El abogado de Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora de Jeffrey Epstein durante décadas, solicitó el indulto de su defendida para que pueda “hablar con total honestidad” y explicar por qué el presidente, Donald Trump, antiguo amigo de Epstein, no está implicado en el caso de pederastia.

“Si este Comité y el público estadounidense realmente desean escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, existe un camino directo. La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el indulto”, precisó el abogado David Oscar Markus, en la red social X.

Y agregó que “solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que oyen, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente (Bill) Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho de un acusado a no declarar contra sí mismo, en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se negó a responder preguntas.

La acusada, que cumple una condena de 20 años de cárcel por su participación en la red de tráfico sexual de Epstein, intervino ante los legisladores a través de una comparecencia por videoconferencia desde la prisión de Texas donde está internada.

Con su negativa a aportar más datos y detalles sobre el funcionamiento de la red corrupta se cierra una de las vías que los legisladores querían abrir en la investigación que llevan a cabo en el Congreso.

El abogado de Maxwell pretendía justificar, según sus palabras, el silencio de su cliente ante el Comité.

Maxwell “debe guardar silencio” porque “tiene pendiente un recurso de hábeas corpus que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto”, señaló en su mensaje.

Según el diario The Washington Post esta declaración fue el último ejemplo de cómo Maxwell y Markus presionan abiertamente a Trump para que pusiera fin a su condena, sugiriendo también que, de hacerlo, ella brindaría un testimonio que disiparía cualquier sospecha persistente sobre si antiguos amigos de Epstein, incluyendo a Trump y a Clinton, tenían alguna conexión con sus delitos.

El diario recuerda que Trump ha indicado que no está considerando un indulto o una conmutación de la pena para Maxwell. Pero tampoco lo ha descartado, incluso cuando su gestión de los asuntos relacionados con Epstein ha alimentado una controversia y ha dividido a la bancada republicana en la Cámara de Representantes.

Epstein se declaró culpable en 2008 de dos cargos de solicitud de prostitución, incluyendo uno que involucraba a una menor. Fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en 2019 y murió bajo custodia federal ese mismo año. Su muerte fue declarada suicidio.

Con información de EFE

La oficina del dalái lama negó de forma “inequívoca” y rotunda cualquier vínculo entre el líder espiritual tibetano y el fallecido magnate Jeffrey Epstein, después de que su nombre fuera mencionado en más de un centenar de ocasiones en los archivos judiciales recientemente desclasificados en Estados Unidos.

“Algunos informes recientes de los medios y publicaciones en redes en relación con los ‘archivos Epstein’ están intentando vincular a Su Santidad con Jeffrey Epstein. Podemos confirmar de forma inequívoca que Su Santidad nunca ha conocido a Epstein ni ha autorizado ningún encuentro o interacción con él por parte de nadie en su nombre”, señaló el comunicado oficial.

La reacción de la oficina de Tenzin Gyatso, el decimocuarto dalái lama, se produce tras la desclasificación de registros federales en Estados Unidos, en los que el entorno administrativo del líder tibetano aparece citado en más de 150 ocasiones, según ha podido comprobar EFE.

Los documentos desclasificados revelan que en 2012 se presupuestó explícitamente un millón de dólares para renovar una vivienda destinada específicamente al alojamiento del líder tibetano y una comitiva de 15 personas durante dos semanas.

Asimismo, los archivos describen el uso de aeronaves privadas de la red de Epstein para traslados de Su Santidad ese mismo año y eventos en los que el magnate decía ir a verlo.

Un correo de octubre de 2012 enviado por el propio Epstein refuerza este vínculo logístico: “Te dije hace casi un mes en la isla que el dalái lama vendría y quiero ir allí para verlo”, escribió el magnate a un colaborador, confirmando su seguimiento personal de la visita.

Años después, en 2015, Epstein insistía en correos internos en que estaba “trabajando” para atraer al Nobel de la Paz a cenas privadas, asegurando a sus socios que sus contactos académicos podían “conseguir al dalái lama”.

Sin embargo, EFE ha podido constatar que más de 130 de estas menciones corresponden a referencias genéricas, como artículos de prensa, enseñanzas budistas o listados de personalidades internacionales que el magnate coleccionaba en sus archivos.

