NACIONAL
INICIAN TREN MAYA AL MARGEN DE LA LEY AMBIENTAL
El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.
Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya.
Según se lee en unos documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos.
Permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios. Se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que decide si permite o no el proyecto antes del inicio de las obras.
En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento de 180 páginas, cuyo objetivo era servir de guía para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental para este megaproyecto. El archivo está elaborado por la filial mexicana de la consultora española Typsa, especializada en proyectos de transporte. El fondo contrató por 60 millones de pesos a MexTypsa en mayo de 2019 para que les dieran la asesoría técnica del megaproyecto.
Entre los servicios, se incluía la coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. En ese documento, cuando se repasa la legalidad aplicable al proyecto, se argumenta que “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (…) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”.
Pero Fonatur, al conocer el contenido del documento, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (…) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”.
El 27 de noviembre se adjudicó el contrato Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del Tren Maya, el cual fue por un millón 462 mil pesos y se dieron 25 días naturales para realizarlo.
El fundamento legal es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán pedir esa exención “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.
El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.
El proyecto se llama Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas e incluye “el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, [así como] la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes”.
El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988”.
“Es algo más que un simple mantenimiento”, argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
“Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial”, dice.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que “el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley”.
“Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás”, destaca Basurto.
Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que “desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental.
“La exención es un procedimiento rutinario e insustituible. No se puede sustituir por una MIA en el caso de una vía de comunicación en operación y con sus derechos de vía vigentes, tal cual es el caso de la actual vía férrea del FIT. El proyecto se trabaja con base en planeación ambiental”, destacó.
El mismo día que la Semanart eximió de presentar la MIA en 726 kilómetros del Tren Maya, se aprobó la MIA, tras tres meses de trámite, del proyecto Modernización del camino Ayutla de Los Libres-El Camalote, que consiste en mejorar ocho kilómetros de vía en la Costa Chica de Guerrero.
Con información EL UNIVERSAL
NACIONAL
INE debe clarificar en qué va a gastar el dinero para elección judicial: Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) clarificar la manera en que se gastarán siete mil millones de pesos para la elección judicial de 2025.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que de esta manera podría justificarse para qué quieren más recursos.
“Sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024, recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México. Junio fue la elección más grande la historia de México, eso significó todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial, no va a haber financiamiento a campañas y en este caso pues la pregunta es en qué se va a gastar”, aseveró.
“Si se dan estos 7 mil millones de pesos, la pregunta es, quieren más, hablan de por lo menos 2 mil millones de pesos más, yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destina”, sostuvo.
“La pregunta es cómo van a destinar estos siete mil millones de pesos que la Cámara de Diputados les asignó, que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México y si requieren más recursos ¿Por qué requieren más recursos? (…) No es nada más decir requiero 10 mil millones de pesos, sino por qué requieres 10 mil millones”, puntualizó.
La mandataria mexicana explicó que si el INE clarifica el costo de la elección judicial de 2025 “pues el pueblo de México, no solo el Gobierno, puede enterarse por qué están pidiendo 10 millones de pesos”.
“Esa es la solicitud, que el INE transparente la elección y por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas”, destacó.
El Instituto Nacional Electoral detalló que ajustará la organización de la elección de la elección judicial, tras el recorte presupuestal para el año próximo de más de 13 mil millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró en conferencia de prensa que, a pesar de la reducción, el INE garantizará un proceso electoral confiable, seguro y tranquilo para la ciudadanía.
Explicó que las áreas técnicas del órgano autónomo ya trabajan en un análisis detallado para determinar los ajustes necesarios en la estructura y operatividad del proceso, priorizando la cobertura geográfica y el derecho al voto de los ciudadanos.
Entre las medidas de ajuste se incluye la posible instalación de un menor número de centros de votación en lugar de las 172 mil casillas inicialmente previstas.
También se revisará la contratación de los supervisores y capacitadores electorales, cuyo número podría reducirse significativamente respecto a los 52 mil planeados.
Con información de López-Dóriga Digital
NACIONAL
Segob asegura que México no será un tercer país seguro para ola de migrantes
México no se convertirá en un tercer país seguro ante la posible ola de migrantes deportados de Estados Unidos, una vez que Donald Trump tome posesión como presidente, el 20 de enero de 2025, dijo este jueves la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.
En distintas ocasiones, el Gobierno mexicano ha dicho que se hará cargo de los connacionales que sean repatriados, pero no de los migrantes de otras nacionalidades, pues deberán primero realizar el proceso de asilo y esperar a que se resuelva la solicitud.
