La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a jueces otorgar suspensiones generales a obras, políticas y posibles violaciones a derechos humanos.

Las modificaciones se aprobaron con 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones en lo general. En lo particular, se aprobaron con 254 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones. La reforma será enviada para su publicación oficial.

Dicha reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, pretende erogar la facultad excepcional que tienen los juzgadores mexicanos de conceder suspensiones generales a una norma que pudiese tener alguna repercusión social.

Asimismo, agrega que cuando se trate de un juicio de amparo contra alguna inconstitucionalidad de normas generales, “en ningún caso, las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

Esto limita a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso mexicano o Congresos estatales.

En el dictamen aprobado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

Sin embargo, el proyecto acota que “no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.

La reforma se da luego de diversas polémicas en las que el Poder Judicial ha frenado políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por considerarlas violatorias a derechos humanos y competencia económica, como es el caso de la reforma energética que originó una lluvia de amparos ante tribunales de todo el país.

Además, legisladores del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

El propio López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.

El empresariado mexicano ha pedido a los legisladores mexicanos no aprobar esta reforma, pues han advertido que va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, limita el acceso a la justicia y afecta a la competencia económica.

“Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”, posicionó la cúpula empresarial reunida en el Consejo Coordinador Empresarial.

Incluso la iglesia defendió al amparo como “una herramienta esencial para la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades e injusticias por parte del Estado”.

Con información de EFE