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Biden lanza un plan para regularizar a migrantes casados con estadounidenses

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El Gobierno del presidente Joe Biden anunció un nuevo programa que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal, adelantaron funcionarios en una llamada con reporteros.

La decisión, que beneficiará principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses, llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales en las que la gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los estadounidenses.

El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la Administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha permitido a más de 800 mil migrantes obtener permisos de trabajo y protección frente a la deportación.

Sin embargo, las nuevas políticas tardarán meses en entrar en vigor y concederán a los migrantes la oportunidad de dar solo el primer paso en el proceso para conseguir permiso de residencia en EE.UU., que puede prolongarse años.

El programa se apoya en una figura legal conocida como “parole“, que otorga a quienes ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.

Con este permiso, que tendrá una validez de tres años, los migrantes que entraron al país de manera irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.

“Estas personas tienen profundos lazos familiares y con su comunidad en EE.UU.”, señaló uno de los funcionarios que adelantaron la medida en una llamada con periodistas.

Para solicitar este alivio, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en el país al menos 10 años.

A su vez, los hijos menores de 21 años de quienes están casados con estadounidenses y que tampoco tengan un estatus legal también pueden obtener el permiso.

No obstante, acotaron los funcionarios, los migrantes que hayan sido deportados de EE.UU. en el pasado no califican para esta protección.

En teoría, las personas indocumentadas pueden obtener la residencia si se casan con un estadounidense. Sin embargo, para hacerlo deben salir del país y acudir a una embajada, lo cual conlleva el riesgo de que se les prohíba la entrada de nuevo por periodos de 3 a 10 años, como represalia por haber estado en EE.UU. sin estatus legal.

Esta situación, reconocieron los funcionarios, ha llevado a que muchas familias “vivan con miedo y se enfrenten a una profunda incertidumbre sobre su futuro”.

El alivio anunciado permite que los migrantes puedan solicitar la residencia, también conocida como “green card”, estando en territorio estadounidense.

Además de este programa, el Gobierno de EE.UU. también anunció que buscará “mejorar” el proceso por el que pueden solicitar visas de trabajo algunos de los que llegaron al país de niños y todavía no han regularizado su situación.

El Departamento de Estado creará unas “guías” para dar más claridad y acelerar la expedición de visas H1B para esos “soñadores” que se hayan graduado de una universidad estadounidense y tengan una “oferta de empleo” de una empresa estadounidense.

Los anuncios de la Casa Blanca llegan poco más de dos semanas después de que Biden impusiera una serie de restricciones al acceso al asilo en la frontera que han sido duramente criticadas por grupos en defensa de los derechos humanos.

El demócrata, quien se aupó a la presidencia con un discurso pro-migrante que lo colocaba como la antítesis del expresidente Donald Trump, ha tomado medidas cada vez más coercitivas con la migración.

Este último alivio migratorio es interpretado por expertos como un intento por atraer a los votantes latinos, decisivos en algunos estados clave como Arizona o Nevada, tras haber abandonado su promesa de campaña de ofrecer un camino a la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes indocumentados.

 

 

 

Con información de EFE

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Irán anuncia a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra

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El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que la República Islámica está intercambiando mensajes con Estados Unidos a través de mediadores en los que le ha transmitido sus condiciones para poner fin a la guerra.

Se han intercambiado mensajes en los que se han aclarado nuestras condiciones de manera explicita a la otra parte a través de intermediarios”, dijo Qalibaf en un discurso en una sesión telemática del Parlamento, informó la agencia ISNA.

El político que lidera el equipo negociador con Estados Unidos insistió en que hasta que no se cumplan las condiciones de Teherán “no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz”.Referencia geográfica

Horas antes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ya había informado de contactos indirectos con Washington sobre las siete condiciones que exige Teherán.

El mensaje de Teherán es claro e inequívoco: si Washington quiere salir del atolladero en el que se ha metido y evitar enredarse aún más, no tiene más remedio que aceptar los derechos y las condiciones de Irán”, dijo en X Rezaei.

Las fuentes no explicaron cuáles son esas siete condiciones, pero en las últimos semanas las autoridades iraníes han afirmado que quieren el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloqueo naval a sus puertos y buques, entre otros.

Las declaraciones de Qalibaf y Rezaei se producen poco antes de la visita de este domingo a Teherán de Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, uno de los países que median entre Teherán y Washington.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.

 

Con información de EFE

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La familia de Claudia Tacoronte llegará el viernes a México para repatriar el cuerpo

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La familia de la joven estudiante española asesinada, Claudia Tacoronte, de 21 años, llegará a Morelos este viernes para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la víctima, informó este jueves el fiscal del estado, Fernando Blumenkron.

“Tenemos conocimiento de que el día de mañana (viernes) vienen familiares de Claudia (…) para que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia”, informó Blumenkron en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.

Por su parte, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, informó que están en comunicación “directa” con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, para ayudar en los trámites burocráticos.

El fiscal también anunció la detención de ‘El Trompas’, el principal sospechoso de la muerte de la joven canaria, apuñalada el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, incluyó en un mensaje en la red social X una fotografía del detenido.

Claudia Tacoronte procedía del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a México en agosto para un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidios (1.97 víctimas por cada 100 mil mujeres, ante una media nacional de 0.55) y en homicidio doloso de mujeres: (4.49, frente a una media nacional de 1.27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

 

Con información de EFE

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Condenan en Chile a mujer por esconder 11 años el cadáver de su madre para cobrar pensión

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La justicia chilena condenó a una mujer que mantuvo durante 11 años el cadáver momificado de su madre al interior de una vivienda, para cobrar su pensión, en un caso por el cual fue detenida en 2022.

Ketty Castro Cáceres fue hallada culpable por los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público, por un tribunal en Curicó, en la Región del Maule, ubicada en la zona central de Chile, donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía consiguió probar que Castro falsificaba documentos con la huella dactilar de su madre para presentarlos en una Caja de Previsión donde cobraba la pensión de la difunta.

La mujer condenada consiguió cobrar un monto de 26 millones de pesos al Estado, equivalentes a 27 mil dólares, según las actas del tribunal, entre 2013 y 2017.

Las falsificaciones incluyeron cartas de autorización en las que la fallecida autorizaba a su hija para cobrar su jubilación; además, utilizó estas prácticas para obtener beneficios de otras prestaciones del Estado durante la pandemia en 2021.

El caso se reveló luego de que en 2021 el hijo de Castro – nieto de la fallecida- realizó una denuncia por presunta desgracia ante la desaparición de su abuela, de quien luego se supo padecía cáncer, y a quien había visto por última vez en 2010.

A raíz de la denuncia, la Policía de Investigaciones logró establecer que la infractora había estado cobrando la pensión de su madre, de 91 años desde el 2009, en tanto que el paradero del cuerpo de la anciana fallecida se conoció tras una discusión entre Castro y su hijo.

La Brigada de Homicidios logró determinar que la anciana llevaba muerta aproximadamente 10 años para el momento en que se halló el cuerpo, en 2021, lo que sitúa su fallecimiento alrededor de 2011. También se descartó que tuviera lesiones que indicaran una muerte atribuida a terceras personas.

La defensa de Castro intentó conseguir una imputabilidad penal por enajenación mental, descartada por peritaje psicológico, pero la acción legal llegó a mantener el juicio suspendido durante casi un año.

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, señaló a la prensa que el tribunal impondrá a Castro las penas aplicables el próximo 25 de septiembre, tras la lectura de la sentencia.

 

Con información de EFE

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