NACIONAL
Corte deja firme sentencias que ordenan pagar a empresas de Ricardo Salinas Pliego más de 48 mil mdp
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias dictadas por Tribunales Colegiados, que obligan a TV Azteca y a Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, a pagar 48 mil 326 millones 928 mil 786 pesos 4 centavos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por siete créditos fiscales.
En diversas votaciones, el pleno de la Corte declaró fundados los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad hacendaria, la cual impugnó la admisión a trámite de diversos amparos directos en revisión.
Asimismo, la Corte desechó demandas de garantías promovidas por las compañías.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano dependiente de la SHCP impuso los créditos fiscales por concepto deImpuesto Sobre la Renta (ISR) , actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero presentó un proyecto relacionado con el recurso de reclamación 544/2024, en el cual dependencia federal impugnó la admisión del amparo directo en revisión 6321/2024, en el cual Grupo Elektra reclamó un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, relacionado con el ejercicio fiscal 2013.
El togado apoyó su exposición con láminas, las cuales fueron transmitidas por Plural TV, y en las que detalló cómo inicio este caso.
El ministro estimó fundado el recurso de la secretaría, porque dijo que no debió admitirse el amparo, toda vez que, a pesar de que esté involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, éste carecía de excepcionalidad, pues ya existen precedentes de la Corte que resuelven las problemáticas que se encontraban planteadas.
“Derivado de lo anterior es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y en consecuencia, se desecha el amparo directo en revisión”.
La propuesta fue apoyada por unanimidad y, en consecuencia, quedó firme la sentencia del Tribunal Colegiado que condenó a pagar a Grupo Elektra.
A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó un proyecto para resolver el ADR 5654/2024, en el que el SAT le impuso a Grupo Electra un crédito fiscal por la cantidad de mil 431 millones 466 mil 606 pesos, relacionado con el ejercicio fiscal de 2008.
La ministra propuso desechar la demanda: “No reúne los dos requisitos para su procedencia, ya que si bien subsiste el tema de constitucionalidad de los artículos 24 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la regla 2.12. 9 de la resolución miscelánea fiscal para 2015,ciertamente no satisface el requisito de ser un asunto importante y trascendente”.
Lenia Batres, impedida a participar
En este asunto la ministra Lenia Batres Guadarrama estuvo impedida para participar, tras una resolución emitida por la entonces Primera Sala de la Corte.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahfl presentó un proyecto relacionado con el recurso de reclamación 528/2025 interpuesto por Hacienda, por la admisión del ADR 5608/2025. Declaró fundado el reclamo.
Posteriormente, la ministra María Estela Ríos González presentó el proyecto en el que propuso desechar el ADR 5608/2025 y dejar firme la sentencia que ordena a Grupo Elektra a pagar 2 mil 004 millones 761 mil 834 pesos, relacionado con el ejercicio fiscal de 2010.
En tanto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz,presentó un proyecto sobre el ADR 5145/2024, y dijo que no cumplía con el requisito de procedenccia o que revista interés excepcional, porque sobre los temas planteados ya existen criterios del Alto Tribunal.
Por esta razón quedó firme la sentencia que ordena pagar a Grupo Elektra mil 603 millones 813 mil 882 pesos.
Hugo Aguilar también presentó el caso del ADR 5731/2025 y propuso desechar el recurso de revisión, dejando firme el crédito fiscal que se impuso a TV Azteca de 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos 35 centavos correspondientes al ejercicio fiscal de 2009.
Con información de Milenio
NACIONAL
Tony Meléndez fija postura en el Pleno y advierte que la nueva Ley de Aguas vulnera derechos y pone en riesgo a productores y familias
Durante la sesión de este 3 de diciembre, el diputado federal Tony Meléndez manifestó en tribuna su voto en contra del Dictamen de la nueva Ley General de Aguas, al señalar que la propuesta no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua, y por el contrario, destruye derechos adquiridos y vulnera la seguridad jurídica del sector productivo.
Meléndez explicó que la reforma desplaza el sentido original del artículo 4°, que reconoce el agua como un derecho humano fundamental, para sustituirlo por una visión de control absoluto desde el artículo 27, tratándola únicamente como un bien nacional sujeto a rectoría estatal. “Ese cambio significa que las personas dejan de estar al centro, y su lugar lo ocupa la discrecionalidad del gobierno”, afirmó.
El diputado advirtió que el Dictamen limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa para cada movimiento, lo cual —dijo— implica una afectación patrimonial grave y una confiscación de facto de derechos que legítimamente pertenecen a productores y familias.
Señaló además que la reforma incrementa sanciones administrativas y penales sin criterios técnicos y sin proporcionalidad, criminalizando actividades comunes del sector agrícola y ganadero, y concentrando facultades en una nueva “Autoridad del Agua” que elimina funciones de los organismos de cuenca, debilitando la gobernanza local.
Al referirse a la realidad del país, y particularmente de Chihuahua, Meléndez recordó que el INEGI reportó en 2023 que la actividad agropecuaria consumió más del 32% del agua utilizada en la economía, con un costo superior a 102 mil millones de pesos por agotamiento y degradación hídrica. Indicó que, en regiones productivas como Delicias, Meoqui, Camargo, Ojinaga y Jiménez, los agricultores viven ciclos extremos de sequía donde cada litro de agua define la continuidad de la cosecha.
Afirmó que, con la reforma, actividades esenciales como mover agua en pipas o abastecer zonas urbanas en periodos de desabasto podrían ser castigadas con multas de hasta 4 millones de pesos, afectando a productores y también a miles de familias en zonas metropolitanas que dependen del suministro por pipas.
