Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y lo particular la reforma judicial que impulsa Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, la iniciativa pasará al pleno de la Cámara Alta, donde se prevé su discusión y votación el miércoles 11 de septiembre.

La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.

El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.

También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.

Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.

Con información de López-Dóriga Digital

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha hecho pública este domingo su propuesta de reforma judicial. El documento, que surge desde la judicatura federal y local, llega in extremis como una alternativa a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. “La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”, ha dicho la ministra en una transmisión especial, en la que ha pedido a los senadores que valoren su proyecto: “Una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la unión”. La reforma del presidente ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y esta próxima semana se discute en el Senado, donde Morena y sus aliados solo necesitan de un voto más para hacerla realidad.

Hace semanas que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura federal preparan su propio proyecto de reforma judicial. Este domingo, cuando quedan apenas un par de días para que la iniciativa de López Obrador pase su última barrera en la Cámara Baja, Norma Piña ha anunciado su lanzamiento. El documento, llamado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, es —en palabras de la ministra— “una propuesta que surge de un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial, desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.

Acompañada de los ministros Jorge Pardo, José Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar, y de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña ha insistido en los fallos de la actual reforma judicial, que tiene como principal cambio la elección de los jueces por voto popular: “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México”. “Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestro compromiso es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, ha afirmado.

La propuesta llega el mismo día que se han reunido las comisiones en el Senado para emitir su dictamen sobre la reforma. La presidenta del máximo tribunal de México ha defendido su proyecto como “parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo” con todos los actores del sistema de justicia federal y locales, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de la violencia. “Si tenemos el valor y la voluntad real hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, ha dicho Piña.

La presidenta de la Corte participó el viernes en una de las protestas organizadas por los trabajadores del poder judicial contra la reforma. Vestida con una camiseta blanca con los símbolos de la SCJN, del Gobierno de México y con la leyenda “Todos somos el PJF (Poder Judicial de la Federación)”, la ministra se tomó fotos con los asistentes y fue cobijada con consignas de agradecimiento por su oposición a la iniciativa. Solo un día antes, Piña inició dos consultas para saber si está facultada como presidenta de la Suprema Corte para frenar la aprobación de la reforma judicial.

El asunto se desprende de una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed), que considera que la propuesta de López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial. La organización pide a la SCJN que detenga el proceso legislativo como medida cautelar, algo que no tiene precedente en México. Piña turnó los dos asuntos a Lenia Batres, la última ministra nombrada por el presidente y una pública defensora de la reforma judicial. Será ella quien haga una propuesta sobre qué debe hacer el tribunal para que después sea discutido por el resto del pleno.

López Obrador criticó duramente a Piña por haber aceptado la solicitud de Jufed: “Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución”. El presidente aseguró que una intervención de la Corte en mitad del proceso legislativo “sería una intromisión burda” y una “arbitrariedad”: “No tiene fundamento legal”. Normalmente, la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma después de que es aprobada y no durante el proceso de discusión. La reforma fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados por la aplastante mayoría de Morena y sus aliados, y está ahora en manos del Senado.

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, presentó una propuesta alterna de reforma judicial.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de Seguridad y Justicia en el país son culpa de los jueces” pic.twitter.com/RjZeUgI59b

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 8, 2024

Ministra Presidenta de la @SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal presenta documentos de análisis para un sistema integral de justicia

🔗 Documentos: https://t.co/abP8yk0BJM

🔗Comunicado: https://t.co/JYGMNihkFe pic.twitter.com/x0QnarM4nE

— CJF (@CJF_Mx) September 8, 2024

Con información de El País y López-Dóriga Digital

La Iglesia aseguró que la propuesta de reforma al Poder Judicial que se discutirá a partir de este domingo en el Senado “no responde a una revisión integral” ni garantiza una “mejor impartición de justicia” y pidió no apresurar su aprobación.

“La propuesta de reforma que discute actualmente el Senado no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor impartición de justicia. Por esa razón lanzamos la pregunta: ¿Por qué la prisa?”, expuso la Arquidiócesis de México, en su editorial del semanario Desde la fe publicado.

La Iglesia mexicana se refirió así a la iniciativa de reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, propone la elección de jueces por voto popular.

La institución señaló que la necesidad de justicia “es una de las grandes demandas sociales” y enfatizó que, sin duda, es “necesaria y prioritaria” una reforma al Poder Judicial y un tema “urgente de atender, pero siempre con escucha y diálogo”.

Sin embargo, cuestionó la “prisa” con la que se busca votar la iniciativa, ya que el miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma y lo envió al Senado que se espera su aval el próximo miércoles.

“¿Por qué la prisa? Si quien corre jamás será capaz de escuchar con claridad. ¿Por qué la prisa? Cuando no se ha realizado el diálogo que demanda nuestra democracia”, zanjó.

También explicó que no se puede trabajar con tan poco diálogo y tan “escasa escucha” en algo tan serio como lo es la justicia y señaló que la fortaleza de una nación se basa en la unidad de los ciudadanos y “no hay unidad en esta iniciativa”.

“¿Por qué la prisa? Si la diversidad de criterios y opiniones fortalece las propuestas y las leyes”, insistió.

Ante ello, pidió a los legisladores recién electos que, ante esta “gran oportunidad histórica” no elijan la fama ni impongan radicalmente el poder que se les otorgó en las urnas.

“Los invitamos a que elijan la sabiduría y la prudencia, tal como lo hizo el rey Salomón. Sabiduría para escuchar con tiempo suficiente a todos los sectores involucrados y prudencia para hacer una revisión integral del sistema judicial. Si actúan con sabiduría y prudencia, el pueblo mexicano sabrá reconocerlo con creces”, acotó.

La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles contra la iniciativa, que propone, entre otros puntos, reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos.

También contempla la eliminación de la pensión vitalicia, ajuste de remuneraciones, sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.

Con información de EFE