Argentina declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, informó la Oficina del Presidente en un comunicado fechado el 21 de octubre. La decisión incluye su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En el caso del Cártel de Sinaloa, Argentina replica la designación que previamente había adoptado Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei describió al grupo como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros y extorsiones. A La Nueva Familia Michoacana la señaló por tráfico internacional de drogas y minería ilegal.

La declaratoria también comprende a las organizaciones guerrilleras colombianas FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como al grupo criminal ecuatoriano Los Tiguerones. Sobre este último, la presidencia argentina destacó sus actividades de narcotráfico y sicariato.

La medida fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. El comunicado sostuvo que Milei mantiene su compromiso de combatir a las organizaciones que emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal.

Con información de López-Dóriga Digital

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su gobierno interpondrá una denuncia en Estados Unidos tras confirmarse el fallecimiento de un connacional en un centro de detención migratorio; al tiempo que ordenó un refuerzo en la red consular para garantizar “la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Canciller Roberto Velasco, inició las gestiones de apoyo con los familiares de la víctima.

“Ayer mismo estuvo Roberto en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, declaró la titular del Ejecutivo.

Dicho tema surge por el fallecimiento de Emiliano Andrade Covarrubias, un ciudadano mexicano de 56 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Procesamiento Río Grande en Laredo, Texas.

Sheinbaum detalló que el ciudadano mexicano se encontraba privado de la libertad por las autoridades migratorias estadounidenses desde junio y padecía enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Según explicó, con base en las comunicaciones recabadas por el personal diplomático, existen indicios de que la persona no habría recibido la atención médica adecuada ni el suministro de sus medicamentos por parte de las autoridades del recinto.

“La familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, señaló la presidenta.

Respaldo desde la red consular

Ante estos hechos, Sheinbaum anunció que México va a “reforzar que nuestros consulados, en el marco de sus atribuciones”, para que  “garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior, y particularmente aquellos que son detenidos”.

“Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo, y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En el gobierno de México, en la presidenta, siempre van a tener una aliada, nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior”, reafirmó.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que la muerte de Andrade Covarrubias elevara a 18 el número de mexicanos fallecidos bajo custodia de las autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio en Estados Unidos desde enero de 2025.

Con información de EFE

Un juez de Miami, EE.UU., firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.

La orden judicial, firmada el viernes, según el medio, se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal.

De acuerdo con la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.

Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.

Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Con información de EFE