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NACIONAL

Corte invalida con 9 votos la segunda parte del Plan B de la reforma electoral de AMLO

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Por mayoría de nueve votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la segunda parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pleno de la Corte señaló que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar en menos de 24 horas el dictamen de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además de que los legisladores publicaron un dictamen modificado una vez que ya había iniciado la discusión que contenían reformas sobre las transferencias de voto por convenio y la inclusión de la cláusula de “vida eterna” de los partidos políticos.

“Los legisladores no sólo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa sino que la que conocían originalmente no era la que estaban discutiendo”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.

Destacó que el proceso legislativo, que implicaba cambios importantes en la infraestructura del máximo órgano electoral -el Instituto Nacional Electoral- duró cuatro horas, lo cual no garantizó que todos los legisladores conocieran a fondo la iniciativa que votaron.

“Resulta claro y evidente que sí se violenta el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el dictamen que estaban votando”, comentó.

En consecuencia, con esta resolución, la Corte invalidó en su totalidad el Plan B de la reforma electoral y, en esta ocasión, los ministros prohibieron al Congreso legislar nuevamente en dicha materia para modificar las reglas del proceso electoral que empezará en septiembre próximo.

Las posturas de los ministros

Previo a la sesión de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el proyecto de Laynez no revisa el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por un mero requisito de forma, como es el respeto al proceso legislativo.
En consonancia con el mandatario, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se pronunciaron contra la propuesta de Laynez de invalidar por vicios en el procedimiento legislativo y llamaron a analizar el fondo de la reforma.

“Como tribunal constitucional que nos preciamos de ser, nuestra responsabilidad no debe limitarse necesariamente a vigilar si las y los legisladores cumplieron con los tiempos que establece la ley”, dijo Esquivel.

“Hoy vamos a emitir una resolución sin siquiera analizar el fondo del problema, quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales por cierto cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral”.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán respondieron a sus compañeras que los vicios al proceso legislativo también son importantes para resolver este tipo de asuntos.

“Es de vital importancia que los representantes populares se ciñen al mandato del pueblo, osea a la constitución y a los reglamentos en el proceso legislativo”, indicó Aguilar Morales.

Pérez Dayán incluso señaló que el trabajo de la Corte no debe subordinarse a los acuerdos políticos que hagan los legisladores, como refirió Esquivel Mossa.

“No son simples formas son las reglas que la democracia constitucional estableció en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional”, apuntó.

“No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, misma que juramos guardar y hacer guardar”.

La ministra presidenta, Norma Piña recordó a sus compañeros que la Corte debe tener congruencia con sus decisiones y apuntó que en agosto del año pasado, el pleno invalidó por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017, precisamente por vicios en el proceso legislativo.

“Los vicios que por unanimidad se consideraron invalidantes son semejantes a los que el ministro Laynez está proponiendo en esta ocasión y fue una decisión por unanimidad”, señaló.

“Desde hace seis años he votado en el sentido de que la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es especialmente importante para que conozcan lo que van a legislar, lo que va a regir al pueblo de México. Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la constitución que nos rige, en ella está contenida como forma de gobierno la democracia que está inspirada no solo en la regla de la mayoría sino también el respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho”.

 

 

 

Con información de Proceso

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NACIONAL

Ex director de la DEA pide a García Harfuch entregar a Rocha Moya a EE.UU.

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Derek Maltz, ex director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que detenga y deporte a los Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X este sábado 22 de agosto de 2026, Maltz dejó en claro que Rocha Moya debe rendir cuentas y ser llevado ante la justicia en Estados Unidos.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los Cárteles del TERROR”, detalló.

“Necesitamos otra operación de alto nivel de detención y remoción hacia la USA @OHarfuch para que Rocha enfrente la justicia”, puntualizó el ex director interino de la DEA.

En la previa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó al cargo tras casi cuatro meses de licencia, periodo en el que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que calificó de “falsos” y sin sustento.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, aseguró Rocha Moya en un mensaje en la red social X.

El gobernador señaló que durante los 112 días que estuvo de licencia, desde el 1 de mayo, se puso a disposición de las autoridades mexicanas y la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas que lo vinculen con las acusaciones hechas por autoridades de EE.UU.

Rocha Moya sostuvo que, según la investigación de la FGR, “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito”.

A finales de abril, Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su gobierno fueron señalados por el Departamento de Estado estadounidense por su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Rubén Rocha no resistió y solicita, otra vez, licencia al cargo de gobernador de Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó otra vez licencia indefinida a su cargo.

A través de redes sociales este sábado 22 de agosto de 2026, Rocha Moya compartió la solicitud de licencia que envió al Congreso estado, apenas un día después de su regreso al cargo.

“Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, apuntó en la publicación.

“Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58 de nuestra Constitución Local”, se indicó en el documento.

Dicha solicitud ocurre apenas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejara que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses” del país, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomara su cargo tras 112 días que estuvo de licencia para comparecer por supuestos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa.

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”, aseguró la mandataria -en un mensaje en la red social X-.

Sin mencionar al gobernador, Sheinbaum Pardo destacó que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia”.

Un día después de que Rocha Moya ocupara de nuevo su cargo como titular del estado de Sinaloa (noroeste), la jefa de Estado recalcó también que “México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”.

“El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”, zanjó Sheinbaum en medio de este caso detonado el pasado 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Estado de los EE.UU. señaló a Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su gobierno local, de su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del Cártel de Sinaloa.

La postura de la presidenta se da un día después de que el gobernador decidiera retomar su cargo, una actuación que ha sido calificada como una “decisión personal” por el Gobierno federal y el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tanto Morena como la Secretaría de Gobernación de México (Segob) apuntaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido Rocha Moya, tal como se informó en julio.

 

Con información de López-Dóriga Digital

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NACIONAL

Dictan prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna

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Tras varias horas de audiencia, una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna, por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La defensa de Farías Laguna solicitó duplicidad del plazo constitucional, por lo que situación jurídica se resolverá el miércoles 26 de agosto, fecha en que se conocerá si es o no vinculado a proceso por crimen organizado con fines de cometer delito en materia de hidrocarburo.

La reanudación de la audiencia inicial se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó en la previa la expulsión del país del ex contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y detenido el pasado 23 de abril en el país sudamericano.

“Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país”, señaló Monteoliva en una publicación en la red social X, en la que agregó que, gracias a un decreto del presidente Javier Milei, el Gobierno rechazó esa solicitud.

“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos”, afirmó la ministra, quien añadió: “Argentina no es refugio de delincuentes”.

El ex contralmirante mexicano aterrizó el viernes 21 de agosto en la Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.

Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.

 

 

Con información de López-Dóriga Digital

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