Seguridad. El secretario de la Defensa de Peña Nieto fue detenido a petición de la DEA cuando llegaba con su familia a Los Ángeles; el embajador Landau enteró del operativo al canciller Marcelo Ebrard. 

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, fue detenido ayer a petición de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, bajo cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico.

El general, quien ostenta el rango de cuatro estrellas —el máximo posible en las fuerzas armadas mexicanas—, viajó la tarde de ayer con su familia y al arribar a territorio estadunidense fue detenido por personal de seguridad de EU; sus parientes fueron liberados más tarde. Minutos después, personal de la DEA avisó al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, de la conclusión del operativo y el diplomático le informó al canciller Marcelo Ebrard de las acciones contra el funcionario en la administración de Enrique Peña Nieto.

Hacia las 9 de la noche, el secretario de Relaciones Exteriores tuiteó que el embajador Landau le había confirmado la detención del general Cienfuegos.

El ex secretario fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención, en Los Ángeles, donde permanecerá hasta que sea presentado ante una corte federal para leerle los cargos que le imputan. Hoy se espera que la cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, se traslade al centro con un equipo jurídico para conocer los cargos que se le imputan y darle protección consular a la que tiene derecho, conforme a los tratados internacionales.

De acuerdo con diplomáticos consultados, entre las acusaciones que se formularán al ex secretario de la Defensa están el transporte y distribución de droga. El caso quedó radicado en la corte federal de Nueva York, misma donde se lleva el caso que se sigue contra Genaro García Luna y donde se llevó el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Durante el proceso contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Alex Cifuentes, testigo de la fiscalía, reveló que El Chapo Guzmán intentó sobornar a un alto mando militar “para que lo dejaran en paz” y aunque nunca se dio a conocer su nombre, se señaló al “general de la nación”, a quien se darían varios millones de dólares.

El contacto se dio a través de la “secretaria” de Cifuentes, Andrea Vélez Fernández, quien manejaba una agencia de modelos en Ciudad de México, la cual proveía de mujeres las fiestas semanales del “general de la nación”, cuyo nombre no fue revelado; sin embargo, Cifuentes dijo que su “secretaria” les avisó que el intento de soborno fracasó.

TLATLAYA Y AYOTZINAPA

La gestión del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, estuvo marcada por dos escándalos: la matanza de Tlatlaya y la omisión del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su administración, el Ejército actuó más de coadyuvante en las investigaciones de alto impacto contra el narcotráfico, porque la Secretaría de Marina se encargó de ejecutar los principales operativos, debido a que en los últimos años la Armada ganó la confianza de las autoridades estadunidenses para detener a los líderes del crimen organizado.

En el sexenio de Peña Nieto, la tarea del Ejército se vio eclipsada, pese a su despliegue en el país, porque las misiones las encabezó la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual recobró el poder que perdió cuando la Agencia de Investigación Criminal fue desmantelada en el gobierno de Felipe Calderón.

Al general Salvador Cienfuegos se le reconoce por modernizar el sistema educativo militar, además de que ordenó la construcción de la Escuela de Ingenieros Militares y la de Materiales de Guerra.

Asimismo, defendió el despliegue de las fuerzas armadas para erradicar la inseguridad y la violencia, y demandó al Congreso de la Unión, junto con el entonces secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, que se les diera certidumbre con la Ley de Seguridad Interior. Esa norma después fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla inconstitucional.