NACIONAL
INICIAN TREN MAYA AL MARGEN DE LA LEY AMBIENTAL
El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.
Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya.
Según se lee en unos documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos.
Permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios. Se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que decide si permite o no el proyecto antes del inicio de las obras.
En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento de 180 páginas, cuyo objetivo era servir de guía para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental para este megaproyecto. El archivo está elaborado por la filial mexicana de la consultora española Typsa, especializada en proyectos de transporte. El fondo contrató por 60 millones de pesos a MexTypsa en mayo de 2019 para que les dieran la asesoría técnica del megaproyecto.
Entre los servicios, se incluía la coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. En ese documento, cuando se repasa la legalidad aplicable al proyecto, se argumenta que “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (…) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”.
Pero Fonatur, al conocer el contenido del documento, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (…) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”.
El 27 de noviembre se adjudicó el contrato Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del Tren Maya, el cual fue por un millón 462 mil pesos y se dieron 25 días naturales para realizarlo.
El fundamento legal es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán pedir esa exención “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.
El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.
El proyecto se llama Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas e incluye “el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, [así como] la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes”.
El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988”.
“Es algo más que un simple mantenimiento”, argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
“Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial”, dice.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que “el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley”.
“Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás”, destaca Basurto.
Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que “desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental.
“La exención es un procedimiento rutinario e insustituible. No se puede sustituir por una MIA en el caso de una vía de comunicación en operación y con sus derechos de vía vigentes, tal cual es el caso de la actual vía férrea del FIT. El proyecto se trabaja con base en planeación ambiental”, destacó.
El mismo día que la Semanart eximió de presentar la MIA en 726 kilómetros del Tren Maya, se aprobó la MIA, tras tres meses de trámite, del proyecto Modernización del camino Ayutla de Los Libres-El Camalote, que consiste en mejorar ocho kilómetros de vía en la Costa Chica de Guerrero.
Con información EL UNIVERSAL
Un total de 30 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) afines a la exconsejera Guadalupe Taddei —quien dejó su cargo tras señalamientos de corrupción— han presentado su renunciaen medio del proceso de revisión colegiada que realizan las diez consejerías electorales a la Junta General Ejecutiva y al personal de primer nivel.
De acuerdo con un comunicado emitido en redes sociales hoy martes 3 de noviembre de 2026, el INE apuntó que la evaluación abarca a la estructura directiva, cargos vinculados a la oficina de la expresidenta Taddei, así como relaciones funcionales y procesos de contratación que requieren inspección a partir de información pública reciente.
Se indicó que el procedimiento se realiza bajo criterios de normatividad, legalidad y debido proceso.
Desglose de las 30 renuncias del INE
El corte del INE detalla que las renuncias se distribuyen en diversas áreas estratégicas e instancias operativas de la institución:
- Oficina de la Expresidencia (19 personas): Incluye la renuncia de 17 colaboradores —entre ellos el Jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas—, además de dos personas del área operativa.
- Cargos de nivel directivo (3 bajas):
- José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
- Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
- Sergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación Social.
- Secretaría Ejecutiva (1 baja): Juan Manuel Vázquez Barajas, Jefe de Oficina de dicha área.
- Unidades Técnicas y Coordinaciones (1 baja): Pedro Pablo Chirinos Benítez, exdirector de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posterior Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
- Recursos Materiales y Administración (3 bajas): Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; el Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos; y el Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular.
- Otras direcciones ejecutivas (3 bajas): La Coordinadora de Procesos Registrales y el encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (ambos del Registro Federal de Electores), así como el Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos).
El INE enfatizó que este proceso de reestructuración se ejecuta respetando el debido proceso y reconoció el papel fundamental del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuya capacidad técnica y experiencia operativa garantizan la continuidad de las funciones sustantivas y la certeza en los trabajos del órgano electoral.
La autoridad electoral indicó que mantendrá el flujo informativo conforme avancen las revisiones y se formalicen nuevas decisiones institucionales.
Con información de López-Dóriga Digital
Guadalupe Taddei y su contratista José Alfredo Hernández Casillas están de nuevo en la mira luego de que se revelara un video del 16 de febrero pasado, donde se ve a ambos negociando cuánto dinero les toca a cada uno por el contrato de fabricación de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), adjudicado a una de sus empresas el 10 de diciembre por un monto máximo de 71 millones de dólares. El video fue difundido este 2 de noviembre por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus.
