Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, fue asesinada la tarde de este viernes en la colonia El Porvenir, en Pinotepa Nacional. En lo que va del 2026, van 35 muertes violentas de mujeres en Oaxaca.

La víctima fue asesinada con disparos de arma de fuego durante la tarde de este viernes 12 de junio, los hechos se registraron en la calle 23a sur y la 11a poniente en la colonia El Porvenir del municipio de Pinotepa Nacional, ubicado en la Costa de Oaxaca.

Tras el suceso, el área fue acordonada y arribó el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para realizar el levantamiento del cuerpo y enseguida la necropsia correspondiente.

“Con profunda tristeza y consternación lamentamos el asesinato de nuestra compañera Isela Lizbeth González López. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amistades y seres queridos en este momento de dolor”, lamentó la dirección Estatal Ejecutiva del del PRD.

Hasta la mañana de este sábado, las autoridades no han informado mayores detalles sobre el asesinato, tampoco hay alguna persona detenida por los hechos.

En los últimos cinco días han sido asesinadas tres mujeres en distintos municipios de Oaxaca. Durante la tarde de este lunes 09 de mayo, Eloina C., de más de 65 años, fue asesinada a dos cuadras del palacio municipal de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca; Durante la madrugada del día miércoles 10 de mayo, María de Jesús fue hallada sin vida y con signos de violencia extrema detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en la colonia Vixhana, en Santo Domingo Tehuantepec.

Y este viernes, fue asesinada con arma de fuego Isela Lizbeth González López, en Pinotepa Nacional.

Con este feminicidio, el Grupo de Estudios para la Mujer “Rosario Castellanos” reporta 35 mujeres asesinadas con muertes violentas, siendo el Istmo de Tehuantepec y Costa, las regiones más violentas para las mujeres en Oaxaca.

Con información de El Universal

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que ya inició una investigación por el homicidio de Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, quien fue atacado con disparos de arma de fuego en la región Mixteca, hecho que provocó un despliegue conjunto de fuerzas estatales y federales.

De acuerdo con la autoridad, se activaron los protocolos para delitos de alto impacto y se realizaron trabajos periciales en la zona con el objetivo de reconstruir la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos forenses llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

En paralelo, el Gabinete de Seguridad reforzó la presencia policial en la región para cerrar posibles rutas de escape y dar seguimiento operativo a las investigaciones.

La Fiscalía estatal señaló que el caso se atiende bajo un enfoque técnico y coordinado, con el objetivo de evitar la impunidad y avanzar en la identificación tanto de los autores materiales como intelectuales.

De manera preliminar, se informó que el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando el funcionario salía de su domicilio. Su hijo solicitó apoyo a la cabecera distrital de Huajuapan de León; sin embargo, el funcionario municipal falleció minutos después.

Antecedentes de violencia contra Joel Ángel Bravo

En mayo pasado, el presidente municipal ya había sido víctima de violencia cuando circulaba sobre la carretera Huajuapan–Acatlán de Osorio, en la jurisdicción de Petlalcingo, Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía, fue interceptado por sujetos armados que lo obligaron a descender de su vehículo para despojarlo de sus pertenencias, tras lo cual fue liberado.

Con información de López-Dóriga Digital y Milenio

El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgió este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob) a convocar a las instituciones involucradas en el caso para revisar los avances de la investigación, retomar líneas pendientes y evitar la criminalización de sus protestas.

En un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fechado este viernes en Ayotzinapa, las familias solicitaron una reunión integral con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ)y la unidad especial del caso, sin sustituir los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los padres acusaron que desde 2024 se abandonaron líneas de investigación impulsadas tras el descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial del Gobierno anterior a 2018, que la CoVAJ consideró un montaje para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.

Según el comité, esas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad, células de Guerreros Unidos y funcionarios locales en Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las familias pidieron centrar esfuerzos en dos lugares prioritarios: la comandancia de la policía municipal de Iguala,adonde, según documentos militares, habrían sido llevados al menos 17 jóvenes antes de un posible traslado, y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber sido llevados por lo menos 11 estudiantes.

También solicitaron una comisión de trabajo con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para analizar 33 folios militares y extraer datos que el Ministerio Público pueda diligenciar e integrar como pruebas para una eventual judicialización.

El comité exigió además a la Cancillería colocar en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes considera claves por su presunta relación con torturas, alteración de escenas y conocimiento de lo ocurrido en la comandancia policial.

Las familias pidieron asimismo asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),cuya labor, señalaron, fue fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas.

A Gobernación, exigieron que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por las protestas recientes, en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron al negar vínculos con la ultraderecha y pedir que no se abran investigaciones penales contra padres o estudiantes.

Con información de EFE.