Connect with us

NACIONAL

Al menos cuatro militares fueron infiltrados entre los normalistas de Ayotzinapa

Published

on

El operativo de inteligencia militar en la Normal Rural de Ayotzinapa era más grande de lo que se pensaba originalmente.

Al menos cuatro militares fueron infiltrados entre los alumnos o en su entorno inmediato para elaborar reportes de las actividades de los normalistas: dos de los agentes de inteligencia murieron, y dos más lograron salvar sus vidas y ya han sido interrogados sobre la desaparición de los 43 normalistas.

El primero, conocido como “Juan N” y de quien no se conocía su existencia hasta ahora, sobrevivió porque el día en que desaparecieron los 43 alumnos se quedó en la normal rural por razones desconocidas.

“Juan N: Declara que jamás salió de las instalaciones, por ende, no se enteró de lo que sucedía. Sólo logro escuchar que había una balacera por la pista Zacacoyuca” se establece en el informe presentado ayer.

También señala que: “Se ha buscado un acercamiento con el elemento activo Juan “N”, quien también era alumno de la normal”.

El segundo militar salvó su vida porque se encontraba realizando labores de vigilancia en calles de la capital de Tixtla.

“Se tiene identificado al ‘otro OBI’ desplegado a la cabecera municipal de Tixtla que observa al OBI que forma parte de los estudiantes presuntamente desaparecidos, ingresar a la Normal el 28 de septiembre del 2014”, señala el mismo documento.

Lo anterior se desprende del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el que se destaca que estos dos militares fungían como OBI -Órganos de Búsqueda de Información- adscritos al área de inteligencia castrense. Su misión era vigilar los movimientos de los estudiantes.

En el reporte se incluye el caso del otro agente militar infiltrado y quien se hacía pasar por alumno, Julio César López Patolzin, desaparecido junto con los estudiantes la noche del 26 de septiembre.

“Las actividades que realizaba López Patolzin, desde el 2012 en la escuela, consistían en informar lo que acontece en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusieran en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”, se expone en el documento.

Horas antes de la llamada noche de Iguala, López Patolzin señaló en un informe que mandó a su superior, el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, que los alumnos tenían un plan de acción para el 2 de octubre del 2014.

Ese fue el último despacho que logró enviar, alrededor de las 10:00 horas del 26 de septiembre y de su destino se desprende una falla por parte de sus superiores que, a la postre, también influyó en evitar que los estudiantes fueran localizados.

Y es que en el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Segob, se advierte que el superior jerárquico de López Patolzin no realizó ninguna acción para proteger su integridad a pesar de saber que participaría en las actividades de los normalistas. En particular, no activó los protocolos de búsqueda del Ejército una vez que se supo de su desaparición;

“Julio César López Patolzin fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su identidad de búsqueda de su persona, pese a que su deber, cómo lo establece el protocolo para militares desaparecidos, obliga a los mandos implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda localización y en su caso rescate del personal militar desaparecido”, se menciona en el informe.

Julio César López Patolzin tenía 25 años de edad, causó alta en el Ejército el 16 de enero del 2009, en el 50 batallón de infantería de Chilpancingo, con un tiempo de servicio de cinco años y ocho meses al momento de su desaparición, cuando tenía dos meses de haber ingresado a la Escuela Normal para estudiar, así lo confirmó en su momento el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, luego de que MILENIO tuvo acceso a las libretas de apuntes de la víctima.

El segundo militar muerto fue confirmado a este diario por Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la entonces Procuraduría General de la República.

“Había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la normal rural Raúl Isidro Burgos”, comentó el ex funcionario en entrevista con MILENIO en 2014.

Sedena entregó al GIEI información sobre militares relacionados con Guerreros Unidos

La Sedena entregó al GIEI los informes con que contaba de elementos militares y funcionarios estatales relacionados con el grupo criminal de Guerreros Unidos.

El instituto armado fue obligado en la presente administración, a proporcionar toda la información referente al caso de la desaparición y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotiznapa, el 24 de mayo de 2019 hizo llegar al GIEI los radiogramas del 26 y 27 de septiembre del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

Asimismo, los mensajes urgentes que enviados a la 35 Zona Militar tras el ataque de los sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, y los informes de inteligencia, archivos cifrados, organigramas y estructuras del 27 Batallón .

También, el documento del Sistema de Información de Archivos Cifrados Arcanos, además de que tuvo que revelar un informe sobre cuál fue el papel del Batallón de Iguala frente a los hechos del 26 de septiembre y los antecedentes castrenses de policías municipales en dicha región del estado de Guerrero.