Con información de EFE

Rejas, rostros tristes y una sola petición: “déjennos ir”. Así ilustra uno de los cinco hijos de Hayam El-Gamal su experiencia tras más de ocho meses recluidos en el único centro para familias migrantes que permanece en funcionamiento en Estados Unidos.

Las instalaciones, ubicadas en Dilley (Texas), a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio, estuvieron cerradas durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fueron reabiertas por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

Más de mil 400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, incluidos bebés aún en etapa de lactancia. Y viven en condiciones inadecuadas, agravadas ahora por un brote de sarampión, según denunciaron cuatro abogados que han representado o representan a migrantes en el centro.

“No hay atención médica real para migrantes”

Hayima Al-Gamal y sus cinco hijos, los menores dos gemelos de cinco años, fueron trasladados a Dilley, centro que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser arrestados por las autoridades federales en Colorado en junio del año pasado.

El esposo de Hayima, Mohamed Sabry Soliman, está siendo acusado por el Gobierno de llevar a cabo un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado.

Hayima y sus abogados sostienen que la familia no tenía conocimiento sobre los planes de su marido, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal.

En estos meses en detención, mientras sus abogados luchan por impedir que el Gobierno los deporte a Egipto y apruebe su solicitud de asilo, la familia ha vivido en carne propia la falta de atención médica adecuada en el centro, según relató Eric Lee, uno de sus abogados.

Uno de los hijos de Hayima, de 16 años, tuvo apendicitis y cuando pidió ayuda al personal, “retorciéndose del dolor”, “le dijeron que se tomara dos paracetamol”. No fue sino hasta que “casi se desmaya, se cayó al piso y comenzó a vomitar”, que lo llevaron de urgencia al hospital, relató Lee.

La experiencia de los El-Gamal concuerda con lo que Javier Hidalgo, abogado de la ONG RAÍCES Texas, que ofrece servicios legales a decenas familias detenidas en Dilley, ha escuchado de los detenidos.

“No hay ningún tipo de atención médica real”, aseguró Leal, “casi todos los niños presentan algún síntoma de enfermedad en algún momento, ya que el lugar es un verdadero foco de gérmenes”.

Después de confirmar dos infectados por sarampión, el Gobierno confinó el centro hace unos días. Desde entonces, aseguran los abogados, no ha habido mucha transparencia sobre la situación en el interior.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el personal médico está “monitoreando” a los detenidos y tomando pasos necesarios “para prevenir que la infección avance”.

“Todos los detenidos están recibiendo el cuidado médico adecuado (…) esta es la mejor atención sanitaria que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, aseguró Tricia McLaughin, portavoz de DHS.

Leal expresó dudas sobre la voluntad o capacidad del Gobierno para confinar el centro por un periodo prolongado para contener la infección: “es algo que no hicieron ni siquiera durante la pandemia”.

 “Una cárcel para niños en EE.UU.”

El dibujo que los niños El-Gamal hicieron de la cárcel es un reflejo del impacto que la detención prolongada tiene en los menores de edad.

Un estudio publicado en 2025 en el British Journal of Psychiatry, que analizó los efectos de la detención migratoria en menores en varios países, reveló que el 42 % de los niños en estas condiciones sufren depresión.

Verónica Franco, abogada de inmigración basada en Houston, ha visto que los daños en la salud mental de los menores se mantienen incluso después de quedar en libertad.

Ella defendió a una familia nicaragüense, padre y madre y un menor de 7 años, que pasaron más de un mes en Dilley, después de ser detenidos en una cita de control anual con ICE en San Antonio y pese a tener una solicitud de asilo pendiente.

“La mayor parte de las veces, a estas personas no las ven como seres humanos”, relató.

Esto incluye la pérdida del proceso escolar en los menores, que, según los abogados, solo reciben un libro y un paquete “educativo” para hacer ejercicios diariamente, pero no acompañamiento de un profesor o profesora.

Y es que, la detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

“Creo que la frase: ‘hay una cárcel para niños en EE.UU.’ debería ser suficiente para (alarmar) a todo el mundo”, insistió Chris Goodman, abogado en la firma de Lee y representante también de la famlia El-Gamal.

Con información de EFE