La Estrategia Nacional de Búsqueda del Gobierno federal dio como resultado la localización de más de 16 mil personas reportadas como desaparecidas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que hasta el 8 de octubre se localizaron a 16 mil 3 personas.

Ello a través de cuatro métodos:

• Plataforma Única de Identidad
• estrategia con entidades federativas
• Alerta Nacional
• búsqueda en territorio

La titular de la Segob detalló que en el caso de la Alerta Nacional permitió la localización de 3 mil 473 personas reportadas como desaparecidas, 219 de ellas sin vida.

Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, expuso que mediante la búsqueda en territorio se localizó a mil 214 personas.

Estas personas localizadas argumentaron como causa de desaparición:

• ausencia voluntaria
• consumo de sustancias
• violencia familiar
• detención de alguna autoridad
• problemas de salud física o mental
• privación de la libertad
• sustracción de familiares
• accidentes

La Segob informó además la integración de un grupo de nueve expertos nacionales e internacionales para su incorporación al trabajo de análisis técnico y científico de búsqueda.

En México hay más de 130 mil personas sin localizar, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Con información de N+

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de inadmisibles los casos de tortura denunciados recientemente en Jalisco y Guanajuato, y pidió investigar la actuación de las corporaciones policiales.

“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona. Y menos en una detención”, afirmó este miércoles durante su conferencia matutina.

Sobre los casos de represión durante la marcha por la calidad del agua en Guafalajara (Jalisco), el domingo pasado, señaló que este martes solicitó un informe a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, después de ser consultada sobre las denuncias. Además del uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, se refirió a la tortura contra jóvenes: “No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”.

Sheinbaum pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda, entrevistar a las víctimas y determinar quién dio las órdenes y quiénes son responsables.

“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó, y añadió: “Que conteste el gobernador de Jalisco”.

Responsabilidad estatal y municipal

Respecto a Guanajuato, la presidenta fue consultada por una periodista sobre denuncias contra policías municipales y estatales, incluida la presunta tortura de seis estudiantes de la Universidad de Guanajuato. La pregunta de la comunicadora también expuso agresiones contra un reportero y una mujer, así como el señalamiento de que policías estatales asesinaron a un joven de 19 años en San Felipe.

La mandataria subrayó la responsabilidad de los estados sobre sus policías y planteó la intervención de la CNDH o de la Fiscalía General de la República (FGR) ante los casos expuestos. “En estos casos que denuncias es igual. Si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo haga”, sostuvo.

“No podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, expresó Sheinbaum. Insistió en que los hechos deben investigarse y sancionarse, y reiteró: “No puede haber tortura en México”.

Con información de López-Dóriga Digital

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto con el cual las plataformas digitales deberán implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, impedir su acceso a determinados contenidos y garantizar condiciones de seguridad desde el diseño de sus servicios.

Previo a la firma, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, explicó que las empresas tendrán un máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones implementadas. El plazo fue consensuado con las plataformas tras una segunda reunión en la que participaron, entre otras: Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.

La consejera jurídica reconoció que:

“Lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”.

Alcalde señaló que el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo al acceso y uso seguro de internet. Explicó que abarcará servicios digitales que permitan la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.

Contenidos restringidos y nuevas obligaciones

El decreto prohibirá que las plataformas permitan a menores el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. También incluirá violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Las plataformas tendrán la obligación de identificar y remover de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas de violencia”, explicó Alcalde, en referencia a las conductas enumeradas en el decreto. Asimismo, deberán clasificar los contenidos por edades y verificar la edad de las personas usuarias.

Las empresas también deberán ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos. Alcalde destacó que deberán establecer “privacidad y seguridad activas de manera predeterminada”, de modo que la protección opere desde el inicio. Además, tendrán que publicar los criterios utilizados para identificar y retirar contenidos.

Colaboración con autoridades y seguimiento

El decreto establecerá la obligación de mantener un punto de contacto disponible para atender requerimientos de las autoridades investigadoras. Igualmente, las plataformas deberán preservar y entregar evidencia o información relevante en casos de riesgo, así como alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.

Como acciones adicionales, Luisa Alcalde mencionó la coordinación con las secretarías de Educación Pública y Salud, el acompañamiento psicológico mediante la ‘Línea de la Vida’ y las asambleas de la guía ‘ABC de las emociones’. Estas últimas difunden información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales entre la comunidad educativa.

Alcalde subrayó que el decreto “es obligatorio, mas no punitivo”. Mientras que la presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento, y advirtió:

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.

Con información de López-Dóriga DigitalNoticias