NACIONAL
FGR pidió a Lozoya ratificar o modificar acusación contra Peña Nieto y Anaya
Emilio Lozoya se sostiene. Aún con la advertencia de la Fiscalía General de la República (FGR) que, de mentir incurriría en el delito de falsedad de declaración y podría ir a prisión de cuatro a ocho años, el ex director de Pemex ratificó y sostuvo su narrativa de que el ex presidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente encargarse del “pago” entregado a Ricardo Anaya para la aprobación de la reforma energética.
Un día después de que, a través de su defensa legal, el ex director de Pemex entregara un escrito con esta acusación, el Ministerio Público de la Federación le pidió, dada su “trascendencia jurídica”, ratificar o, en su caso, modificar su declaración.
Por lo que, dos días después, es decir el 26 de enero de este año, Lozoya Austin, desde el reclusorio Norte, ratificó sus dichos acompañado de su abogado Alejandro Rojas Pruneda, al asegurar que eran verdaderos y que los conocía porque había “estado presente en el momento que sucedieron”.
Al iniciar la comparecencia, fijada a las 10:00 horas, Héctor Jaime López Herrera, agente del Ministerio Público de la Federación, le hizo saber a Emilio Lozoya “la trascendencia jurídica” de su ratificación, además de que tenía derecho a no declarar sobre hechos que lo incriminen o por los que se le pueda fincar responsabilidad.
“Me encuentro presente en esta fecha atendiendo la solicitud del Ministerio Público de la Federación, dándome por enterado del derecho que se me acaba de hacer del conocimiento, siendo mi deseo declarar en la presente diligencia renunciando al mismo y en este acto ratificó el contenido del escrito que se me ha puesto a la vista, ya que el mismo contiene la verdad de los hechos que conozco por haber estado presente en el momento que sucedieron”, detalla la comparecencia ministerial por escrito de Emilio Lozoya, de la que MILENIO tiene copia.
El ex director de Pemex, quien tiene el carácter de denunciante dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, destacó que su “narración” del encuentro con el entonces presidente Peña Nieto en Los Pinos se considera “relevante” para que la FGR “tenga elementos para llegar a la verdad de los hechos dentro del presente procedimiento”.
Emilio Lozoya también aprovechó para reiterarle a la autoridad su intención “para continuar aportando información objetiva y eficaz para la obtención del criterio de oportunidad y/o una salida alterna en estricto apego a la ley” que le valdrían para salir de reclusorio Norte, donde está preso desde noviembre del año pasado, pero sobre todo para que se extingan los procesos en su contra por los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados.
Respecto al apercibimiento que le hizo el agente del Ministerio Público de la Federación, quien acudió a dicho centro penitenciario en representación del titular de la Fiscalía de la Unidad de Investigación CGI “B”, Kristian Jiménez Hernández, remitió al articulo 247 del Código Penal Federal.
“…se le hace del conocimiento al compareciente Emilio Ricardo Lozoya Austin que la presente diligencia consiste en ratificar o modificar el contenido de su escrito de fecha 24 de enero del año en curso constante de tres fojas útiles, de las cuales únicamente aparecen firmadas las fojas dos y tres, documento que fue recibido en esa misma data en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República y que en este acto se le pone a la vista.
“Asimismo, se le hace saber de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad diversa a la judicial en ejercicio de sus funciones, previstas en el artículo 247 del Código Penal Federal”, detalla el documento ministerial.
Dicho artículo está contenido en el capítulo V, denominado Falsedad en Declaraciones Judiciales y en Informes Dados a una Autoridad.
En su primer numeral, el artículo 247 detalla:
“Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa (…) Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.
Con información de Milenio
La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el envío de 300 efectivos para reforzar las labores seguridad en Sinaloa.
Por medio de un comunicado la Defensa indicó que en punto de las 10:30 h del martes 25 de agosto de 2026 dicho contingente despegó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.
Se indicó que el refuerzo de estos 300 efectivos se suman al despliegue que mantiene la 9/a. Zona Militar, donde tendrán como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.
“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense”, refirió.
Sinaloa vive una espiral de violencia por el enfrentamiento entre los grupos delincuenciales Los Mayos y Los Chapitos, derivado de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, en EE.UU., de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurridas en julio de 2024.
Con información de López-Dóriga Digital
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, a quien describió como “suficientemente capacitada” para ejercer el cargo.
Con 31 votos a favor y seis en contra, Graciela Domínguez Nava fue designada gobernadora interina de Sinaloa.
La bancada del PRI se posicionó contra la designación al acusar una crisis jurídica en Sinaloa y adelantó que se sumará a la iniciativa ciudadana que solicitará un juicio político contra Rubén Rocha.
El Grupo Parlamentario del PAN también votó en contra al señalar que “existe un sistema de gobierno fallido por parte de Morena”, y advirtió que el reto de la gubernatura interina es “romper con la incertidumbre y gobernar para todos, no solamente para Morena”.
El Congreso de Sinaloa votará para designar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, a quien describió como “suficientemente capacitada” para ejercer el cargo.
¿Quién es Graciela Domínguez, virtual gobernadora interina de Sinaloa?
Graciela Domínguez Nava es actual diputada federal por el Distrito 1 de Sinaloa, miembro de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Educación y Pesca.
Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
Su trayectoria política la inició en el PRD, partido que abandonó para incorporarse a Morena.
Graciela Domínguez ha sido diputada local en Sinaloa y en el arranque del gobierno de Rubén Rocha fungió como secretaria de Educación Pública y Cultura.
Rubén Rocha pide nueva licencia como gobernador de Sinaloa
La mañana del 21 de agosto, Rubén Rocha Moya reasumió la gubernatura de Sinaloa al afirmar que era su deber cumplir con el mandato que le confirió la ciudadanía en las elecciones de 2021.
Mediante redes sociales expuso que durante su licencia temporal se puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos, pero que no se hallaron elementos respecto de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y Morena argumentaron que la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo fue estrictamente personal.
Ante la polémica, el político solicitó una nueva licencia, ahora indefinida por más de 30 días.
Con información de López-Dóriga Digital y El Sol de Sinaloa
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