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Biden ordena desclasificar documentos sobre los ataques del 11-S

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que ordena levantar el secreto de varios documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de víctimas que han demandado acceso a esos documentos con esperanzas de mostrar una implicación del gobierno saudí.

El decreto, emitido poco más de una semana antes del vigésimo aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada.

El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos mil 800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían secretos. “Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadunidenses”, dice la orden ejecutiva.

“Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno estadunidense maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida”.

La orden le instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del gobierno que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados sean publicados en los próximos seis meses. Aun así, el impacto de la orden ejecutiva y de cualquier nuevo documento que pudiera arrojar no estaba claro por el momento. Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno saudí haya estado directamente involucrado.

Una demanda presentada hace tiempo en un tribunal federal en Nueva York dice que funcionarios saudíes proveyeron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y busca responsabilizar al reino. El gobierno saudí ha negado cualquier vínculo con los atentados.

Las familias alegan que funcionarios saudíes tuvieron un papel más directo que el que el gobierno estadunidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros atacantes en llegar a Estados Unidos fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí.

Acusan además al gobierno de obstruir sus demandas de más documentos y el jueves llamaron al inspector general del Departamento de Justicia a que investigue la aparente incapacidad del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar una fotografía, un video y otros documentos que solicitan.

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Condenan a muerte al ex dictador sirio Bachar al Asad y ocho más vinculados al régimen

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Un tribunal sirio condenó en rebeldía al ex dictador Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, a la pena de muerte por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

El juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, leyó la sentencia en la que también fueron condenados a muerte ocho personas más, incluido el hermano de Al Asad, Maher al Asad, y su primo Atef Najib, el único presente en la sesión.

“La contribución del criminal Bachar al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos”, dijo el juez.

Por ello, el tribunal declaró culpable a Bachar al Asad, que se encuentra en Rusia, del “delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad”.

Este fallo tuvo lugar en la audiencia contra Atef Najib, el que fue el jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa, en el sur de Siria y donde comenzaron las revueltas populares en 2011 que derivaron en una guerra durante 14 años en el país.

“Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa”, declaró Al Uryan, y añadió que la rama de seguridad política que Najib dirigía, “junto con otras ramas de seguridad, asaltó la mezquita Omari en Deraa”.

En marzo de 2011, la mezquita Omari se convirtió en el principal punto de encuentro y el corazón simbólico de las primeras protestas antigubernamentales que desencadenaron el levantamiento nacional sirio.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en la mezquita en varias ocasiones, donde mataron a decenas de manifestantes.

El juez afirmó que estos actos atribuidos a Najib, “según las investigaciones y los testimonios de los testigos, constituyen crímenes de lesa humanidad”, y dictaminó la condena a muerte.

A Najib se le atribuye el inicio del levantamiento popular en Siria tras ordenar la detención y tortura de niños que pintaron grafitis antigubernamentales en la pared de una escuela.

Tras el inicio de las protestas, fue reasignado a Idlib (norte de Siria); luego, desde mediados de 2011, se mantuvo escondido y ese mismo año fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Fue capturado en una redada de seguridad en Latakia el 31 de enero de 2025.

Además de Bachar, Maher y Najib, el juez también condenó a muerte a otros seis prófugos mencionados en el caso, todos ellos en rebeldía, por el delito de “asesinato premeditado e intencional y tortura con resultado de muerte”.

A esta audiencia asistieron el Fiscal General Hasan al Turbeh; el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, y otros miembros de la comisión, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, y familiares de las víctimas.

El juicio, el primero del periodo de justicia transicional en Siria y el primer procesamiento público de un ex alto funcionario de seguridad por la represión de 2011, se inició el 26 de abril en Damasco y desde entonces ha celebrado nueve audiencias.

 

 

 

Con información de EFE

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Van 169 muertos y 668 heridos por el terremoto en Colombia

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El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes 10 de agosto a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97.6 por ciento de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 muertos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.

La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.

En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 h local. Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

 

Con información de EFE

 

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EE.UU. destina 15.5 millones de dólares a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

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El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EE.UU. se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial.

Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su “gran aliado” y destacó el “excelente liderazgo” del recién llegado De la Espriella.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el temblor.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la investidura el viernes pasado de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, quien contó con el respaldo electoral de Donald Trump, y anunció su intención de destinar 1.000 millones de dólares al país como parte de un paquete de seguridad.

Con información de EFE
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