La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin por la trama de sobornos en el caso Odebrecht se trató de un “acto espontáneo” por parte del ex director de Pemex, cuyos dichos calificó de “libres” y “voluntarios”.

El Ministerio Público de la Federación desestimó cualquier posibilidad de haber forzado a Lozoya a cambio de beneficios y también rechazó que, durante su detención en España y posterior trasladado a México, se le haya “sugerido” realizar el escrito en el que acusó de actos de corrupción a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como a una decena más de actores políticos de primer nivel, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, entre otros.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido como consecuencia de la denuncia de Lozoya, uno de los agentes del Ministerio Público de la Federación encargado del caso defendió la denuncia del ex director de Pemex, cuestionada en su legalidad por la defensa del ex senador del PAN.

“Esa relatoría de Emilio Ricardo Lozoya Austin ingresa en forma de denuncia a través de una Oficialía de Partes de nuestra Fiscalía General de la República sin que para ello nosotros le hubiéramos requerido, sin que para ello nosotros le hubiéramos citado, sin que nosotros le hubiéramos sugerido hacerla, es decir, se trata de un acto espontáneo de comunicación de hechos que esta fiscalía ignoraba que iba a ser presentada.

“Es claro que las expresiones de Emilio Ricardo Lozoya Austin no surgen como consecuencia de una actividad coercitiva de esta fiscalía y, por ende, encontrando un origen lícito en su producción deben formar parte del elenco de datos de prueba que deben considerarse para resolver”, argumentó.

Hace un par de semanas, Baltasar Garzón, abogado de Lozoya en España, rechazó que su despacho haya intermediado, negociado o participado, directa o indirectamente, en un posible acuerdo entre el ex director de Pemex y la FGR para la extradición del ex funcionario federal.

Este pronunciamiento del representante de la FGR, uno de los pocos conocidos en torno al caso de Emilio Lozoya y su controvertido trato que se considera especial, derivó de la petición de la defensa del ex senador Lavalle Maury al juez Marco Antonio Tapia Fuerte para que fuera desechada la denuncia del ex director de Pemex como acto de investigación en este asunto.

“La mera comunicación de hechos, en la medida que no haya sido producto de coacción, no puede ser considerada como un indicio para que deba desecharse la investigación criminal (…) No puede ser declarada nula, pues se hizo llegar en forma de denuncia, espontáneamente y a través de la Oficialía de Partes de la institución. Esta fiscalía resultó anoticiada de las libres y voluntarias manifestaciones que en la misma denuncia vertió Emilio Lozoya”, aseveró el agente de la FGR.

En dicha audiencia del pasado 12 de abril, a la que MILENIO tuvo acceso, el Ministerio Público de la Federación incluso sostuvo que recibir esta denuncia presentada por el ex director de Pemex en agosto de 2020 se trataba de una “obligación procesal” por parte de la FGR.

“Esta autoridad estaba obligada a dirigir la investigación penal a partir de la presentación de la denuncia, sin que esta fiscalía pudiera suspenderla, sin que esta fiscalía pudiera interrumpirla, sin que esta fiscalía pudiera hacer cesar su curso”, subrayó.

La defensa de Lavalle también consideró que Lozoya debería tener calidad jurídica de imputado y no de denunciante en este asunto, pues recordó que el ex director de Pemex se encuentra vinculado a proceso por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, pero que en su búsqueda de obtener un criterio de oportunidad le ha redituado en no pisar la cárcel desde que fue aprehendido en Málaga.

De acuerdo con la FGR, Emilio Lozoya tiene de plazo hasta el próximo 3 de noviembre, es decir, el miércoles de la próxima semana, para aportar pruebas que sirvan para esta u otras investigaciones en marcha; esto como requisito para que pueda concederle el criterio de oportunidad, mediante el cual se extinguiría la acción penal en su contra.

Además de aportar pruebas, el ex director de Pemex también tendrá que garantizarle al Ministerio Público de la Federación la reparación del daño que causó su conducta criminal.

Con información de Milenio.