NACIONAL
Human Rights Watch pide al Gobierno de México garantizar el aborto en todo el país
La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó al Gobierno de México a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, y a erradicar las barreras legales y sociales que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.
Con el foco en el Estado de México, el más poblado del país y donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones, HRW documentó que las autoridades y proveedores de salud no garantizan el acceso, “incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local”.
Así, la organización recordó que el Congreso de la Unión tenía como plazo límite el término del 2023 para “eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, de acuerdo con el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre” pasado.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la reciente sentencia de la Corte que determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
No obstante, “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, recapitula el informe de 49 páginas, ‘Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México’.
Entre estas excepciones, la única reconocida en todos los códigos penales es el aborto por violación, pero las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten, según registró HRW.
Los obstáculos “incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres, e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes”.
“Delito borra delito”
El informe rescata el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación e intentó abortar en un hospital público del Estado de México, donde, según contó a HRW, “la primera vez que intentó obtener un aborto, un médico le informó que no prestaban este servicio”.
Posteriormente, Ana accedió a un aborto con medicamentos en la vecina Ciudad de México, al igual que más de 72 mil personas que desde 2007 se han visto forzadas a desplazarse a la capital para interrumpir el embarazo, tal como documentó HRW.
“Cuando Ana acudió a la Fiscalía para denunciar el hecho de violencia sexual, le dijeron que no podía denunciarlo ‘porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito’”, expuso la ONG, que encontró “otros casos de mujeres que refirieron una retórica similar en la Fiscalía”.
Asimismo, la organización advirtió que “el temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios”.
La criminalización se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México, entre enero de 2018 y marzo de 2023, pese a que los jueces no pueden condenar abortos en la etapa temprana del embarazo, según dictaminó la SCJN en 2021.
Pendientes urgentes
HRW también documentó casos de menores de edad y personas con discapacidad que fueron condicionadas a entregar una autorización parental o interdicción para acceder al servicio, aunque la ley tampoco lo estipula.
Además, la ONG destacó que hasta junio de 2024, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no ofrecían abortos en el Estado de México, pese a estar obligadas por la sentencia de la Corte de 2023.
“La falta de profesionales disponibles para la atención del aborto debido a la escasez de personal y la objeción de conciencia también provoca demoras en la atención del aborto en situaciones en las que el tiempo es un factor crucial, contraviniendo así las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió la organización.
Con información de EFE
El Congreso de Sinaloa votará para designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, a quien describió como “suficientemente capacitada” para ejercer el cargo.
¿Quién es Graciela Domínguez, virtual gobernadora interina de Sinaloa?
Graciela Domínguez Nava es actual diputada federal por el Distrito 1 de Sinaloa, miembro de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Educación y Pesca.
Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
Su trayectoria política la inició en el PRD, partido que abandonó para incorporarse a Morena.
Graciela Domínguez ha sido diputada local en Sinaloa y en el arranque del gobierno de Rubén Rocha fungió como secretaria de Educación Pública y Cultura.
Rubén Rocha pide nueva licencia como gobernador de Sinaloa
La mañana del 21 de agosto, Rubén Rocha Moya reasumió la gubernatura de Sinaloa al afirmar que era su deber cumplir con el mandato que le confirió la ciudadanía en las elecciones de 2021.
Mediante redes sociales expuso que durante su licencia temporal se puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos, pero que no se hallaron elementos respecto de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y Morena argumentaron que la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo fue estrictamente personal.
Ante la polémica, el político solicitó una nueva licencia, ahora indefinida por más de 30 días.
Con información de López-Dóriga Digital y El Sol de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por una posible amenaza en Mexicali, Baja California, y anunció la suspensión de las actividades de su personal y los viajes oficiales hacia la capital del estado durante este 25 de agosto.
En el aviso, las autoridades estadounidenses señalaron que también alertaron a sus ciudadanos sobre la amenaza potencial y emitieron una serie de recomendaciones preventivas.
Entre las acciones sugeridas se encuentra evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de que ocurra algún incidente y mantenerse atentos a las instrucciones que emitan las autoridades policiales mexicanas.
Asimismo, se recomendó a los ciudadanos estadounidenses informar a familiares y personas cercanas sobre su seguridad en caso de una emergencia, mantenerse atentos a su entorno y monitorear los medios locales para conocer posibles actualizaciones.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la naturaleza específica de la amenaza, ni sobre algún posible objetivo relacionado con la alerta.
La suspensión aplica, de acuerdo con la alerta, a las actividades gubernamentales de Estados Unidos en Mexicali y a los viajes de su personal hacia esa ciudad durante la jornada del 25 de agosto.
Con información de López-Dóriga Digital
México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, Sonora, con un primer envío de 750 cabezas que aumentará gradualmente hasta mil 500, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, explicó en un comunicado que la reapertura es resultado de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, además de asociaciones y uniones ganaderas.
La dependencia precisó que incrementará los envíos a 1.500 cabezas diarias de forma gradual.
Como parte del esquema sanitario, López Gutiérrez señaló que México mantendrá la trazabilidad completa de cada animal, desde su nacimiento y durante su traslado hasta que sea colocado en territorio estadounidense.
La dependencia federal también verificará la dispersión de moscas para combatir el gusano barrenador del ganado en Chihuahua y Sonora, además de mantener controles de seguridad en un perímetro de 200 kilómetros.
A estas medidas se sumarán brigadas encargadas de continuar los barridos sanitarios y una revisión permanente de los centros ganaderos, según detalló la dependencia en el comunicado sobre la reapertura, la cual se activó frente a los cierres desde noviembre de 2024 por el gusano barrenador.
El caso dejó a Baja California y Baja California Sur como las únicas dos entidades mexicanas sin presencia reportada de la plaga, que se ha extendido a 30 de los 32 estados del país.
Hasta el 23 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabilizaba 39.470 casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 1.937 permanecían activos.
A la cabeza de los estados con casos activos se encontraba Zacatecas con 182, seguido de Puebla (154), Oaxaca (150), Nayarit (125), Veracruz (110), Yucatán (105) y Chiapas (102).
Como parte del procedimiento para recuperar el flujo comercial, los animales que crucen hacia Estados Unidos serán sometidos a inspecciones para descartar signos de la plaga.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, destacó, durante la reapertura en Agua Prieta, el compromiso de los productores de mantener los estándares sanitarios requeridos y avanzar en la reconversión productiva vinculada con las exportaciones.
Con información de EFE
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