La conductora y presentadora de televisión Inés Gómez Mont promovió un amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos, caso que involucra a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, además de ex funcionarios federales y empresas.

Gómez Mont también busca que se ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) revocar su petición con la cual solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para buscarla a nivel mundial.

La demanda fue presentada el pasado 24 de enero y turnada al juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual preside Guillermo Francisco Urbina Tanús, quien por el momento no la ha admitido a trámite.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quienes presuntamente están relacionados con Álvarez Puga e Inés Gómez, ambos señalados como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación contra Álvarez Puga, Inés Gómez, Edgardo Mauricio ‘V’, Rosario ‘A’, Margarita ‘C’, Ricardo ‘P’, Mauricio ‘R’ y siete empresas.

Para la FGR estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

Según la dependencia federal, presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero.

La organización, señaló la FGR, estaba a cargo de Álvarez Puga e Inés Gómez, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

Durante la investigación de la FGR se obtuvieron datos de que existía un grupo formado por Héctor Oswaldo Zorrilla, Armando Romero López, José Reyes Orta, Ricardo Cortés y Yareli Eunice, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo estaba integrado por servidores públicos que presuntamente facilitaron los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales.

En esa estructura se señaló a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se encontraba representada por su apoderado Héctor Oswaldo, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.

La FGR indicó que es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Con información de Milenio