Este viernes, el gobierno peruano anunció que la derrama de petróleo en el mar fue el doble de lo que habían informado, esto después de que la justicia negara la salida del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol.
“Tenemos una cifra ya hasta el momento de 11 mil 900 barriles vertidos al mar el 15 de enero, en vez de los 6 mil informados hasta ahora”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, en rueda de prensa.
El derrame, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima y propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
En tanto, el viceministro de Medio Ambiente, Alfredo Mamani, ratificó que “el nuevo estimado es de 11 mil 900 barriles”.
La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Además, dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales, quienes han protagonizado protestas contra la compañía española.
“A la fecha se tiene ya 4 mil 225 barriles recuperados” del mar y de las playas, poco más de un tercio del total, explicó el viceministro Mamani.
La justicia peruana prohibió este viernes salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, mientras avanzan las investigaciones del derrame.
“Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía”, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos.
El “Mare Doricum” ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, a unas seis millas del puerto del Callao, colindante a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
Tras la decisión del juez, en Madrid la petrolera garantizó que continuará “cooperando plenamente” con la justicia peruana y dijo que su principal preocupación es la “limpieza del medio ambiente”.
“Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso”, indicó Repsol en un correo electrónico, según la AFP.
“Nuestra principal preocupación es la limpieza del medio ambiente. Repsol está poniendo todos sus esfuerzos en los trabajos de limpieza con la máxima rapidez para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas”, agregó la empresa.
El jefe de Repsol Perú será investigado por la fiscalía como presunto “autor” del delito de “contaminación del ambiente en agravio del Estado” peruano, y los otros tres directivos como “cómplices”.
La ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para este delito, indicó la fiscal, Rosa Gonzales, en la audiencia iniciada el jueves y cerrada este viernes con la resolución del juez.
Los coacusados son los peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería La Pampilla), Gisela Cecilia Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Gregorio Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).
Los abogados de los cuatro directivos no impugnaron la solicitud de la fiscalía en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia, en línea con lo que dijo poco después Repsol en Madrid.
Fernández-Cuesta es un economista que trabaja para Repsol desde 2010 y dirige la filial de Perú desde hace tres años. Reyes es un ingeniero químico con 23 años en Repsol, mientras que Posadas es licenciada en química con 15 años en la compañía y Tejada es oficial de marina mercante.
“Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas […] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento”, dijo la fiscal Gonzales el jueves al justificar su pedido en la audiencia.
La fiscalía afirmó asimismo que “es necesario” indagar eventuales responsabilidades de funcionarios de instituciones públicas que fiscalizan operaciones marítimas y petroleras, entre ellas la Dirección de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra.
También a funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, y al ente técnico supervisa las inversiones en energía (Osinergmin).
Con información de Milenio
