El secretario de la Defensa envió cartas al presidente López Obrador en las que defiende al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, y descalifica una recomendación de la CNDH. Las misivas forman parte de los documentos extraídos por Guacamaya.

Mediante una serie de cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con el grupo Guerreros Unidos.

Entre los millones de documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, destaca una carta fechada el 18 de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”.

En su carta, el titular de la Sedena ofreció al presidente la narración de los hechos de Crespo, deslindándole de sus presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, pero señaló que “desde un principio ha sido investigado sobre sus ingresos y patrimonio, no encontrando las autoridades evidencias de capacidad económica superior al que ha podido obtener como resultado de sus ingresos”.

“Refirió que él se va a mantener firme en su determinación en que debe ser reconocida su inocencia, manifestando confianza en el Sistema Judicial y que con mucha seguridad pronto se determinará su libertad de responsabilidades legales ante las acusaciones que se le imputan”, planteó el general al presidente, en una manera de deslindar al soldado de las acusaciones en su contra.

En otra carta, con fecha del 31 de marzo de 2021, Sandoval se quejó ante el presidente de una decisión de la CNDH de revisar la recomendación 15VG/2018 emitida el 28 de noviembre de 2018 –a tres días de terminar la administración de Enrique Peña Nieto– y de exhortar a una investigación exhaustiva a soldados del 27º Batallón de Infantería de Iguala, “ya que tuvieron participación protagónica y ocultaron pruebas”.

Con una forma institucional, el general expresó su rechazo a la nueva encomienda de la CNDH, pues sostuvo que la Sedena había accedido a varias solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Y recalcó, ya con tono de reproche: “Finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional, considera que sería necesario e importante que las instancias responsables de garantizar la protección de los derechos humanos y procuración de justicia, reconozcan y valoren los esfuerzos, así como la disposición de esta dependencia para coadyuvar en las investigaciones, en corresponsabilidad con el resto de las instancias involucradas”.

Semanas más tarde, el mismo Sandoval indicó a López Obrador que el GIEI y la CoVAJ le habían solicitado evidencias generadas por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia (CRFI) de Iguala; pero él les reviró que “dicho centro dependía del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”.

En su informe más reciente, presentado el pasado jueves 29, el GIEI ofreció una narración muy distinta a la de Sandoval en su carta al presidente: afirmó que la Sedena se negó a entregarle la información generada en este CRFI –incluyendo intervenciones de comunicaciones con el spyware Pegasus–, “alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad”.

De hecho, en la mañana del pasado 18 de agosto, día en que se reunieron la CoVAJ, los padres de los 43 normalistas y representantes del gobierno federal, incluyendo Sandoval, el titular de la Sedena se reunió en privado con Omar García Harfuch –jefe de la policía de la Ciudad de México– y con Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de López Obrador quien se dedica ahora a la abogacía. Según la agenda de Sandoval, enviada por correo electrónico al general, la reunión tuvo lugar en el Campo Militar No 1, en la casa militar “Morelos”.

El encuentro tenía aires del caso que se discutiría después: la CoVAJ señaló a García Harfuch entre los participantes a un “cónclave” de funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto que formuló la “verdad histórica”, y Alejandro Robledo y César Omar González, los dos abogados que trabajan de la mano con la Sedena en la defensa legal de los militares imputados por el caso Ayotzinapa.

El roce entre la Sedena y el GIEI no es reciente. Desde los tiempos de Salvador Cienfuegos Zepeda, la Sedena ha buscado imponer una narrativa según la cual la institución castrense no participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ha rechazado la investigación independiente del organismo que opera bajo mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los correos electrónicos de la Sedena hackeados aparecen varias cartas y memorándums dirigidos a Cienfuegos para frenar las investigaciones del GIEI, y que evidencian cómo, en el ámbito militar, imperaba la hostilidad hacia los expertos, con argumentos que posteriormente se vieron reflejados en columnas de prensa.

Un general retirado, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar envió una carta a Cienfuegos el 16 de mayo de 2015, donde le recomendó “preparar al personal del 27/o B.I. que será entrevistado y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias” para convencer al GIEI que los militares no estuvieron implicados en “los hechos” del 26 de septiembre. Esto no fue necesario, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto no permitió que los expertos del GIEI interrogaran a los soldados.

También le recomendó rechazar la clasificación de Ayotzinapa como desaparición forzada, ya que “no se reúnen todas las causales para calificarlo de esta manera” y que su vinculación con un Crimen de Estado “podría resultar de gravedad para el gobierno mexicano”; de hecho, le urgió “reiterar que el crimen organizado manipuló a las autoridades de Iguala”.

Por cierto: el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar fue señalado en Alemania por cobrar presuntos sobornos de la empresa Heckler y Koch en la adquisición de armas cuando estaba al frente de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena; los cuales consistían en un cobro de 25 dólares por rifle y 20 dólares por arma corta.

En septiembre de 2015, el GIEI dio a conocer su primer informe, que destrozó la llamada “verdad histórica” impulsada desde el gobierno de Peña Nieto: refutó la existencia de la cremación de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula, señaló que la PGR no investigó sobre un quinto autobús, presuntamente cargado de heroína, y documentó que agentes militares estuvieron presentes en los escenarios donde desaparecieron los normalistas.

Días después, el 12 de septiembre, el embajador emérito Sergio González Gálvez mandó un memorándum a Cienfuegos –lo firmó como “asesor” del general– donde denunció los reclamos hechos por “organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras”, y recomendó al general que se oponga a la extensión indefinida del mandato del GIEI.

“En nuestra opinión no debe hacerse sin antes evaluar el efecto de esta decisión que puede tener consecuencias en la situación política que vive el país, e inclusive en las elecciones del próximo año”, planteó el embajador, y agregó: “alabo la actitud del Alto Mando al rechazar que nuestros elementos militares declaren ante instancias internacionales”.

Fuente: Proceso