La Fiscalía de Distrito Zona Sur, logró que un Juez de Control resolviera vincular a proceso al imputado José Alfredo G.M., por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El imputado enfrentaba su situación jurídica bajo la medida cautelar de firma periódica, la cual incumplió, posteriormente se le concedió el mismo beneficio con la condición de realizar un depósito en garantía, no obstante, también incumplió con esa disposición.

Por lo anterior, esta representación social solicitó su reaprehensión y la modificación de la medida cautelar, por lo que ahora José Alfredo G. M., llevará su situación jurídica internado en un Centro de Reinserción Social.

Los cargos que enfrenta corresponden a hechos ocurridos de 2021 a 2022, periodo en el que dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus dos hijos.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

A través de un procedimiento especial abreviado, la Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo una sentencia condenatoria de un año en libertad asistida, dictada en contra de los adolescentes M.I.A.H. y O.V.Q., por el delito de violación.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales realizadas por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, el 01 de marzo de 2025, los imputados se llevaron por la fuerza a la víctima, quien también es menor de edad, a unas tapias ubicadas en la colonia Juárez, en donde la agredieron sexualmente.

Ante la carga probatoria expuesta por el Ministerio Público, los acusados solicitaron la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra y aceptaron su responsabilidad penal en la conducta que se le imputó.

Por lo anterior, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, le impuso a los hoy sentenciados la referida medida sancionadora y el pago de 11 mil 314 pesos por concepto de la reparación del daño moral.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público, se busca castigar a los agresores y otorgar certeza y seguridad a las víctimas mediante la procuración de justicia.