NACIONAL
Cerca de cuatro mil habitantes marchan en Altamirano para exigir la liberación de los ejidatarios secuestrados

Cerca de cuatro mil habitantes de Altamirano se manifestaron el viernes en las principales calles de esta ciudad, exigiendo la aparición con vida de 20 líderes ejidatarios de la región, quienes fueron secuestrados el pasado martes 10 de octubre por un grupo armado cuando se dirigían a este municipio después de entablar un diálogo con autoridades de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.
Bajo consignas como “Alto al secuestro, la pronta liberación” y “Gobernador voltea a ver a Altamirano”, marcharon exigiendo al gobierno del estado la liberación de sus compañeros, la destitución del Concejo Municipal y la desarticulación del grupo armado “14 de Agosto“.
Asimismo, los habitantes denunciaron tortura física y psicológica contra los retenidos. Durante la protesta, se citaron nombres de personas secuestradas, evidenciando la crisis política y social en Chiapas.
La manifestación reunió a familiares, comunidades indígenas y habitantes de 109 poblaciones, donde denunciaron violencia por grupos armados. El grupo de autodefensas “14 de agosto” fue señalado por utilizar armas contra la sociedad civil.
Los habitantes de Altamirano solicitan a los gobiernos federal y estatal tomar acciones tras 48 horas sin información sobre sus compañeros. Culparon al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por la situación de los secuestrados. Para presionar, mantendrán bloqueos carreteros hasta que se restaure el orden, se rescate a los secuestrados y se disuelva al grupo “14 de agosto”.
Después de este secuestro, el riesgo ha crecido con las amenazas del de las autodefensas del Concejo Municipal, afectando a quienes se atreven a hablar, incluso alcanzando a familiares, generando preocupación por la seguridad de mujeres retenidas y el temor a posibles abusos por parte del grupo, declararon habitantes de Altamirano.
Con información de Latinus

NACIONAL
Admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados al narco; exigen quitarles registro

Luego de que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes a juzgadores relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló, por lo que en los listados se colaron defensores de delincuentes.
Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una revisión exhaustiva de las candidaturas al Poder Judicial y retirarles el registro a candidatos que no cumplan con la exigencia constitucional de probidad.
“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría —los tenemos contabilizados— son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo… sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, indicó.
Entre los juzgadores señalados por la ONG Defensorxs y Laboratorio Electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal en Nuevo León, quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, subrayó que fue el Senado el que revisó la lista de candidaturas al Poder Judicial, en primera instancia, y detalló que, una vez que haya resultados de las votaciones, el instituto le entregará una lista para que sea la Cámara alta la que determine si algún ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.
Demandan bajar a narcocandidatos; admiten que se les colaron algunos
Luego de las denuncias de distintas organizaciones sociales y civiles que han detectado distintos perfiles relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló en impedir que se colaran a la elección perfiles como abogados de narcotraficantes.
“La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo.
“Es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección”, dijo.
Interrogado sobre el acuerdo el INE para depurar estos perfiles, dijo que “no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación”.
Aseguró que “sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
Sobre la posibilidad de que el Senado impugne este acuerdo del INE, adelantó que no lo hará: “Yo creo que va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo sino de los casos que se presenten.
“Y no deberían esperar a que haya terminado la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, afirmó.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.
Otro caso es el de Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en la entidad y fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de crystal y un arma de fuego.
Según Laboratorio Electoral, entre los candidatos polémicos están César Gutiérrez Priego, quien llevó el caso de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narco.
Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, defendió a Juan Collado, relacionado con casos de corrupción y lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña.
Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado al ser grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro.
Asimismo, Silvia Delgado, aspirante a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Sobre el juicio que se le siguió a El Chapo en 2016 dijo a la Deutsche Welle: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.
Francisco Martín Hernández busca ser magistrado, pero en 2015 fue destituido como juez por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual.
“Senado palomeó listas”
Sobre la petición del presidente del Senado para que se realice una revisión exhaustiva de los perfiles de candidaturas al Poder Judicial, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que la reforma aprobada por las cámaras establece los requisitos que debían cumplir, incluyendo la probidad.
“Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, declaró la presidenta del INE.
“Lo que sigue es una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad, pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera”.
Taddei agregó que será el Senado quien pueda impugnar cualquier situación que se presente, una vez concluida la jornada electoral, los cómputos y que se tengan los resultados.
Con información de Excélsior

NACIONAL
Comisión del Senado aprueba Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030

La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La minuta se aprobó con 10 votos a favor de Morena y aliados, dos en contra del PRI y tres abstenciones del PAN y MC.
El dictamen pasará así al Pleno de la Cámara Alta y se prevé la comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, ante la Junta de Coordinación Política.
Con información de Sara Pablo / Radio Fórmula

NACIONAL
Sheinbaum inaugura Feria Aeroespacial con expectativas de aumentos del 15% para el sector

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este martes la Feria Aeroespacial México 2025 (FAMEX), donde destacó el papel estratégico de la industria aeronáutica para el país y una expectativa de crecimiento anual sostenido del 15%, lo que duplicaría su valor de mercado en los próximos cuatro años.
Durante su discurso en la Base Aérea Militar Número 1, en Zumpango, Estado de México, la mandataria mexicana resaltó que el sector aeroespacial mexicano supera ya un valor de 11 mil 200 millones de dólares y podría alcanzar los 22 mil 700 millones en 2029.
“México está entre los cinco países de mayor inversión extranjera aeroespacial y es el décimo segundo exportador mundial de componentes del sector”, afirmó, con base en datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).
Sheinbaum explicó que hasta el primer semestre de 2024 operaban en el país 386 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial en 19 estados a lo largo del territorio mexicano.
Actualmente, precisó, son 370 plantas especializadas que generan más de 50 mil empleos directos y alrededor de 190 mil indirectos.
Añadió que las exportaciones de este sector han crecido a una tasa del 14% anual, lo que, dijo, “ha permitido el establecimiento de nuevas plantas de fabricación que están en puerta este y en los próximos años”.
Feria Aeroespacial México, uno de los ejes del Plan México
La presidenta señaló que la FAMEX se integra al denominado ‘Plan México’, una estrategia de desarrollo industrial de largo plazo que busca fortalecer la manufactura nacional.
“Uno de los ejes centrales de este plan, que es un plan de largo plazo para nuestro país (…) es fortalecer la industria manufacturera tanto para el mercado mexicano como para las exportaciones”, aseguró.
La sexta edición de la feria, que también celebra el décimo aniversario del evento y los 110 años de la Fuerza Aérea Mexicana, contó con la participación de 337 empresas de 48 países, 67 aeronaves nacionales y seis extranjeras, así como 12 universidades.
Además, participan representantes de 40 naciones, 20 fuerzas aéreas de diversos “países amigos”, 10 estados mexicanos, 18 municipios y seis agrupaciones aeroespaciales.
El evento, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desarrolló en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el 21 de marzo de 2022 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Con información de EFE

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