El pasado 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno se estaba preparando para recibir a miles de mexicanos que viven en Estados Unidos en caso de que Trump concrete su intención de realizar deportaciones masivas.
Este jueves, en reunión de trabajo con los integrantes de distintos partidos de la Comisión de Gobernación del Senado, Rodríguez Velázquez remarcó que el Gobierno mexicano ya cuenta con una estrategia de recepción ante la inminente repatriación de mexicanos en Estados Unidos.
Ante la inminente repatriación de mexicanos que hoy viven, trabajan, estudian y que están con su familia o con amigos en Estados Unidos, el Gobierno de México cuenta con una estrategia de recepción de connacionales para garantizar sus derechos humanos, brindarles apoyo y opciones de desarrollo a su llegada”, aseguró Rodríguez.
La funcionaria agregó el Gobierno mexicano “hará todo lo posible y más por mantener siempre un diálogo con las autoridades de Estados Unidos”, como se ha hecho en anteriores administraciones, y especialmente en la administración de Trump.
“Ya hemos llevado a cabo muchos acuerdos, y uno de los acuerdos más importantes fue el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y vamos a seguir la misma ruta con los negociadores, que son expertos precisamente en estos temas, y encabezados por la Secretaría de Relaciones Exteriores(SRE, Cancillería)”, señaló.
Rodríguez Velázquez aseguró que la dependencia a su cargo mantendrá el diálogo y la construcción de acuerdos, y aunque se pueden tener diferencias, siempre habrá apertura para lograr el bienestar que merecen las familias mexicanas.
“Les dijimos a los senadores que los mexicanos en el exterior no están solos, donde quiera que se encuentren, cuentan con el respaldo y la protección del Gobierno de México”, apuntó.
Hace una semana, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, dijo que el Gobierno de México preparaba un plan intersecretarial ante la posible deportación masiva de migrantes mexicanos desde Estados Unidos.
El pasado 26 de noviembre, Tom Homan, considerado el ‘zar de la frontera’ del próximo presidente estadounidense, aseguró que ya planean las deportaciones masivas para que empiecen el 20 de enero.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos y activistas en EE.UU. han rechazado los planes de deportación masiva de Trump, al advertir de repercusiones humanitarias y un impacto negativo en la economía del país norteamericano.
Una acción de esta magnitud podría provocar una caída del producto interior bruto (PIB) anual de entre el 4.2 y el 6.8 por ciento, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales, según un informe de la organización American Immigration Coalition.
Con información de EFE
NACIONAL
Basílica de Guadalupe recibió a 12.3 millones de feligreses entre el 6 y el 12 de diciembre
El Gobierno de la Ciudad de México reportó este jueves “saldo blanco” tras la implementación de un operativo en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México en la festividad del Día de la Virgen de Guadalupe que registró una asistencia de 12.3 millones de peregrinos entre el 6 y el 12 de diciembre.
Según estimaciones del Gobierno de la Ciudad de México, este año, la celebración religiosa esperaba superar los 12 millones de peregrinos, entre el 6 y 15 de diciembre, lo que la consolida como uno de los templos religiosos más visitados del mundo.
En un comunicado, el Gobierno de la capital mexicano, indicó que las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ubica el templo católico, reportaron 5.012 atenciones médicas menores, de las cuales solo cinco requirieron traslado de emergencia.
Además, por medio de la línea telefónica Locatel se atendieron mil 479 solicitudes de información, se reportaron 44 personas extraviadas, de las cuales 41 fueron localizadas sin incidentes y tres reportes fueron cancelados.
También, se destacó que la brigada de paramédicos se mantendrá en la Basílica de Guadalupe para atender emergencias.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destacó que agentes de la Policía Metropolitana mantienen a su personal desplegado para garantizar la seguridad los visitantes que pernoctan en la vía pública.
En el ‘Operativo Basílica 2024‘ participaron 6 mil 50 agentes de seguridad de diversas corporaciones, desplegados por las principales avenidas de tránsito de peregrinos con el apoyo de 251 vehículos, 40 camionetas, dos drones, 53 motocicletas, 19 grúas, ocho ambulancias, cuatro motoambulancias y dos helicópteros.
Por su parte, la alcaldía Gustavo A. Madero, a través de la dirección de Servicios Urbanos en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, informó que se recolectaron 536 toneladas de basura a lo largo de 279 kilómetros de barrido manual, en el que participaron más de 1.800 personas y más de 90 vehículos.
La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando la leyenda dice que esta virgen morena se le apareció al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, en el Cerro del Tepeyac, a cuyos pies se ubica actualmente la basílica, en el norte de la capital.
Con información de EFE
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