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En EU arranca la batalla legal contra Ley DeSantis antimigrante

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Menos de 24 horas después de la entrada en vigor de la controvertida Ley DeSantis en Florida, cinco organizaciones anunciaron el inicio de una batalla legal para neutralizar la ley con una demanda federal, argumentando que es discriminatoria contra los migrantes, extralimita los poderes del estado y viola los derechos civiles de la minoría hispana.

El Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council, que han tenido éxito en neutralizar otras legislaciones discriminatorias y lograr que sean declaradas inconstitucionales, puntualizan que la demanda tendrá como acusado por nombre al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“La SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos al gobierno federal, no a los estados. El intento del gobernador DeSantis de crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración separado y rival administrado por el estado de Florida impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo”, argumentó Paul R. Chávez, abogado supervisor del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del SPLC.

En 2010, una batalla legal similar contra la igualmente polémica ley SB 1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer, logró que dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia declarara la mayor parte de la legislación inconstitucional.

En el caso de la SB 1718, debido a que la jurisprudencia de Estados Unidos permite sólo las demandas cuando impactan a personas específicas, la demanda será presentada a nombre de varios hispanos afectados y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes.

El alegato central de los demandantes es que la Ley DeSantis viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, no sólo de inmigrantes, sino incluso residentes o ciudadanos estadounidenses de origen hispano que pueden ser víctimas por su perfil étnico o racial.

“Esta ley ya está infligiendo daños a largo plazo al estado en aras de ganancias partidistas (de DeSantis) en el corto plazo. Nos apoyaremos en la Constitución para reafirmar los derechos de nuestras comunidades”, señala en alusión a que el gobernador usa la ley como carta de presentación ante la militancia republicana, en su competencia con Donald Trump por la nominación presidencial de ese partido.

¿Qué establece la ley SB 1718?

La SB 1718 modifica el delito de contrabando de personas para establecer que una persona comete un delito grave cuando transporta a este estado a indocumentado, por lo cual se puede llegar a enfrentar una cadena de 15 años de cárcel y 15 mil dólares de multa, dependiente de agravantes como el número de indocumentados o su edad.

También obliga a los empleadores privados con 25 o más empleados a usar el sistema E-Verify para los nuevos empleados, con lo cual criminaliza a los patrones que contraten a trabajadores indocumentados a través de la amenaza de la suspensión de sus licencias y multas de mil dólares diarios.

Al mismo tiempo crea el requisito de que los servicios de salud, incluidos hospitales y salas de emergencia, exijan la demostración de estatus legal antes de proveer servicios médicos.

Los demandantes sostienen en ese sentido que el “efecto punitivo” de la SB 1070 ‘erosionará la seguridad y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras y propiciando su explotación”.

“Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos. Estamos comprometidos con garantizar que los inmigrantes sean tratados de manera justa, equitativa y con dignidad”, señala Chavez, del SPLC.

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Hermano del ‘Mencho’ se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

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Antonio Oseguera Cervantes, hermano de ‘el Mencho’, que fue extraditado a Estados Unidos a principios de 2025, se declaróculpable de conspiración para cometer narcotráfico y uso de armas.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Oseguera, de 67 años y originario de Michoacán, recibirá su sentencia el próximo 13 de noviembre y afronta una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Oseguera de traficar cocaína y metanfetamina a EE.UU. para cárteles mexicanos durante unas dos décadas, primero para el Cártel Milenio y después para el Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), liderado por su hermano.

Desde 2002 a 2010, el hombre trabajó para el Cártel Milenio supervisando las ventas de narcóticos, protegiendo territorios de rivales y manteniendo las operaciones en laboratorios, a los que suministraba precursores químicos, indica la nota.

A partir de 2010, Oseguera “trabajó y se reportó directamente con su notorio y ya fallecido hermano, Nemesio Oseguera Cervantes”, alias ‘el Mencho’, que cofundó y lideró el CJNG, “uno de los cárteles más prolíficos y peligrosos de México”.

El sujeto trabajó para el CJNG como suministrador de precursores químicos, distribuidor de droga, recolector de los beneficios y gestor de su blanqueo entre EE.UU. y México, para lo que habitualmente iba armado “con una pistola”, señala la  nota.