En agosto de 2019, el Ejército amplió la información sobre la colusión de funcionarios estatales con Guerreros Unidos, de policías municipales de Iguala y Cocula con antecedentes castrenses, y la información de militares relacionados con el grupo criminal que se sabe ordenó el secuestro y desaparición de los estudiantes.

La información sobre las actividades de Julio César López Patolzin, quien era un militar que se infiltró como estudiante en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, también fue entregada, al igual que las acciones que tomó la dependencia para buscar a los normalistas.

Un año después, es decir, en 2020, el GIEI volvió a solicitar más información a la Sedena, así como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 18 de enero del año citado se requirió a la dependencia castrense la información faltante y que era vital para la investigación sobre los normalistas, entre esta, los mensajes generados por la Comandancia del 27 Batallón de Infantería.

Igualmente, los folios faltantes del 26 y 27 de septiembre generada por el Grupo de Análisis de Orden Interno de la 35 Zona Militar; el documento denominado “Problemática delictiva en Región Norte y Centro de Guerrero, 2014”.

Además, la agenda estatal de riesgos 2014; el listado de las órdenes de aprehensión emitidas y pendientes por cumplimentar durante la época del ataque a los estudiantes, y los acuerdos que tomaron los militares en la sesión del 12 de diciembre del mismo año.

El 10 de septiembre de 2020, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dirigió un cuestionario a la CNDH, del cual obtuvo respuesta el 12 de enero de 2021, a través de un oficio de 22 fojas y una USB con 3 mil 705 fojas.

Cabe señalar que en noviembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra capitán del Ejército en retiro José Martínez Crespo, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud. El militar fue vinculado con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la averiguación previa que comenzó a ser integrada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el capitán Martínez Crespo tomó dos fotografías de jóvenes estudiantes y de un profesor, después de que, atendiendo las órdenes de su comandante del 27 de Batallón de Infantería, se dirigió a una clínica privada en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 porque al parecer había gente armada.

 

 

Con información de Milenio

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NACIONAL

“No lo ayudaron”, familia de migrante mexicano exige respuestas por su muerte bajo custodia de ICE

Published

on

By

La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, quien murió en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al Gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el mexicano había solicitado atención médica pero no la recibió a tiempo, una situación que se repite en parte de las once muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026.

“Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron”, dice a EFE, Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero. “Él les dijo que necesitaba atención médica pero no se la dieron”, agrega.

Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el Centro de Detención en Adelanto (California), la pareja se comunicaba casi todas las noches.

Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara.

“No se veía bien. Yo le insistí que les pidiera ver a un médico, me dijo que desde días antes había llenado unos papeles y les había dicho que estaba enfermo pero no le hicieron caso”, cuenta con la voz quebrada.

Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino (California).

“No pudimos despedirnos”, lamenta en medio del llanto.

En un comunicado ICE dijo que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Un profesional médico del lugar “ordenó su traslado” a un hospital, donde ingresó “por dolor en el pecho y dificultad para respirar”.

El mexicano fue declarado muerto el 27 de febrero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no aclaró la hora y el día del traslado al centro médico. Tampoco las causas.

 Once muertos en 2026

La muerte de Gutiérrez Reyes, que llevaba 25 años viviendo en EE.UU. despertó indignación pública.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió una investigación, y la concejala de Los Ángeles, Eunisses Hernández, que representa el distrito donde vive la familia, lamentó el alto número de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE, y criticó el Gobierno del presidente Donald Trump al considerar que “no valora” la vida humana.

El mexicano, que era el único sustento de su casa y el de sus padres en Veracruz, ambos ancianos y enfermos, fue el noveno inmigrante muerto de este año.

Después de su fallecimiento las autoridades reportaron la muerte de un iraní detenido en Misisipi el 1 de marzo, y un día después murió en Arizona el haitiano Emmanuel Damas, de 56 años.

El hermano de Damas, Presner Nelson, dijo a la televisora CBS que el migrante había informado con anterioridad al personal del centro que tenía un fuerte dolor de muelas. El dolor empeoró y fue trasladado al hospital el 19 de febrero, donde murió doce días después.

Sobre este caso, ICE indicó que el migrante reportó dificultad para respirar por lo que fue trasladado al hospital, pero no menciona el dolor de muelas.

Trabajadores que mueren como criminales

Tanto la familia de Gutiérrez Reyes como la Damas han expresado su rechazo a las etiquetas de “criminal ilegal” que ICE ha puesto en los comunicados sobre sus muertes.