“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar. ¿Estás de acuerdo?”, le dice Hernández Casillas a Taddei en la grabación, mientras revisan cifras anotadas en una libreta. Loret de Mola describió el material como “la prueba más contundente de los delitos que se cometieron en el INE”.
El video documenta tres negocios distintos ligados al mismo contrato: la producción física del documento, un segundo frente de autenticación protegido por patente y los códigos QR generados por la empresa HuBOX. En los tres, Hernández Casillas calcula los porcentajes que le corresponden a él, a Taddei y a un tercer socio.
Además de los montos de producción, el contratista detalla a Taddei el negocio de autenticación de la credencial de elector. Dice que se trata de un proceso patentado al que “nadie más se le puede permitir hacer” y que, por esa razón, trasciende el periodo de la actual administración del instituto.
“Son 68 millones. Él agarra treinta de producción y nos da el treinta de lo que queda”, explica Hernández Casillas en el video, en referencia a un tercer socio que no identifica en ese fragmento de la grabación.
Sus abogados, dice, están definiendo cómo fijar formalmente ese 30 por ciento antes de que arranque la distribución. El monto de 68 millones de dólares corresponde, según sus propias palabras, a los ingresos anuales del servicio.
La grabación también documenta el reparto con un tercer involucrado: Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, empresa encargada de la ciberseguridad de las credenciales electorales. En diciembre de 2025, Hernández Casillas organizó en su casa una fiesta con funcionarios del INE y empresarios ganadores del contrato de la credencial, a la que asistió Mondragón.
En la conversación del 16 de febrero, el contratista fija la base de cálculo en 48 millones de dólares, una vez descontados los gastos de producción. “De aquí estamos 70 Ramón y 30 nosotros”, le dice a Taddei, antes de calcular que esa proporción equivale a 15 millones de dólares.
El reparto se extiende también a los códigos QR de la credencial, generados por HuBOX, empresa propiedad del mismo Mondragón. “¿Quieres que hagamos la suma?”, pregunta Hernández Casillas. Luego enumera: “HuBOX es un millón 472. Un millón 972”, mientras ambos verifican que los cálculos cuadran.
El contratista también define en qué contratos del INE participa y en cuáles no
La grabación muestra que Hernández Casillas no solo acuerda montos con Taddei, sino que decide qué servicios del organismo le interesan y cuáles cede. “Limpieza ya no lo voy a ver yo”, afirma.
Distinto trato recibe la credencial para votar en el extranjero: “Eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice. Y aquí está el 15 por ciento también”.
Este video es el más reciente de una serie de materiales que Latinus ha publicado desde octubre. El primero mostró a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta, en un hotel de lujo en París junto al contratista. Político MX reveló después que un segundo hijo, León Fernando Piñeda Taddei, también viajó con Hernández Casillas.
Taddei renunció el 26 de octubre tras una semana de revelaciones
El 25 de octubre, un día después de declarar que permanecería en el cargo, Taddei anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados. En un comunicado, sostuvo que su decisión buscaba “proteger al Instituto” y pidió que los materiales difundidos fueran verificados antes de sacar conclusiones. La dimisión se hizo efectiva el 26 de octubre, tres años después de su designación en abril de 2023.
Guadalupe Taddei dejó su cargo tras una ola de escándalos. Crédito: INE
Su salida desencadenó 18 renuncias de funcionarios del INE en cinco días, entre ellas la de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género del organismo. Según El Economista, Taddei dejó comprometidos cerca de 2,500 millones de pesos en contratos y proyectos de largo plazo bajo revisión de las autoridades.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio el 24 de octubre por posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. Sus resultados se esperan en aproximadamente seis meses.
La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bajo investigación a una red de al menos siete empresas vinculadas a Hernández Casillas y a su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas por presunta simulación de competencia y lavado de dinero, con cuentas bancarias congeladas.
Solo en la elección judicial de 2025, estas empresas obtuvieron 123 millones 143 mil 630 pesos de organismos electorales estatales en Quintana Roo, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit.
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante diputados que las auditorías internas detectaron inconsistencias patrimoniales y flujos financieros irregulares desde hace más de seis meses, sin que se hubieran presentado denuncias formales. Al 3 de noviembre, el organismo acumula 18 expedientes de investigación y cinco funcionarios imputados.
Con información de Infobae
Las fuertes lluvias de la última semana en el norte del país dejaron inundaciones y al menos dos personas muertas.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó el saldo en diversos estados:
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