Los cargos de los que se declaró culpable son conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina destinados a EE.UU., así como uso, porte y posesión de arma de fuego para ese delito.

Oseguera fue extraditado de México a EE.UU. en febrero de 2025 junto a otros 28 destacados narcotraficantes de los principales carteles mexicanos que estaban ya presos en el país vecino, como parte de un acuerdo entre sus gobiernos.

 

 

Con información de EFE

 

 

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Migrante mexicano muere bajo custodia de ICE; padecía leucemia

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Un migrante mexicano que padecía leucemia murió tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención en Georgia, informaron organizaciones defensoras de los inmigrantes y su familia.

Las agrupaciones manifestaron su indignación por el deceso de Priciliano Trejo, de 29 años, quien murió en un hospital de Georgia tras haber estado recluido en el Centro de Detención de Stewart, uno de los mayores centros migratorios del país.

‘Yanito‘, como era conocido, padecía leucemia y solicitó atención médica el pasado 6 de julio, unas dos semanas después de ser detenido por ICE en Carolina del Norte, según sus familiares.

“Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia”, dijeron las organizaciones.

Trejo murió el 24 de julio en el hospital, de acuerdo con la familia del mexicano, algo que ICE no confirmó hasta este jueves.

“Dado que la custodia de Trejo fue entregada a su familia antes de su muerte, es probable que el ICE no reporte oficialmente su deceso”, aseguraron las organizaciones, entre ellas Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Right y El Refugio.

“Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, dijo Priyanka Bhatt, abogada de Project South.

“Nos entristece profundamente y nos indigna por igual la pérdida de vidas a manos de ICE”, afirmó Setareh Ghandehari, de la organización Detention Watch Network.

Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, señaló que esta muerte se suma a una “larga lista de migrantes que han fallecido en estas instalaciones: 15 en total”.

“Su padre habló con nosotros y nos contó que Priciliano gozaba de buena salud; no comprende por qué, en tan poco tiempo, su estado se deterioró tan rápidamente hasta provocar su muerte. Él exige respuestas y conocer la verdad. Nadie debería morir bajo custodia”, manifestó el activista.

Las organizaciones hicieron un nuevo llamado para exigir el cierre del Centro de Detención de Stewart.

Se trata del centro “con mayor índice de mortalidad del país” y que “ha sido objeto, desde hace mucho tiempo, de graves denuncias sobre condiciones inhumanas y atención médica deficiente”, manifestó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Georgia Latino Alliance for Human Rights.

EFE intentó obtener una reacción de ICE, pero hasta la publicación de esta nota no había recibido respuesta.

Al menos 52 migrantes han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, hasta el pasado 4 de junio, según un informe de Human Rights Watch basado en registros oficiales.

 

Con información de EFE

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Milei firma un decreto para expulsar a extranjeros que agravien a los argentinos

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El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió, por decreto, la entrada al país de extranjeros que hayan agraviado a los argentinos, así como su expulsión si ya están dentro, en medio de denuncias del propio Gobierno sobre una supuesta campaña “anti-Argentina” tras el Mundial 2026.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causas para denegar el ingreso al territorio argentino y cancelar residencias ya otorgadas.

El Gobierno afirma, en la norma, que en los últimos tiempos “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Añade que esas conductas representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan “las condiciones de convivencia armónica y paz social”.

El Ejecutivo aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse” en estas disposiciones “aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Horas antes de la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que remarcó que “la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”.

Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, afirmó el Gobierno de Milei.

Esta decisión sigue a denuncias del propio Gobierno argentino de una supuesta “campaña anti-Argentina” tras las críticas formuladas por las redes sociales tras la final del Mundial, en el que Argentina perdió contra España.

Milei afirmó el 26 de julio pasado que el Gobierno de Brasil financió parte de esa supuesta campaña, con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que existiera una campaña de su Gobierno contra Argentina.

El canciller argentino, Pablo Quirno, mencionó como parte de esa supuesta campaña publicaciones de figuras como la cantante española Rosalía, quien llegó hoy a Buenos Aires para iniciar una serie de conciertos, y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

Las críticas vertidas por las redes, sobre las que el algoritmo hizo un trabajo de viralización, estaban enfocadas en supuestas ayudas arbitrales a Argentina durante el Mundial y acusaciones de racismo.

 

 

Con información de EFE

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