En el caso del mexicano, un trabajador de la construcción, las autoridades divulgaron que su detención en 2010 fue por un delito menor por el que se le ordenó recibir clases.

Para su hijo, Erick Gutiérrez, un joven estadounidense de 19 años, la descripción de su padre por parte de ICE es una afrenta más contra su progenitor, que fue detenido por ICE el pasado 9 de enero cuando salió a comer algo en su descanso en el trabajo. “Lo que hacen es inhumano”, dijo a EFE.

La familia creó la cuenta ‘Justice for Alberto Gutiérrez’ en GoFundMe, mientras que el joven dejó de asistir a la universidad para ponerse al frente del hogar y reunir dinero para darle una sepultura digna a su padre y ayudar a sus abuelos y a su madre.

 

 

Con información de EFE

Continue Reading

NACIONAL

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; asegura que busca reducir privilegios

Published

on

By

Luego que no fue aprobada su iniciativa de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da detalles de su plan B, el objetivo es terminar con los privilegios que tienen los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y fortalecer la participación ciudadana.

Luego de que su iniciativa de reforma electoral no fuera aprobada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los alcances de su llamado “Plan B”, cuyo objetivo central —afirmó— será continuar con la reducción de privilegios en los partidos políticos y en las autoridades electorales, así como fortalecer la participación ciudadana.

Durante su conferencia, la mandataria federal sostuvo que la propuesta rechazada buscaba disminuir el gasto público destinado a instituciones electorales y dirigencias partidistas, al considerar que existen recursos excesivos en un país con amplias necesidades sociales.

“Durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Todavía quedan áreas en México de privilegios (…) La reforma electoral que presentamos tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales”, afirmó.

La presidenta argumentó que, de acuerdo con encuestas, la ciudadanía considera excesivo el financiamiento público a los partidos y los salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), además de señalar duplicidades entre el organismo nacional y los institutos electorales locales.

“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos (…) que los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta y que se repitan funciones en los Oples mientras hay necesidades de agua, drenaje y servicios en los municipios”, dijo.

Sheinbaum también expuso cómo votaron las distintas fuerzas políticas durante la discusión legislativa y aseguró que insistió en llevar la iniciativa al pleno aun cuando sabía que sería rechazada.

Según explicó, únicamente legisladores de Morena, 12 diputados del Partido Verde y uno del PT respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de sus aliados votaron en contra.

“Yo insistí en que se votara porque cumplí con la gente. Me comprometí a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y yo cumplí (…) también era importante ver quién votó por disminuir los privilegios y quién no”, sostuvo.

La mandataria adelantó que el Plan B mantendrá la misma esencia de la reforma rechazada: reducir gastos considerados excesivos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.

“El objetivo es seguir disminuyendo los privilegios (…) que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar”, señaló.

Además, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas y en la elección de representantes.

 

Con información de El Universal

Continue Reading

NACIONAL

Casos de sarampión en México durante 2026 ya superan el total del año pasado

Published

on

By

Datos de la Secretaría de Salud confirmaron que, en lo que va de 2026, los casos de sarampión en México ya superaron el total de contagios registrados durante todo el año pasado.

Lo anterior fue detallado en el informe diario que ofrece la dependencia federal, al corte del miércoles 10 de marzo.

De acuerdo con las estadísticas, en lo que va de 2026 se han contabilizado un total de seis mil 511 casos confirmados, cifra que rebasa los seis mil 452 contagios reportados en todo el 2025.

Con este incremento, el acumulado total del brote 2025-2026 asciende a doce mil 963 casos a nivel nacional.

Se han registrado un total 34 muertes por la enfermedad desde el inicio del brote, de las cuales siete han ocurrido en lo que va de 2026.

Jalisco es la entidad con el mayor número de casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, con un total de tres mil 823; le siguen Chiapas, con 570; Ciudad de México, con 464; Sinaloa, con 234, además del Estado de México con 293.

La Secretaría de Salud informó que, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026, el Sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

Como parte de esta estrategia, se refuerza el llamado a madres, padres y cuidadores para vacunar oportunamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, ya que este grupo requiere especial protección para evitar contagios y cortar cadenas de transmisión.

Estas acciones se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, además de los gobiernos estatales, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

La vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.
Personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente vacunal o presenten esquemas incompletos.
Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

 

Con información de López-Dóriga Digital

Continue Reading

#Tendencias