del Fraccionamiento Los Ángeles cuando sujetos armados le ordenaron detener la marcha.

El hombre hizo caso omiso y fue entonces que los agresores comenzaron a disparar contra su vehículo.

Antonio murió en el lugar en tanto que sus tres hijos fueron trasladados a un hospital.

Gael, de 12 años de edad, murió horas después al recibir atención médica.

Alexander, de 9 años, murió el martes 21 de enero en el Hospital Pediátrico de Culiacán.

Leonel, quien cumplió 18 años mientras se encuentra hospitalizado, se reporta en estado delicado de salud.

Este jueves, decenas de personas se manifestaron en Culiacán para exigir justicia.

Durante una marcha soltaron globos blancos en recuerdo de Gael y Alexander.

Los manifestantes llegaron al Palacio de Gobierno, donde reventaron los cristales e intentaron entrar por la fuerza mientras gritaban frases como “¡Fuera Rocha!”, “¡Narcogobierno!” y “¡Queremos paz!”.

Con información de N+ y EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,  aseguró que el Poder Judicial se empeña en que no se realice la elección de juzgadores del domingo 1 de junio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó a la decisión en la previa del Comité de Evaluación del Poder Judicial de no reanudar los trabajos para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros de la Corte en que no salga la elección, nada más que ellos ya se van en agosto”, dijo.

“¿Qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Ya el Tribunal Electoral definirá qué procederá en el caso de esta negativa, que a nosotros parece realmente absurdo. ¿Por qué abren una convocatoria, nombran a su Comité ponen reglas y a la mitad el proceso lo cierran?”, indicó.

La mandataria mexicana indicó que el Tribunal Electoral (TEPJF) le corresponde analizar lo que sigue en este caso y las sanciones a determinar.

“El Tribunal Electoral tiene que determinar qué se va a hacer para resguardar los derechos de las personas que se inscribieron con el Poder Judicial dado que se niega a seguir con su proceso”, sostuvo.

“Puede dividir entre los otros dos Comités, por decir algo. El Tribunal Electoral tiene qué determinar las sanciones a la Corte y al mismo tiempo resguardar los derechos, para que después no digan que el proceso tiene problemas porque no se resguardaron los derechos de los que se inscribieron en el Poder Judicial”, argumentó.

“El 1 de junio va a haber elección, eso lo determinó el pueblo de México, ya está en la Constitución”, puntualizó.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial inició una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine si reanuda o no su proceso de selección de candidatos a juzgadores.

Lo anterior fue detallado por la magistrada María Emilia Molina, integrante de dicho Comité del Poder Judicial, en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

En su explicación detalló que hoy por  la mañana fueron notificados de la resolución del Tribunal Electoral (TEPJF) de reanudar sus procesos de selección de candidatos, sin embargo, esta decisión no resuelve dos amparos otorgados de jueces de Distrito, quienes ordenaron suspenderlo para evitar que se violen derechos humanos.

De esta manera, se pide a la Corte que resuelva dicha controversia al interior del Poder Judicial.

Con información de López-Dóriga Digital