La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ayer emitir medidas de tutela preventiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no vuelva a realizar comentarios de índole electoral, pero recordó que todo funcionario público tiene prohibido interferir en los comicios y su libertad de expresión tiene límites.

Por eso, en un futuro la comisión del INE podría, de oficio, emitir las medidas que correspondan, advirtieron los consejeros.

“Dado que ni el Presidente ni ningún funcionario de gobierno tiene atribuciones en materia electoral, no pueden ser partícipes ni guardianes ni protagonistas”, sintetizó ayer el consejero Ciro Murayama en sesión de la comisión.

Ahí se analizaron tres quejas promovidas por PAN, PRD y una diputada panista en contra del Mandatario y su vocero, Jesús Ramírez, por realizar, en el marco de la conferencia matutina del pasado 9 de junio, expresiones de carácter electoral y en contra de la oposición, con motivo de la presentación de un documento que hablaba de la supuesta existencia de un Bloque Opositor Amplio.

Los consejeros valoraron que si bien “los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido (…) lo que pudiera afectar la equidad en la contienda”, no proceden medidas cautelares para que se retiren los dichos, pues éstos ya pasaron y no se tiene evidencia de que se vayan a repetir.

Por unanimidad la comisión descartó las medidas cautelares solicitadas, pero tampoco avaló dictar las de tutela preventiva demandadas por los quejosos para ordenar al Presidente no referirse a temas electorales en sus conferencias matutinas próximas, pues eso es un hecho futuro y de realización incierta.

Empero, dado que están en curso procesos electorales en Hidalgo y Coahuila, y “dada la cercanía” del proceso electoral federal, los consejeros incluyeron en su resolución cuáles son las obligaciones de todo funcionario público y “el deber reforzado de conducirse con estricto apego a los principios que forman nuestro régimen democrático, a fin de garantizar elecciones justas y equitativas”.

Además, la comisión dejó entrever que estará vigilante, al establecer que “si se realizan conductas posiblemente antijurídicas, como la advertida en este asunto, continúan o se repiten en lo futuro, entonces esta comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.

Presente en la sesión de la comisión, aunque sin voz ni voto, el consejero Ciro Murayama recordó que la función de los gobernantes en una elección “es apartarse” y no pueden argumentar que opinan en su calidad de ciudadanos, pues “el principio de legalidad dice que para cualquier ciudadano lo que no está prohibido está permitido. Pero para un gobernante lo que no está expresamente conferido, por la ley está prohibido.

Con información de EL UNIVERSAL