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NACIONAL

Invalida la Corte prisión preventiva para delitos fiscales

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidará las normas que definen como un delito contra la seguridad nacional, la actividad ilícita de empresa factureras. Por ocho votos a favor contra tres, el Pleno de ministros desechó el proyecto que proponía avalar la prisión preventiva oficiosa para quienes cometen delitos fiscales, entre ellos, defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes, y ordenó que, el asunto se turne de nuevo a otro ministro para que elabore un nuevo proyecto en el sentido de que se declaren inconstitucionales.

La SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República, en la cual impugnaron el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

Estas reformas tipifican como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por más de 7.8 millones de pesos.

El Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho decreto fue válido. No obstante, la mayoría de ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional ―el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal― y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales ―el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados― son inconstitucionales.

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló que “la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener todas las personas porque, de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa, solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o de que pueda la persona procesada, destruir pruebas”.

En ese sentido, el ministro Jorge Pardo Rebolledo consideró como un exceso incluir en la Ley de Seguridad Nacional los delitos fiscales. “Me parece que los delitos fiscales, los que están previstos en esta fracción XIII, no en todos los casos, ni en todas las circunstancias ponen en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o la existencia del Estado mexicano, pero que sea incluido como un delito contra la seguridad nacional este tipo de ilícitos, en todos los casos y cualquiera que sea la circunstancia, sí me parece desproporcional y excesivo”.

Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que “resulta valido que el Congreso de la Unión haya configurado como un problema de seguridad nacional los fenómenos delictivos que lesionan gravemente la recaudación tributaria, tales como el contrabando, la evasión fiscal y la facturación de operaciones que nunca se llevaron a cabo, pues estas tres conductas constituyen graves amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

De este modo, al alcanzarse una votación mayoritaria contraria a la propuesta, los ministrps decidieron turnar el asunto a otro integrante de la mayoría, quien en su momento presentará una nueva propuesta de resolución, en la que se analizarán el resto de temas planteados por los accionantes.

Con información de La Jornada

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NACIONAL

Sergio Estrada, ex gobernador de Morelos, sale de la cárcel; permanecerá en arresto domiciliario

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Sergio Estrada Cajigal, ex gobernador de Morelos, salió de la cárcel a pesar de que enfrenta un proceso por violencia familiar y de género.

Una jueza modificó la medida cautelar impuesta a Cajigal Ramírez, en 2024, de prisión preventiva justificada.

Tras salir del penal de Quintana Roo, el exgobernador de Morelos permanecerá en arresto domiciliario en Cancún, con un brazalete electrónico.

Denuncian al ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada, de violencia familiar

Sergio Estrada Cajigal fue vinculado a proceso por violentar a su ex pareja sentimental en noviembre de 2021, producto, según la declaración de la víctima, de un arranque de celos.

Un peritaje psicológico confirmó que la mujer sufrió estrés postraumático y trastorno depresivo mayor con intento suicida, asociado al maltrato por parte de Sergio Estrada.

El ex gobernador de Morelos intentó desacreditar la acusación en su contra apelando incongruencia por parte de su expareja, al señalar que no es posible que haya tolerado la situación por más de dos años sin haber acudido a las autoridades competentes.

“No en todo asunto donde se involucre un tema de violencia de género, la mujer, por ser mujer, debe considerarse como víctima, y el hombre, por ser hombre, debe considerarse como culpable, pues ello, indefectiblemente, sería una forma discriminatoria de aplicación de la ley”, expuso.

 

Con información de Radio Fórmula y El Universal

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NACIONAL

Rocha Moya y Enrique Inzunza confirman que atenderán citatorios de FGR

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Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza atenderán el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Rocha Moya indicó que es un hombre que no tiene nada que temer y que acudirá a comparecer.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, apuntó por medio de un mensaje en sus redes sociales.

“Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la @FGRMexico con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, puntualizó.

Por el su parte, el senador Enrique Inzunza apuntó que atenderá el llamado que le realizó la FGR.

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, señaló.

“La FGR citó a declarar a diez personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso”, agregó.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos”, argumentó.

En un comunicado, la FGR informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.

La Fiscalía no detalló fechas de comparecencia, calidad procesal de Rocha Moya y los otros citados ni si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias.

No obstante, precisó que actúa “con plena sujeción al debido proceso” y que seguirá informando “de manera transparente y oportuna” sobre los avances de las investigaciones.

La citación ocurre después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve actuales o exfuncionarios y mandos de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

El Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los acusados supuestamente conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La lista difundida por el Departamento de Justicia incluye, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

FGR cita a Rocha Moya y al resto de los acusados de Sinaloa por nexos con el narco

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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de la entidad fueron citados a comparecer por la Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso de Rocha Moya, dicho citatorio fue entregado alrededor del mediodía del sábado 23 de mayo de 2026.

Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron señalados la semana pasada por la Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Debido a esta situación, Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República lleva a cabo las investigaciones el caso.

Otros de los señalados son el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza.

Sin embargo, dos exfuncionarios del Gobierno de Rocha Moya se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

El Gobierno de México ha respondido que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de detención urgente en contra de los señalados.

La acusación contra los diez funcionarios ha tensado la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Sinaloa vive inmerso en una espiral de violencia a raíz de la pugna entre los grupos criminales Los Mayos y Los Chapitos, a raíz de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los líderes del narcotráfico Ismael MayoZambada Joaquín Guzmán López, ocurridas en julio de ese mismo año.

 

Con información de López-Dóriga Digital

 

 

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