Meléndez subrayó que, mientras la reforma fue construida “desde un escritorio”, el PRI sí escuchó a la gente. Recordó que a través de foros nacionales se consultó a más de 8 mil personas, y que en Chihuahua se recabaron testimonios directos de agricultores, ganaderos y especialistas que documentaron riesgos y propusieron soluciones que hoy no fueron consideradas en el Dictamen.
Durante su participación, el legislador chihuahuense reiteró las propuestas del PRI para una ley verdaderamente justa y técnica: proteger la transmisión hereditaria, venta y arrendamiento de concesiones sin discrecionalidad; garantizar el mínimo vital de 60 litros diarios para uso personal y doméstico; evitar penalizaciones desproporcionadas; fortalecer las capacidades técnicas de CONAGUA y organismos locales; y promover apoyos reales para la tecnificación del riego y la recarga de acuíferos.
Tony Meléndez concluyó que el grupo parlamentario del PRI vota en contra de estas disposiciones regresivas, al sostener que la reforma sustituye el derecho por la discrecionalidad, la técnica por la amenaza sancionadora y la justicia por decisiones tomadas a puerta cerrada.
“El derecho humano al agua exige una ley que garantice acceso, certidumbre y seguridad jurídica. Esta reforma no lo cumple. El PRI defenderá una ley que proteja el mínimo vital, que resguarde el patrimonio de quienes producen alimentos y que construya gobernanza técnica, no autoritarismo administrativo”, puntualizó.

NACIONAL
Senado elige a Ernestina Godoy como fiscal general de la República
Por mayoría calificada, el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como próxima fiscal de la República.
Ernestina Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana con una extensa trayectoria en la administración pública, la legislación y la procuración de justicia. Es conocida por su compromiso con la izquierda política y ha ocupado puestos clave tanto a nivel local en la Ciudad de México como en el ámbito federal.
Nació el 17 de enero de 1954 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es fundadora del Movimiento de Regenación Nacional (Morena).
TRAYECTORIA PROFESIONAL DE ERNESTINA GODOY
La carrera de Ernestina Godoy se ha caracterizado por su participación en la defensa social y su cercanía con las figuras de la izquierda mexicana.
A mediados de los años 80, instaló un despacho para brindar atención legal a las víctimas del sismo de 1985 en la Ciudad de México.
Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados por el EZLN y el Gobierno Federal.
CARGOS EN EL GOBIERNO DE CDMX
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Colaboró con Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000 como Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica del D.F.
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Tuvo participación en la Procuraduría Social del Distrito Federal y en la Alcaldía Iztapalapa.
CARRERA LEGISLATIVA
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Diputada Local: Fue diputada en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015).
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Diputada Federal: Fungió como diputada federal en la LXIII Legislatura (2015-2018).
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Diputada Local (CDMX): En 2018, fue electa diputada al primer Congreso de la Ciudad de México, donde fue Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
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Senadora: Fue electa Senadora de la República por la Ciudad de México en las elecciones de 2024, cargo que ocupó brevemente en septiembre de ese año antes de solicitar licencia.
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México: Ocupó el cargo de diciembre de 2018 a enero de 2020.
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Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México: Tras la transición de Procuraduría a Fiscalía, se convirtió en la primera Fiscal General de Justicia de la CDMX, ejerciendo del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024. Su gestión se enfocó en el combate a la corrupción, la impunidad y la violencia de género, aunque su proceso de ratificación para un segundo periodo fue rechazado por el Congreso local.
CARGOS RECIENTES
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Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal: Fue nombrada Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ocupando el puesto de octubre de 2024 a noviembre de 2025.
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Encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR): Asumió el cargo como encargada de despacho el 28 de noviembre de 2025 tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
Con información de López Dóriga Digital
NACIONAL
Diputados aprueban en comisiones la Ley de Aguas Nacionales
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la Ley de Aguas Nacionales, contra la cual se manifiesta el sector agrícola.
La Comisión de Recursos Hidráulicos avaló el proyecto de reformas con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.
Durante la discusión llegó a la Cámara de Diputados la denominada Gran Caravana de Tractores por el Agua.
Productores agrícolas de siete estados del país denunciaron que los foros para la reforma fueron “pura simulación”, por lo que exigieron detener el proceso legislativo y una participación real del sector.
Se espera que este mismo miércoles se lleve a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en el Pleno de San Lázaro.
Ley de Aguas terminará con prácticas de acaparamiento
Efraín Morales, director de la Conagua, asegura que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales propone “un profundo cambio en la visión del manejo del agua“.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga subrayó que el paquete de reformas busca garantizar el derecho humano al agua y terminar con prácticas como el acaparamiento.
Acusó que los agricultores no quieren que se apruebe la Ley de Aguas porque se prohibirá que las concesiones para el uso de agua sean intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
El titular de Conagua afirmó que esta reforma se tendrán herramientas mucho más eficaces para terminar con el mercado negro del agua que se desarrolla en varias regiones del país.
“Quiero decirlo de manera clara: hay quien ve ya afectados esos intereses que se vieron favorecidos durante muchos años, ya sea a través del poder político o incluso del poder económico, y que hoy están intentando generar una gran campaña de desinformación acerca de la ley, que están queriendo a partir de mentiras construir una narrativa para generar miedo”, señaló.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció este miércoles que quien no está de acuerdo con las reformas es porque “tiene muchísimas concesiones de agua”, que o no se usan o son ilegales, de ahí que se deba “poner orden”.
Con información de López-Dóriga Digital
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