NACIONAL
Human Rights Watch pide al Gobierno de México garantizar el aborto en todo el país
La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, y a erradicar las barreras legales y sociales que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.
Con el foco en el Estado de México, el más poblado del país y donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones, HRW documentó que las autoridades y proveedores de salud no garantizan el acceso, “incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local”.
Así, la organización recordó que el Congreso de la Unión tenía como plazo límite el término del 2023 para “eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, de acuerdo con el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre” pasado.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la reciente sentencia de la Corte que determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
No obstante, “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, recapitula el informe de 49 páginas, ‘Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México’.
Entre estas excepciones, la única reconocida en todos los códigos penales es el aborto por violación, pero las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten, según registró HRW.
Los obstáculos “incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres, e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes”.
“Delito borra delito”
El informe rescata el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación e intentó abortar en un hospital público del Estado de México, donde, según contó a HRW, “la primera vez que intentó obtener un aborto, un médico le informó que no prestaban este servicio”.
Posteriormente, Ana accedió a un aborto con medicamentos en la vecina Ciudad de México, al igual que más de 72 mil personas que desde 2007 se han visto forzadas a desplazarse a la capital para interrumpir el embarazo, tal como documentó HRW.
“Cuando Ana acudió a la Fiscalía para denunciar el hecho de violencia sexual, le dijeron que no podía denunciarlo ‘porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito’”, expuso la ONG, que encontró “otros casos de mujeres que refirieron una retórica similar en la Fiscalía”.
Asimismo, la organización advirtió que “el temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios”.
La criminalización se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México, entre enero de 2018 y marzo de 2023, pese a que los jueces no pueden condenar abortos en la etapa temprana del embarazo, según dictaminó la SCJN en 2021.
Pendientes urgentes
HRW también documentó casos de menores de edad y personas con discapacidad que fueron condicionadas a entregar una autorización parental o interdicción para acceder al servicio, aunque la ley tampoco lo estipula.
Además, la ONG destacó que hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no ofrecían abortos en el Estado de México, pese a estar obligadas por la sentencia de la Corte de 2023.
“La falta de profesionales disponibles para la atención del aborto debido a la escasez de personal y la objeción de conciencia también provoca demoras en la atención del aborto en situaciones en las que el tiempo es un factor crucial, contraviniendo así las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió la organización.
Con información de EFE
La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el envío de 300 efectivos para reforzar las labores seguridad en Sinaloa.
Por medio de un comunicado la Defensa indicó que en punto de las 10:30 h del martes 25 de agosto de 2026 dicho contingente despegó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.
Se indicó que el refuerzo de estos 300 efectivos se suman al despliegue que mantiene la 9/a. Zona Militar, donde tendrán como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.
“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense”, refirió.
Sinaloa vive una espiral de violencia por el enfrentamiento entre los grupos delincuenciales Los Mayos y Los Chapitos, derivado de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, en EE.UU., de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurridas en julio de 2024.
Con información de López-Dóriga Digital
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, a quien describió como “suficientemente capacitada” para ejercer el cargo.
Con 31 votos a favor y seis en contra, Graciela Domínguez Nava fue designada gobernadora interina de Sinaloa.
La bancada del PRI se posicionó contra la designación al acusar una crisis jurídica en Sinaloa y adelantó que se sumará a la iniciativa ciudadana que solicitará un juicio político contra Rubén Rocha.
El Grupo Parlamentario del PAN también votó en contra al señalar que “existe un sistema de gobierno fallido por parte de Morena”, y advirtió que el reto de la gubernatura interina es “romper con la incertidumbre y gobernar para todos, no solamente para Morena”.
El Congreso de Sinaloa votará para designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, a quien describió como “suficientemente capacitada” para ejercer el cargo.
¿Quién es Graciela Domínguez, virtual gobernadora interina de Sinaloa?
Graciela Domínguez Nava es actual diputada federal por el Distrito 1 de Sinaloa, miembro de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Educación y Pesca.
Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
Su trayectoria política la inició en el PRD, partido que abandonó para incorporarse a Morena.
Graciela Domínguez ha sido diputada local en Sinaloa y en el arranque del gobierno de Rubén Rocha fungió como secretaria de Educación Pública y Cultura.
Rubén Rocha pide nueva licencia como gobernador de Sinaloa
La mañana del 21 de agosto, Rubén Rocha Moya reasumió la gubernatura de Sinaloa al afirmar que era su deber cumplir con el mandato que le confirió la ciudadanía en las elecciones de 2021.
Mediante redes sociales expuso que durante su licencia temporal se puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos, pero que no se hallaron elementos respecto de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y Morena argumentaron que la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo fue estrictamente personal.
Ante la polémica, el político solicitó una nueva licencia, ahora indefinida por más de 30 días.
Con información de López-Dóriga Digital y El Sol de Sinaloa
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