NACIONAL
INICIAN TREN MAYA AL MARGEN DE LA LEY AMBIENTAL

El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.
Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya.
Según se lee en unos documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos.
Permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios. Se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que decide si permite o no el proyecto antes del inicio de las obras.
En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento de 180 páginas, cuyo objetivo era servir de guía para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental para este megaproyecto. El archivo está elaborado por la filial mexicana de la consultora española Typsa, especializada en proyectos de transporte. El fondo contrató por 60 millones de pesos a MexTypsa en mayo de 2019 para que les dieran la asesoría técnica del megaproyecto.
Entre los servicios, se incluía la coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. En ese documento, cuando se repasa la legalidad aplicable al proyecto, se argumenta que “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (…) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”.
Pero Fonatur, al conocer el contenido del documento, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (…) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”.
El 27 de noviembre se adjudicó el contrato Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del Tren Maya, el cual fue por un millón 462 mil pesos y se dieron 25 días naturales para realizarlo.
El fundamento legal es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán pedir esa exención “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.
El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.
El proyecto se llama Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas e incluye “el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, [así como] la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes”.
El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988”.
“Es algo más que un simple mantenimiento”, argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
“Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial”, dice.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que “el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley”.
“Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás”, destaca Basurto.
Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que “desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental.
“La exención es un procedimiento rutinario e insustituible. No se puede sustituir por una MIA en el caso de una vía de comunicación en operación y con sus derechos de vía vigentes, tal cual es el caso de la actual vía férrea del FIT. El proyecto se trabaja con base en planeación ambiental”, destacó.
El mismo día que la Semanart eximió de presentar la MIA en 726 kilómetros del Tren Maya, se aprobó la MIA, tras tres meses de trámite, del proyecto Modernización del camino Ayutla de Los Libres-El Camalote, que consiste en mejorar ocho kilómetros de vía en la Costa Chica de Guerrero.
Con información EL UNIVERSAL

NACIONAL
Madres buscadoras conmemoran el 10 de mayo con protestas en varios estados

Miles de mexicanas marcharon este sábado, en el marco del Día de las Madres, para exigir verdad, justicia y reparación por lo más de 127 mil desaparecidos en el país y que no se desaparezca ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.
“Estamos muertos en vida, no nos sabe la comida, no nos sabe la vida”, confiesan Héctor y Teresa Águila, una pareja que busca desde hace dos años a su hijo, un joven de 27 años que desapareció en Jalisco, estado donde se ubica el rancho Izaguirre, el presunto “campo de adiestramiento” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos recorrieron el país para llegar a la ‘XIII Marcha nacional de madres buscadoras’, que arrancó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.
Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.
«Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.
El miedo de buscar y ser asesinado
Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.
“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.
Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.
Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.
Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.
Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.
Búsqueda “multigeneracional”
En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.
Ese es el caso de Dan Férnandez, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.
“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.
Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.
Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluyó.
Otros estados
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó este sábado la manifestación denominada “Las Madres Llegarán a Verdad”, donde diversas organizaciones marcharon en la zona centro partieron hacia la Catedral, donde se ofició una misa.
La noche del viernes 9 de mayo en Chihuahua capital se realizó una vigilia en la Plaza del Ángel or las y los familiares de personas desaparecidas que han muerto o fueron asesinadas.
En Cuernavaca, Morelos, se llevó a cabo una marcha partió desde la iglesia de El Calvario hacia la zona centro.
Al llegar al Palacio de Gobierno, donde solicitaron audiencia con la gobernadora Margarita González para atender la problemática de las desapariciones.
En las escalinatas de la catedral en Culiacán, Sinaloa, colectivos colocaron cientos de fotografías de personas desaparecidas
“Este 10 de mayo debía de ser la reina de la casa, pero ando buscando a mi hijo”, se pudo leer en uno de los textos.
En las principales calles de Xalapa, en Veracruz, cientos de personas marcharon con la exigencia de que las autoridades busquen a sus familiares desaparecidos.
“Sheinbaum, Rocío, ¿están celebrado? Yo no, a mi hijo estoy buscando”, fueron algunas de las consignas de este sábado 10 de mayo.
Con información de EFE y López-Dóriga Digital

NACIONAL
Detienen a dos hombres con más de 660 mil dólares de presunto origen ilícito en Nuevo León

Durante un operativo conjunto en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, autoridades detuvieron a dos hombres que transportaban más de 660 mil dólares en efectivo de presunta procedencia ilícita.
El aseguramiento ocurrió a la altura del kilómetro 145, en el municipio de Anáhuac, donde elementos federales, estatales y militares detectaron un Nissan sedán detenido en el acotamiento. Al revisar el vehículo encontraron a Andy “N”, de 21 años, y Víctor “N”, de 33, quienes incurrieron en contradicciones al ser cuestionados.
Una inspección al automóvil reveló 130 fajos de billetes en moneda estadounidense. Al no comprobar la legalidad del dinero, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Con información de Milenio

NACIONAL
Jueza aplaza cierre de investigación contra Carlota N., abuela que disparó en desalojo en Chalco

Una jueza de Control dio una prórroga de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria contra Carlota N., la abuela que disparó durante un desalojo en Chalco, Estado de México.
La mañana de este viernes se llevó a cabo una audiencia contra Carlota y sus dos hijos, señalados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
A los juzgados se presentó el nuevo equipo legal de la abuela y sus hijos, mismo que solicitó más tiempo para informarse del caso y reunir pruebas para demostrar que sus representados actuaron en legítima defensa.
La jueza de la audiencia aceptó la petición y fijó el 4 de octubrepara el cierre de la investigación complementaria.
Uno de los hijos de Carlota N. adelantó que solicitarán el cambio de medida cautelar para su madre.
Los hechos se registraron el 1 de abril, cuando presuntamente Carlota ‘N’ fue acompañada de Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ a una vivienda en Chalco.
Carlota ‘N’ y Eduardo ‘N’ llegaron armados al sitio para sacar a las personas que habitaban la casa, a las que acusaba de haberla invadido.
Un video captado por una testigo de los hechos muestra el momento en que Carlota ‘N’ se acerca sosteniendo una pistola y le dispara a las personas que se encontraban en el lugar.
Con información de Milenio

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