Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto con el cual las plataformas digitales deberán implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, impedir su acceso a determinados contenidos y garantizar condiciones de seguridad desde el diseño de sus servicios.

Previo a la firma, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, explicó que las empresas tendrán un máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones implementadas. El plazo fue consensuado con las plataformas tras una segunda reunión en la que participaron, entre otras: Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.

La consejera jurídica reconoció que:

“Lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”.

Alcalde señaló que el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo al acceso y uso seguro de internet. Explicó que abarcará servicios digitales que permitan la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.

Contenidos restringidos y nuevas obligaciones

El decreto prohibirá que las plataformas permitan a menores el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. También incluirá violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Las plataformas tendrán la obligación de identificar y remover de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas de violencia”, explicó Alcalde, en referencia a las conductas enumeradas en el decreto. Asimismo, deberán clasificar los contenidos por edades y verificar la edad de las personas usuarias.

Las empresas también deberán ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos. Alcalde destacó que deberán establecer “privacidad y seguridad activas de manera predeterminada”, de modo que la protección opere desde el inicio. Además, tendrán que publicar los criterios utilizados para identificar y retirar contenidos.

Colaboración con autoridades y seguimiento

El decreto establecerá la obligación de mantener un punto de contacto disponible para atender requerimientos de las autoridades investigadoras. Igualmente, las plataformas deberán preservar y entregar evidencia o información relevante en casos de riesgo, así como alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.

Como acciones adicionales, Luisa Alcalde mencionó la coordinación con las secretarías de Educación Pública y Salud, el acompañamiento psicológico mediante la ‘Línea de la Vida’ y las asambleas de la guía ‘ABC de las emociones’. Estas últimas difunden información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales entre la comunidad educativa.

Alcalde subrayó que el decreto “es obligatorio, mas no punitivo”. Mientras que la presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento, y advirtió:

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.

Con información de López-Dóriga DigitalNoticias

Un profesor fue asesinado por hombres armados dentro de una escuela secundaria en Oaxaca, según la Fiscalía estatal, menos de dos semanas después de que un ataque en otra secundaria del norte del país dejara a la subdirectora muerta.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde el profesor recibió varios disparos de arma de fuego, según los primeros reportes policiales.

La víctima fue trasladada de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec, donde murió a consecuencia de las heridas.

El profesor fue identificado como Leví Peralta Regalado. De acuerdo con medios locales fue atacado por hombres armados que ingresaron al plantel educativo, lo que provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las actividades escolares.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que desplegó agentes de investigación y especialistas para realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque.

La institución señaló que mantiene coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona y proteger a la comunidad escolar.

El asesinato del profesor ocurre menos de dos semanas después de otro ataque mortal en una secundaria del país.

El pasado 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, exalumnos de un plantel de Torreón, Coahuila, irrumpieron en la institución armados con objetos punzocortantes y asesinaron a la subdirectora, además de dejar cuatro personas heridas, entre ellas dos docentes y un estudiante.

Según las autoridades, los presuntos agresores, que fueron detenidos, seguían en redes sociales contenidos relacionados con ataques escolares perpetrados en otros países y habrían intentado imitarlos.

Aquel episodio ocurrió, a su vez, poco más de seis meses después de que un adolescente de 15 años asesinara a tiros a dos maestras en una escuela privada de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Aunque las autoridades no han establecido vínculos entre estos ataques, los casos reflejan la sucesión de episodios de violencia mortal registrados en centros educativos mexicanos durante los últimos meses.

Con información de EFE

Gabriel N., padre de Dafne Zapata -quien murió en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz de Tamaulipas-, fue declarado culpable por abuso sexual contra la menor.

Este 12 de octubre se llevó a cabo la audiencia en la que el juez Eliseo Sánchez declaró culpable a Gabriel N. del delito de abuso sexual agravado.

Tras conocer el fallo, el hombre adelantó que apelará, pues acusó, las pruebas presentadas por la parte acusadora no acreditaban el delito.

Será este 15 de octubre cuando se lleve a cabo a audiencia de sentencia, que podría ser de entre 20 y 30 años de cárcel además de la reparación del daño.

Fue en 2019 cuando Alejandra Quintos presentó una denuncia contra su entonces esposo, Gabriel N., por el abuso sexual de su hija en común, Dafne Zapata.

La madre de la menor acusó que el avance del caso se postergó a lo largo de los años por los múltiples amparos y recursos legales promovidos por la defensa del imputado para evadir su responsabilidad.

Con información de N+